Guillermo Cherashny
InformadorPúblico,
3-9-14
La declaración de 55
millones de pesos que dio la presidente como correspondiente a su patrimonio
del año 2013 es francamente poco seria, ya que sólo el lujoso hotel Los Sauces,
cercano a su casa en El Calafate, tiene un valor que supera los 4 millones de
dólares, sin hablar de los dos pisos en el Madero Center y sus 8 cocheras. Y
tampoco se entiende cómo un departamento de 220 metros cuadrados en Juncal y
Uruguay, cercano al de la presidente, tiene una valuación de $ 460.000 para el
Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a los efectos de calcular el impuesto de barrido y limpieza, en
tanto el de la sucesión de Néstor Kirchner, en la misma ubicación, tiene 160 m2
y no estaría valuado por la ciudad por menos de $ 300.000. Por lo cual, la
mitad de la presidente, ya que la otra es de sus dos hijos, valdría por lo
menos $ 150.000 y de ninguna manera los 35.000 pesos que dice la presidente.
Bastaría cruzar los datos de la
Ciudad , que nunca coincidirán con esa suma irrisoria. Además,
el hotel Alto Calafate, en el cual Lázaro Báez alquila casi todas las
habitaciones, está tasado en alrededor de 2 millones de dólares, que a un valor
de $ 14,30 da 30 millones de pesos. En el caso del departamento de la plaza
Vicente López, ni siquiera se detalla la valuación que fija la Ciudad , pero sería ingenuo
pedir una investigación sobre esa declaración, porque el cristinismo todavía
mantiene control sobre bastantes jueces y puede obtener un sobreseimiento.
Cambio de tendencia
Aunque las
inconsistencias son notables y no pueden ser avaladas por ningún perito más o
menos serio, como pasó con el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por el
actual descalificado juez federal Norberto Oyarbide, o el caso del aporte de
fondos del lavado de dinero del tráfico de éxtasis que terminaron en la campaña
presidencial del 2007. En el sobreseimiento apurado a los Kirchner, el todavía
fiscal Jorge Taiano, en una actitud incomprensible, no apeló ese fallo
cuestionado porque alegó ante sus íntimos que Aníbal Fernández, entonces
ministro del interior, secuestró a su hijo. Así es que en el futuro, el fallo
de Oyarbide podrá ser considerado cosa juzgada írrita, es decir, susceptible de
ser revisada. Se podría, por ejemplo, citar a declarar a Taiano, para que diga
ante un juez federal lo que les dijo a sus íntimos en ese momento, porque su
obligación legal era apelar y no lo hizo. Y si el motivo fue el secuestro de su
hijo, estarían dadas las condiciones para plantear la anulación de la cosa
juzgada.
Así es que esta
última declaración jurada que se conoció ayer no cierra de ninguna manera, a
simple vista. En un país que tiene cepo cambiario y por tanto casi nadie compra
ni vende hoteles, esto no quita que los dos lujosos hoteles en El Calafate y
los dos pisos en Puerto Madero tengan un alto valor en dólares y entre todos
estos bienes inmuebles pasan largamente los 55 millones de pesos que declaró la
presidente, que sólo en una republiqueta podría ser tomada jurídicamente como
válida.
Con esta perspectiva,
hay que analizar que el juez federal Norberto Oyarbide haya sido apartado de la
causa de la “mafia de los medicamentos” y su caso enviado al Consejo de la Magistratura , por
haber sobreseído a los ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados
al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.
Entre los
beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia
de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián
Gramajo, ex legislador porteño kirchnerista, y Gabriel Brito, ex mayorista
farmacéutico.
Ahora la Sala II , compuesta por
Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al
entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y
debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.
Por ello, los
camaristas declararon la “inexistencia” del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y
Acusación de la
Magistratura para “ponerla en conocimiento” del asunto.
Además de los aportes
a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario
Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación
ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la
administración pública y comercialización de productos con marca registrada
falsificada.
El juicio será
llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces
Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de
iniciación.