Por Javier Cámara
La ley fue aprobada
por casi todos los bloques parlamentarios a raíz de que el oficialismo aceptó
incluir algunas sugerencias planteadas por la oposición, en particular por el
radicalismo, con el objetivo de que la norma tenga un carácter de
excepcionalidad, es decir, que se aplique siempre y cuando se den
circunstancias que la propia ley describe.
Por esa modificación,
este régimen sancionatorio podrá aplicarse siempre y cuando la alteración de la
subordinación jerárquica “ponga en riesgo la prestación normal del servicio que
garantiza la convivencia, la paz social y la seguridad de los cordobeses”.
Desde los saqueos
El proyecto original
había sido anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota hace un mes, como
respuesta frente a la tragedia de los saqueos que fueron facilitados por la
revuelta policial del 3 y 4 de diciembre último.
Esos episodios usó el
oficialismo ayer para justificar y fundamentar la sanción de esta ley que prevé
un proceso sumarísimo de cesantía y exoneración para aquellos efectivos que
incurran en insubordinación; en abandono del servicio; en adopción de medidas
contrarias a la normal prestación del servicio; en reclamo hostil o tumultuoso;
o en la afectación del prestigio de la institución a la que pertenece, según
describe el artículo 2 de la norma aprobada.
También establece las
mismas sanciones para oficiales jefes y superiores “cuyos subalternos de manera
general” incurran en las conductas mencionadas; como así también para los
uniformados que “inciten, instiguen, coadyuven, promuevan, oculten o faciliten
por cualquier medio, la realización” de episodios como los que ocurrieron en
diciembre pasado.
Todos estos casos
serán considerados faltas gravísimas y no se requerirá sumario previo para que
el involucrado sea puesto en situación pasiva.
Por pedido del
radicalismo, se incluyó la obligatoriedad de que formule descargo en el término
de 24 horas, tras las cuales el Ejecutivo podrá disponer su exoneración
mediante resolución fundada. También por sugerencia de la oposición se exceptuó
de la aplicación de este régimen a los órganos auxiliares del sistema de
seguridad provincial, por ejemplo, los bomberos.
La ley también
advierte a los policías retirados que no pueden participar de este tipo de
reclamos tumultuosos, bajo amenaza de que perderán el estado policial.
Consenso ampliado
La normativa fue
aprobada por casi todos los bloques, excepto el FIT y Encuentro Vecinal
Córdoba.
No obstante,
juecistas, radicales y el socialista Birri cuestionaron la falta de autocrítica
del gobernador De la Sota ,
a quien responsabilizaron de que hoy la policía esté divorciada de la gente y
con permanente peligro de insubordinación.
Coincidieron los
críticos en que De la Sota
les echó la culpa de lo sucedido en diciembre a las esposas de los policías,
cuando el responsable –argumentaron– fue el propio gobernador.
Respondió las
críticas el oficialista Carlos Gutiérrez, para quien esta “gran ley” no es otra
cosa sino “la respuesta de un gobierno que actúa para subsanar los errores y
mejorar la convivencia”.
El gobierno
provincial difundió la sanción de la ley con el consenso ampliado de bloques de
la oposición, como consecuencia del diálogo iniciado en la reunión de De la Sota con los bloques de la
oposición parlamentaria, en la tarde del martes pasado.
“El consenso los
legisladores del pueblo de Córdoba a la hora de sancionar esta norma, importa
un claro mensaje: nunca más se repetirán los hechos desgraciados del 3 y 4 de
diciembre pasado”, dijo el Gobierno en un comunicado.