La Nación, editorial,
12-10-14
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Nadie puede dar
lecciones de ningún orden a la Argentina en esta materia. En el derecho
constitucional comparado continúa siendo un modelo de generosidad el artículo
20 de la madre de todas nuestras leyes. Estipula que "los extranjeros
gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del
ciudadano". Y no se sabe de quienes estén dispuestos a conspirar en sentido
contrario a tal sentimiento, expresado por la tradición argentina con fuerza
constitucional, desde alguna de las grandes fuerzas democráticas del país.
A estas alturas, lo
que la sociedad pide es que el Estado argentino actúe con responsabilidad en controlar
en debida forma las fronteras nacionales. Que quienes lleguen lo hagan con la
documentación suficiente para acreditar su verdadera identidad personal, que
incluye el lugar de procedencia y los elementos probatorios que garanticen un
comportamiento compatible con el orden legal interno. Esto debe ser ajeno a las
consideraciones políticas, pero no a las especificaciones del Código Penal,
aplicables a quienes habitan el país.
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Somos un país de
mestizos, nadie lo niegue, y es motivo de orgullo una interrelación que ha
hecho posible la convivencia pacífica de dos grandes comunidades, tan
enfrentadas en el Medio Oriente, como las originadas entre árabes católicos y
musulmanes, por un lado, y judíos, por el otro.
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Entre 2004 y 2014 se
iniciaron 2.038.978 solicitudes de radicación en el país; 1.860.876 han sido
resueltas, de una u otra manera, favorablemente. La mayoría son paraguayos
(40%: 744.350), bolivianos (25%: 465.219) y peruanos (14,5%: 269.827); después,
figuran los colombianos (3,7%: 68.852). Son cifras importantes en relación con
los poco más de 40 millones de habitantes de la Argentina. Con todo, no está en
el número, sino en el derecho a la fiscalización legal que tiene todo país
sobre entradas y salidas, donde ha de centrarse la atención pública y, muy
especialmente, la de las autoridades competentes.
Se trata, en
definitiva, de no perder nuestra gran cualidad de país hospitalario, que creció
bajo el lema alberdiano "Gobernar es poblar". Con políticas públicas
inclusivas, pero con garantías para la seguridad de todos los habitantes,
incluidos los de las más recientes corrientes inmigratorias, y sin las
hipocresías que tanto daño han hecho a la República. Sobre todo en el siglo
XXI.
Delincuentes extranjeros presos
Paraguayos: 1.014
Peruanos: 490
Chilenos: 305
Colombianos: 140
Fuente: Sistema nacional de
estadísticas sobre ejecución de la pena
Min. De Justicia y Derechos
Humanos
Clarín, 12-10-14