Con el lapidario
informe que la
Auditoría General de la Nación (AGN) difundió a mediados de mes, volvió a
los primeros planos el cuestionado programa Sueños Compartidos , cuya causa
penal, como se recordará, había estado en manos del juez Norberto Oyarbide por
dos años, cuando estalló el escándalo por las desavenencias entre Hebe de
Bonafini y Sergio Schoklender por el manejo de los fondos públicos, hasta que
finalmente éste fue apartado de ella. El citado informe no sólo señaló severas
irregularidades del programa de viviendas, ejecutado en su momento por la Fundación Madres
de Plaza de Mayo. También desnudó las responsabilidades por falta de control en
el manejo de los fondos públicos destinados al plan por parte del Ministerio de
Planificación y de los gobernadores en cuyas provincias se recibieron las
obras.
Con una inversión
total de casi 1300 millones de pesos, se han construido sólo 822 viviendas de
las 4800 prometidas y a precios siderales, ya que según lo constatado por la AGN en el 76,9 por ciento de
los casos el valor del metro cuadrado de esas viviendas superó el costo del
programa Techo Digno, que ejecuta el Gobierno por intermedio de la Secretaría de Vivienda.
Otros datos, también preocupantes, son que hay además una deuda pendiente con
los trabajadores del programa por más de 145 millones de pesos, y que
-advierte también el documento- "se hallaron pagos a funcionarios
públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad
de control, por una suma de 225.000 pesos".
Por supuesto, la
descalificación del informe de la
AGN no tardó en producirse, al día siguiente de la
presentación, y fue hecha por el jefe de Gabinete. En efecto, Jorge Capitanich
acusó al organismo de ser una "herramienta de oposición política"
para "atacar al Gobierno", en lo que pareció una respuesta a la
revelación de que hay funcionarios involucrados en las maniobras de desvío de
los fondos. Vale la pena hacer constar que el informe de la AGN fue aprobado por
unanimidad tanto por los auditores oficialistas como por los opositores.
Las viviendas del
programa Sueños Compartidos auditadas por la AGN son las emplazadas en Chaco (cuando era
gobernador Jorge Capitanich, hoy jefe de Gabinete), en los municipios
bonaerenses de Tigre y Ezeiza (territorios de Sergio Massa y Alejandro
Granados, respectivamente) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mauricio Macri).
El dinero era enviado
a las provincias (municipios o distritos), que contrataban a la Fundación Madres
de Plaza de Mayo para realizar las obras, en general mediante un convenio, y
sin licitación previa. Justamente sobre este punto fue también muy crítico el
informe, ya que por ese sistema de contratación previa se facilitó eludir las
normas nacionales y provinciales que restringen la discrecionalidad en el
manejo de los fondos públicos, con la afectación de los principios de libertad
e igualdad de concurrencia de oferentes, publicidad de los actos de gobierno y
transparencia en los procedimientos.
En suma, lo que
muestra el impecable informe de la
AGN , desarrollado a pesar de las enormes dificultades para
conseguir la información, es que el escándalo Madres-Schoklender, que bien
podría ser rebautizado como "Pesadillas compartidas", no admite ni
explicaciones superficiales ni que los funcionarios de las áreas involucradas
se escuden en ambigüedades o en falsas indignaciones para disimular la gravedad
de los hechos comprobados.
Pero hay un aspecto
altamente positivo en esta última etapa para destacar, y es que, sin duda, toda
esta nueva documentación debería contribuir a inyectar más fuerza a la causa en
la Justicia ,
hasta que los responsables sean juzgados como corresponde.