Juan Carlos Neves
InformadorPúblico,
22-2-14
El presente alegato
lo escribo desde mi rol de dirigente político acreditado por doce años de
participación en dicha actividad, durante los cuales contribuí a la creación
del partido Nueva Unión Ciudadana, con personería en la provincia de Buenos
Aires y fui cuatro veces candidato a Diputado Nacional y una vez candidato a
Diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintas fuerzas y
alianzas. Me mueve a hacerlo una situación que considero oprobiosa, como es la
flagrante y sistemática violación de los derechos humanos que sufren los
militares imputados por delitos denominados de “lesa humanidad” que es ignorada
por la justicia, los medios y las organizaciones públicas y privadas que
deberían velar por evitar este tipo de agravios. Aspiro a que quede constancia
histórica de que al menos un dirigente político se apartó de la mordaza que
impone el temor a exceder lo políticamente correcto y aunque detento la condición
de militar retirado eso no quitará a mi testimonio el valor de provenir de un
miembro de la dirigencia política nacional.
Hace algunos años,
cuando se comenzó a mencionar la posibilidad de declarar inconstitucionales las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, consulté la opinión de un prestigioso
jurista quien me aseguró que dichas leyes estaban ratificadas por numerosos
fallos de la Corte Suprema de Justicia y que, en todo caso, aunque se consumara
un hecho como el planteado, no tendría validez práctica pues desde el punto de
vista del derecho las leyes no pueden modificarse ni aplicarse en forma
retroactiva, ni se pueden vulnerar derechos adquiridos ni se puede volver a
juzgar a quien haya sido previamente juzgado o indultado. El tiempo me demostró
que mi ilustrado interlocutor conocía profundamente las cuestiones jurídicas
pero no podía anticipar la forma desmesurada y descarada con que la dirigencia
política argentina, avalada por una justicia acomodaticia, sería capaz de pasar
por encima de toda la estructura del derecho en su afán de conseguir un
objetivo político.
Con la llegada de
Néstor Kirchner a la presidencia, se inició el ataque final contra todo lo que
se había actuado y construido en la materia, con el apoyo de legisladores de
diferentes corrientes ideológicas y partidos políticos, algunos de ellos con
coincidencia plena y otros temerosos de que sostener una actitud conforme a
derecho los ubicaría bajo la sospecha de ser cómplices o tolerantes de un
gobierno militar. La anulación de leyes y de indultos en forma parcial, así
como la incorporación de figuras jurídicas novedosas tales como los delitos de
“lesa humanidad” se aplicaron en forma retroactiva violando sin pudor
principios universales del derecho, con el aval de una nueva Corte Suprema de
Justicia que reemplazó a la mayoría de los miembros de la Corte anterior que
fueron sometidos a juicio político. Uno de esos miembros salientes me manifestó
que la condición que le plantearon para evitar ese juicio era precisamente
comprometerse a aceptar la anulación de las leyes citadas a lo que se había
negado por razones de principios. Solo el tiempo y la historia podrán probar
esa afirmación pero lo cierto es que la nueva Corte convalidó todas las
aberraciones jurídicas que quedaron bajo su arbitrio cuando de juzgar a
militares se trató.
Si existía alguna
duda de que la justicia en Argentina fue inmolada en el altar de la política
fue justamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti, quien se encargó de disiparla al expresar en un libro de su autoría
que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los
argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de
cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya
impedir”. Esta expresión de voluntarismo de tono eminentemente político que no
admite siquiera la posibilidad de la preeminencia del derecho, demuestra además
una postura absolutamente comprometida y anticipada de quien preside el
tribunal que, en última instancia, deberá juzgar las apelaciones y los
cuestionamientos jurídicos que pudieren plantearse a esa supuesta “decisión
colectiva” de los argentinos.
Expresado en los
términos crudos de un político cínico, lo actuado se puede sintetizar en la idea
de que los militares cometieron para su criterio crímenes tan graves que había
que encontrar los recursos jurídicos para juzgarlos y condenarlos aunque para
ello fuera necesario ignorar los obstáculos planteados por el derecho. Lo que
muchos sectores que adscribieron a esta teoría comprobaron luego duramente fue
que el gobierno una vez que comprobó que podía pasar por encima de los diques
que la ley ponía a sus apetencias, continuó usando el recurso contra otros
grupos arremetiendo contra empresas, medios de comunicación y opositores,
llegando a tratar de imponer una reforma judicial que la Corte rechazó, ya en
última instancia, cuando comprobó que también venían por ella. Estos hechos no
quedarán impunes. Como no quedarán impunes los abusos con las millonarias
indemnizaciones que primero llegaron a los familiares de los “desaparecidos”,
para continuar luego con los exiliados y con los terroristas que cayeron
atacando cuarteles en períodos democráticos hasta llegar al extremo de
malversar los recursos del Estado pagando a familiares de terroristas
ejecutados por terroristas en nombre de la “justicia revolucionaria”. Tanto
abuso impune, tanto descaro para juzgar a militares mientras se ignoran
jurídicamente los crímenes guerrilleros o se rechazan los reclamos de los
familiares de víctimas del terrorismo serán juzgados por la historia y en
muchos casos, por tribunales más ecuánimes y justos que los que actualmente
siguen la corriente dominante, ignorando la justicia y el derecho.
El núcleo
Sin embargo y pese a
la gravedad de lo expresado, el núcleo de mi alegato está apuntado a algo más
inmediato y urgente, más grosero y aún más oprobioso, por lo que su tratamiento
no admite dilación. Esto es la forma desembozada en que se violan los derechos
humanos de los más de mil militares que se encuentran sometidos a juicios en
causas vinculadas justamente a la violaciones de derechos humanos. Esta
cuestión, no la expreso en forma de opinión o de apreciación subjetiva. Las
agrupaciones constituidas por familiares de los detenidos y los abogados
defensores, han expuesto reiteradamente con nombre y apellido los numerosos
casos de ciudadanos con estado militar que cumplen prisión preventiva durante
períodos que triplican lo que autoriza la ley. Peor aún es la sistemática negativa
a conceder la prisión domiciliaria a detenidos con edades superiores a los
setenta años que padecen enfermedades que requieren tratamientos que no pueden
ser seguidos en los centros de detención en que viven en condiciones precarias.
Esa falta de atención médica adecuada ha llegado al extremo de que se prohíba a
los detenidos ser atendidos en institutos médicos dependientes de su obra
social, como castigo por la fuga de dos imputados de un nosocomio militar. Como
consecuencia de estos agravios y de los traslados en condiciones inadecuadas e
insoportables para las patologías y las edades de los imputados, se ha
producido ya un número de más de 200 decesos, algunos de ellos que reflejan una
notoria e inaceptable falta de atención médica. Toda la información al respecto
está disponible y debe ser urgentemente investigada pues estas violaciones a
los derechos humanos se están produciendo en estos días y en esta sociedad en
la que convivimos.
No es en este escrito
en que citaré caso por caso (tengo la posibilidad de hacer llegar los datos
específicos a quien los requiera) pero basta relatar cómo situación
paradigmática el fallecimiento de Jorge Rafael Videla, que según información
pública tenía al morir fracturas producidas en prisión que no habían recibido
adecuado tratamiento. Justamente por ser el mayor imputado, su juzgamiento
debería haber sido un ejemplo del respeto a los derechos humanos, las formas y
los procedimientos, que diferencian a un Estado vengativo de un Estado justo.
Pero si ni siquiera en este caso de segura repercusión se atendieron estas
cuestiones menos aún se les da importancia en el cuidado de la situación de los
cientos de detenidos de origen militar con condena o prisión preventiva.
Si las cuestiones
enunciadas son intrínsecamente oprobiosas en el contexto de una sociedad que
pretende vivir en estado de derecho, se alcanza el paroxismo cuando se trata el
caso de los cientos de militares, de policías y miembros de las fuerzas de
seguridad y aun de algunos civiles, que se encuentran imputados a pesar de que
no tuvieron relación con los hechos vinculados a su acusación. La cuestión es
que después de que fueron juzgados los miembros de las Juntas Militares y los
altos mandos que condujeron las operaciones y establecieron los procedimientos
en la lucha contra la subversión, el afán persecutorio se extendió sobre los
oficiales de baja graduación y suboficiales, elaborando razonamientos y
argumentos ajenos a las normas jurídicas preexistentes, que han llevado a los
tribunales a los imputados tan solo por ocupar cargos propios de su profesión o
por participar de operativos contra la guerrilla aun en tiempos de democracia.
La falta de objetividad y el respeto del principio de inocencia se hacen
evidentes y solo se traen a colación cuando se tratan casos de interés para el
gobierno como sucedió con el actual Jefe de Estado Mayor del Ejército
demostrando una inaceptable parcialidad.
Se han formulado
acusaciones bien concretas contra la animadversión evidenciada por jueces y
fiscales y la respuesta es que “al menos se les concede a los militares un
juicio, cosa que ellos no ofrecieron a sus víctimas”. Según esta aberrante
línea argumental se vuelve al concepto de que la gravedad de los crímenes de
que se acusa a los militares (sin presunción de inocencia) es tal, que ni
siquiera es exigible un juicio justo. Al llegar a este punto es necesario
admitir que se hace imprescindible un replanteo inmediato de este proceso
acusatorio que ha excedido los límites de la justicia para caer en las ciénagas
morales de la venganza.
Es en beneficio de la
salud moral de la república y la dignidad que merece nuestra sociedad, que ante
la gravedad de los hechos que describo, avalado por las denuncias de familiares
y abogados defensores que son sistemáticamente ignorados y desoídos, debería
realizarse una inmediata investigación de la situación procesal de los más de
mil detenidos en causas vinculadas a la violación de derechos humanos.
Dicha acción debería
poner un tope a las “prisiones preventivas perpetuas”, remitir a prisión
domiciliaria a los mayores de setenta años y a los aquejados de enfermedades
que requieren tratamientos que no pueden cumplirse en prisión y liberar de la
acción penal a todos aquellos oficiales y suboficiales que por su jerarquía carecían
de toda capacidad de decisión y contra los cuales no hay acusaciones
personales.
Esto responde a un
elemental respeto a los derechos humanos que merece todo individuo y requiere
una acción inmediata, sin perjuicio del análisis de las cuestiones de fondo
respecto de las anomalías jurídicas de la figura de lesa humanidad, su
aplicación retroactiva, la valoración del contexto en el cual se desarrollaron
las acciones objeto de acusación y la asimetría en la consideración de
guerrilleros y militares a la hora de penalizar conductas.
He expresado que
escribo este alegato desde el punto de vista del dirigente político. No persigo
por cierto con ello conseguir votos para la próxima elección, ya que soy
consciente de lo políticamente incorrecto de mi posición en el actual contexto.
Tampoco cuento con que lo que expreso sea del agrado de los detenidos o sus
familiares. Mi objetivo es ofrecer a la sociedad argentina la oportunidad de
modificar una situación que en el futuro llevará a avergonzarse cuando los hechos
que relato cobren notoriedad y obliguen al remanido recurso de pretextar
ignorancia. Hoy, en nuestro país, se están violando los derechos humanos de un
numeroso grupo de detenidos y no hay excusa que justifique ese atropello.
Para asegurar que la
información llegue a quienes tienen que conocerla y actuar en consecuencia
espero poder hacer llegar este escrito a diversos protagonistas de la vida
social:
A las autoridades de
la Iglesia Católica Argentina para que hagan visible su proverbial vocación por
la defensa de los derechos humanos.
A su santidad, el
Papa Francisco, a quien no puede privarse de conocer esta oprobiosa situación
que se está produciendo en su país de origen y que ya comenzó durante su
episcopado.
A los Senadores y
Diputados nacionales, a pesar de la animadversión que muchos de ellos puedan
sentir por los militares que revistaban en actividad durante el período de
gobierno militar, justamente para que demuestren que su respeto por los
derechos humanos está por encima de la condición de quienes sufren su
violación.
A las jueces de la
Corte Suprema de Justicia, quienes ya recibieron información por parte de
familiares de los detenidos pero que aún no han respondido ni actuado al
respecto.
A los dirigentes de
los partidos políticos, grandes y pequeños, que consideren que la universalidad
de los derechos humanos no debe admitir parcialidad ni excepciones.
A los medios de
comunicación, cuyos eficientes e inquietos equipos de investigación han
ignorado hasta el presente estas situaciones que algunas veces aparecen
tímidamente en alguna de sus editoriales.
A las organizaciones
defensoras de los derechos humanos nacionales, para darles la oportunidad de
demostrar que sus principios no tienen límites ideológicos y a las extranjeras,
que celebran que en la Argentina se juzgue a los militares pero que callan ante
las denuncias de vicios de procedimiento y violaciones de derechos.
A todos ellos les
pido que no teman hacer oír su voz en defensa de una verdadera justicia y de
los derechos humanos del más excluido de los sectores sociales, el militar
argentino, porque ningún hombre o mujer de buena fe los acusará de complicidad
ni de connivencia y podrán evidenciar, en cambio, la pureza de sus
convicciones.
Liberemos a la
sociedad argentina del oprobio de la injusticia, si queremos sinceramente dejar
un legado cabal a las futuras generaciones.
Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva
Unión Ciudadana
nevesar@yahoo.com.ar
@NevesJuanCarlos
www.nuevaunionciudadana.org