Diputado Asseff,
proyecto de declaración repudiando la extremosas y cargadas de ideología
declaraciones de los fiscales Alagia y De Luca
DECLARA
Su rechazo categórico
y sin cortapisas a las declaraciones formuladas el día 29 de abril de 2014 en la Feria del Libro por parte
del fiscal general Dr. Alejandro Alagia y el fiscal de Casación Dr. Javier De
Luca, quienes, cada uno a su turno, evidenciaron un descreimiento en el derecho
penal por parte de quienes deben aplicarlo; llamando “conflictos sociales” a
los delitos; consideraron al Código Penal vigente como “racista”, “sexista”,
“misógino” y “clasista” y “oligárquico”; que la seguridad en democracia es
también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; que el
primer problema es quién controla al controlador” y que “cuando se habla de
seguridad”, es “para pocos y para pocas cosas”; que “aquí ( en el debate sobre
esta gravísima cuestión de la inseguridad) aparece la falacia del combate
contra la inseguridad”, pues es “pretender que el derecho penal sirva como un
conformador social, como un sistema de legitimación de un estado de cosas, pero
el problema es que ese estado de cosas no es justo, no es igualitario”.”El
modelo de sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la
inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales,
que deja afuera del juego a millones de personas”.
Las aseveraciones
transcriptas patentizan un criterio sobrecargado de ideología extremista pues
so pretexto de proteger a los desamparados, desguarnece a la sociedad entera,
incluidos los excluidos, aunque esto aparezca como una contradicción. Lo
prueban los hechos: la mayoría de las víctimas de la delincuencia son pobres,
quien carecen de resortes protectores y hasta de los patrullajes policiales
elementales por el conocido motivo de que en las vecindades precarias la
policía no ingresa.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Comencemos por reproducir
las declaraciones que desdeñamos y rechazamos de plano para poder rebatirlas
adecuadamente.
El fiscal general
Alagiadestacó que lo positivo es que este proyecto de reforma del Código Penal
es “una declaración de desconfianza”; (hacia las penas).
La charla, organizada
por Ediciones Infojus en el marco de la Feria del Libro, fue una curiosa exposición de
descreimiento en el derecho penal por parte de quienes deben aplicarlo, con el
rol precisamente de acusar y perseguir al delincuente.
“Cuando se habla de
seguridad, se habla de seguridad para pocos y para pocas cosas”, denunció De
Luca. Y aclaró que esa concepción -que él considera reduccionista- de la
seguridad, se refiere “esencialmente a los conflictos sociales (sic) que tienen
que ver con daños a la integridad corporal” y “a la propiedad”.
Nótese que, además de
minimizar el valor de la vida humana y de la propiedad, llama “conflicto
social” al delito, lo que en cierta forma lo legitima. Un homicidio para esta
descabellada concepción es sólo un “conflicto social”.
Luego de presentarse
como “garantistas” y miembros de “Justicia Legítima, un espacio de
democratización de uno de los poderes del gobierno” (sic, por Estado), el
fiscal Aliaga explicó por qué le parece necesario un nuevo código.
“Creemos que es la
oportunidad de disputar una determinada economía del castigo, una cultura
punitiva, porque el código vigente es un código conservador, producto de una
cultura oligárquica. Rodolfo Moreno fue fundador del Partido Conservador de la
provincia de Buenos Aires, aunque el código se sancionó en 1921, durante el
gobierno de Hipólito Yrigoyen. “Moreno, y otros que tuvieron influencia en la
sanción de ese instrumento legal, pertenecían a una cultura totalmente
diferente a la de los últimos 30 años”.
Sin temor al
anacronismo, siguió diciendo: “Ninguno de ellos era profundamente democrático:
creían que la sociedad debía estar jerarquizada entre los que mandan y los que
obedecen, entre los que saben y los que no saben. Favorecían una cultura de
elite, profundamente antidemocrática (…), la cultura del positivismo y de la
oligarquía (que) identificaba al delito con la pobreza, los problemas sociales
con la degeneración racista. No solamente era un código fuertemente
influenciado por el racismo sino con un neto contenido misógino: era sexista,
racista, clasista”.
Como ya no es
representativo de nuestra época, se “hace necesario que un nuevo código penal
para el país esté vinculado a un programa constitucional y de derechos
humanos”, señaló Alagia.
Una precisión: si fuese
como extremosamente sostiene Alagia, el democrático – (¿alguien puede ponerlo
en duda…?) presidente Yrigoyen debió vetar esa ley de 1921. Si no lo hizo es
porque expresaba lo que es una ley genuina, la voluntad general de su tiempo.
El fiscal De Luca: inició
su exposición debatiendo el concepto de seguridad. “La seguridad en democracia
es también seguridad frente a las autoridades, frente al accionar policial; el
primer problema es quién controla al controlador”.
También afirmó que
“cuando se habla de seguridad”, es “para pocos y para pocas cosas”.
“Esencialmente –aclaró- los conflictos sociales que tienen que ver con daños a
la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la
propiedad. Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es
decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este
binomio es falso”.
Para De Luca, la
seguridad “se provee con seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad
laboral, pleno empleo, oportunidades de tipo económico, sociales, culturales,
etcétera; no necesariamente combatiendo la inseguridad”. Algo así como decirle
al enfermo grave que su patología se combate haciendo vida sana, omitiendo que
aquí y ahora lo primero es controlar y erradicar esa enfermedad que padece y
que amenaza su vida. Recuperado, ¡claro que deberá guardar una vida sana!
Criticó que para
combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal,
al poder punitivo”; haciendo una curiosa asociación entre las penas que derivan
de las leyes y el “mal”. Y omitiendo que el delito es el mal real.
“Es decir, cuando
hablamos de seguridad o de criminalidad hablamos de criminalidad para pocos,
para gente que realiza conductas que no son las conductas que ordinariamente,
todos los días, realizan los jueces o los fiscales, no es la criminalidad para
uno, para gente como uno”, se explayó.
“Aquí aparece la
falacia del combate contra la inseguridad”, siguió diciendo el fiscal:
pretender que el derecho penal “sirva como un conformador social, como un
sistema de legitimación de un estado de cosas, pero el problema es que ese
estado de cosas no es justo, no es igualitario”.
Esa frase expone el
núcleo de la concepción abolicionista: no se puede castigar el delito porque lo
que lo provoca y por lo tanto lo justifica es una injusticia social de base.
A continuación, De
Luca se dedicó a criticar a quienes objetan esta reforma: “El modelo de
sociedad que proponen generalmente los voceros de la lucha contra la
inseguridad es un modelo social excluyente de un montón de sectores sociales,
que deja afuera del juego a millones de personas”.
“Nuestra concepción
no es abolicionista porque no conocemos una solución distinta en el momento que
nos ha tocado vivir”, lamentó.
“Voy a tener con este
Código Penal -agregó- la seguridad de que no me van a pegar un palo en la
cabeza por haber hecho algo que no está en ese código”. Eso es lo principal
para él. Lo demás -la seguridad de las personas frente al delito- es
secundario, como lo deja entrever en esta frase: “Después, lo que pasa en la
realidad es un asunto mucho más complejo que no tiene solución por vía de un
código penal”.
“Entonces, que salga
una persona a decir ‘el que las hace las paga o las debe pagar’ es bastante
fuerte para nosotros desde el punto de vista de la mediocridad argumental.
Porque hace 30 años estamos viendo que el que las hace nunca las paga”,
concluyó, exponiendo crudamente su ausencia de fe en el derecho penal.
“El desafío y la
audacia de este proyecto –concluyó por su parte Alejandro Alagia- es discutir
un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es
una solución irracional, una trampa”.
El Código Penal,
dicen, debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley,
sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. “El anteproyecto
da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por
cualquier cosa”, dijo por ejemplo De Luca.
Los fiscales
introducen planteos ideológicos que llevan a desconocer “la noción de
autoridad”(como enseña el filósofo hegeliano Alexandre Kojéve en su obra
homónima). El punto de partida de este estudio es una caracterización de la
autoridad muy cercana a la que varias décadas después proporcionaría Michel
Foucault sobre el poder: “la
Autoridad es, en lo esencial, activa y no pasiva [...] la Autoridad es, pues,
necesariamente una relación [...] sólo se tiene autoridad sobre lo que puede
reaccionar”.
Hay autoridad cuando
quien obedece tiene la posibilidad de no hacerlo y renuncia a esa posibilidad.
Interesado en “establecer una lista de todos los fenómenos autoritarios”, el
pensador ruso despliega un análisis fenomenológico, del que resultan cuatro
tipos “puros” de autoridad, que asocia con las teorías que considera más
apropiadas para estudiarlos: 1) la del Jefe, que se sostiene en la posesión de
un saber que le permite adelantarse al resto, prever, proyectar. Quien mejor
ilustra este tipo de autoridad es, según Alexandre Kojève, Aristóteles; 2) la
del Amo que, siendo capaz de asumir, en pos del reconocimiento, el riesgo de la
acción (incluso, y en especial, cuando su vida está en juego), se impone sobre
quien es esclavo de su instinto de conservación. Hegel es, sin duda, quien
mejor expone esto; 3) la del Padre, ligada a la tradición, desarrollada de modo
acabado por la filosofía escolástica; 4) la del Juez, sustentada en la
honestidad e imparcialidad, cuya explicación nos ha legado Platón.
Por otra parte, el
abstruso igualitarismo que proclaman y el abolicionismo penal que niegan, pero
en realidad reverencian, es parte de una batalla ideológica de pensadores
postmarxistas que en nombre del relativismo moral llegan a proponer ideas
descabelladas que en boca de integrantes del Ministerio Público de la Nación , sirven sólo para
trastrocar el concepto y los fines de los Derechos Humanos, a los cuales ven
sólo aplicables para los ciudadanos en conflicto con la ley penal (o sea, los
delincuentes) en franco detrimento del resto de los argentinos de bien que
obran con sujeción a las normas legales (o sea, los honestos) y por hacerlo,
tienen temor de su integridad y se enrejan para que los criminales hagan su
faena.
La tolerancia con el
delito, como evidencian estos abogados de la compasión, es un mal en sí mismo
que retroalimenta las conductas punibles y las justifica en nombre de la injusticia social y de la
inevitabilidad a la que los empuja un Estado dominado por el supuesto orden
social burgués. La ideología progresista igualitarista destruye un país sea
cual sea su historia y su conformación racial.
Estas concepciones no
son garantistas porque apego a las garantías de la Constitución tenemos
todos. Son literalmente abolicionistas del sistema penal en el que
definitivamente descreen.
Cabe precisar que
todos somos conscientes que no es sólo el Código Penal la herramienta contra la
inseguridad. Esta lucha decisiva y crucial exige una batería de soluciones de
diversa naturaleza. Dentro de ellas está el Código Penal, sobre todo cuando la
prevención ha fracasado.
Como señala, la
pedagoga sueca Inger Enqvist en su obra “Repensar la educación” el “buenismo”
hace que aumenten las conductas negativas, el mal comportamiento y el número de personas con problemas graves.
La armonía social que dicen defender los fiscales, en nuestro país actualmente
se comprueba de manera empírica la
aplicación de la pena de muerte en ciudadanos honestos por parte de los
delincuentes, el incremento de las actividades delictivas vinculadas al
narcotráfico y comercialización de drogas; como también dentro de la anomia a
la que nos han conducido deliberadamente llegamos a observar con perplejidad y
desazón que hechos ajenos a nuestra cultura y a nuestro país se reiteran:
linchamientos y acciones de sicarios.
No podemos permanecer
callados frente a declaraciones altisonantes y envenenadas, porque si lo
hacemos en poco tiempo podemos ser las víctimas de los autoritarios y violentos
de cualquier origen y como decía el escritor Bertolt Brecht en su poema famoso:
“Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
Los fiscales están
para proteger al pueblo frente a los delincuentes. Las declaraciones
ideológicas de los fiscales Alejandro Alagia y Javier De Luca ameritan que sean
trasladados inmediatamente a la Defensoría Oficial. Ellos quieren defender
delincuentes y no perseguir su castigo
legal. Conforme con su vocación, están ocupando puestos equivocados. Ellos
deben ser defensores, no fiscales.
Por todo lo expuesto,
es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Dr. Alberto Asseff
Diputado de la Nación
2-5-14