Esta norma habilita el pago de los
intereses a los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de
2005-2010 en Buenos Aires – y también en Francia (para los bonos emitidos bajo
esa ley y jurisdicción) – con el objeto de burlar la sentencia del juez, que
condiciona su pago al cumplimiento del fallo a favor de los Fondos Buitre (FB)
liderados por NML Capital (del grupo Elliot-Singer) y Aurelius (de los financistas
Brodsky y Stanislavsky).
La respuesta de Griesa a esta ley fue
declarar a la Argentina
en desacato y ordenar la reposición del Bank of New York (BoNY) Mellon como
agente de pago, dejando sin validez su reemplazo por Nación Fideicomisos.
Si bien esta declaración no tiene efectos
prácticos formales e inmediatos para la Argentina , la misma descoloca aún más la
estrategia legal del gobierno Kirchner y sí ha tenido efectos indirectos o
informales en el país, como el aumento del precio del dólar en las operaciones
bursátiles de Contado con Liquidación (CCL) y Dólar Bolsa o MEP, que dispararon
a su vez los precios del Dólar paralelo Blue.
Es notable que en medio de todas estas
complicaciones ni el gobierno, ni la oposición política ni los medios de comunicación
han hecho ni hacen la más mínima referencia al hecho que la Ley 26.984 – en su Título II –
establece la creación de una Comisión bicameral de investigación de la
legitimidad de la Deuda
Externa Argentina, pese a que ésta sería la debida y mejor
alternativa nacional, lógica y coherente, para confrontar el problema que
supone la encerrona legal y financiera del fallo Griesa y también el problema
de fondo de la trampa de Deuda Perpetua en que vive nuestro país.
Como agravante, el gobierno sostiene lo contrario:
la presidenta CFK vive pregonando que su gobierno ha pagado récords de Deuda
Externa – que la Argentina
es “pagadora serial” – que quiere seguir pagando y que va a seguir pagando a
pesar que el juez Griesa y los FB no la dejan. En la expresión textual de la
página web del MECON-Ministerio de Economía: “ahora queremos pagar pero no nos
dejan”.
Los pagos de la administración Kirchner,
en realidad, no cancelan Deuda Pública en forma neta porque las deudas se pagan
con nueva deuda, que es fundamentalmente Deuda intra-Estado (en su casi
totalidad con la ANSES ,
el BCRA y el BNA), de modo que las nuevas obligaciones impagables – impagables
porque el país no tiene solvencia ni
liquidez fiscal para afrontarlas – pasan así a engrosar la masa de compromisos
con el propio Sector Público a costa de traspasar el costo directo de la Deuda al Estado y, por ende,
al Pueblo Argentino, sin atenuantes ni resarcimiento alguno.
El planteo engañoso consiste en decir que
se paga y que el país se está des-endeudando cuando lo que se hace es un cambio
en la composición de la deuda y no una reducción de la misma, cosa que el
gobierno K denomina Política de Desendeudamiento, mientras se toma más deuda
nueva.
A ello se suma, como otro agravante, la
expresión igualmente falsa de que “el gobierno logró una renegociación exitosa
de la deuda externa” cuando la realidad es que el Megacanje Kirchner-Lavagna ha
fracasado porque desde hace ya largos años no se puede pagar con recursos
genuinos; y la prueba palmaria de este hecho es que el gobierno ha tenido por
ello que ir apelando cada vez más al vaciamiento de las Reservas
Internacionales (RI) del Banco Central (BCRA) para aguantar los pagos externos,
al uso de mayores fondos de los jubilados que administra la ANSES con la misma finalidad
de pago (más del 60 % del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad están
prestados al Tesoro) y a préstamos del BNA-Banco Nación (cuya cartera de
títulos públicos constituye la mitad de sus préstamos totales), así como a la
emisión monetaria sin respaldo para reponer dólares en las reservas (que se
prestan al gobierno para el pago de Deuda Exterior) y para financiar los
Adelantos Transitorios (AT) al Tesoro Nacional.
La presidenta CFK blande hoy una bandera
de lucha contra los FB y los principales portavoces de esta posición del
gobierno Kirchner – esencialmente el Ministro de Economía Kicillof y el Jefe de
Gabinete Capitanich – repiten diariamente dichos y slogans que no se
corresponden con la realidad de los hechos por parte de la actual Administración:
a)
Desde fines del 2013 el gobierno CFK aceptó abonar los
primeros laudos perdidos ante el CIADI con empresas norteamericanas (700 MD[2]), acordó
el pago de la indemnización a Repsol por la expropiación de las acciones de YPF
(6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses), arregló por allanamiento un nuevo
Acuerdo de pago con el Club de París (9.700 MD) y decidió comenzar la
colocación de nuevos Bonos en el Mercado Local (10.000 M$ por Bonar 16 y 17),
así como tomar nuevas líneas de crédito con los Organismos Financieros
Internacionales (básicamente con el Banco Mundial y el BID – a través de los
programas de Estrategia de Asistencia al País - y con la CAF-Corporación Andina de
Fomento).
b)
El gobierno Kirchner aceleró los pasos de la Hoja de Ruta Boudou previendo
alguna forma de solución intermedia o transitoria con los Holdouts y su arreglo
con el Club de París para volver a colocar Deuda Externa en los Mercados
Internacionales de Capital.
c)
A comienzos de este año – contradiciendo sus anteriores
planteos al respecto – procedió a una macro-devaluación en Enero (un 20 %) y
duplicó las Tasas de Interés que paga el BCRA a los Bancos Privados por la
colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac (del 15 al 30 %), que son las
tasas que sirven de piso a todas las tasas del Mercado, con el consiguiente
efecto recesivo sobre la
Economía Física o Real.
Además del hecho que, con estas últimas
medidas, benefició extraordinariamente las ganancias bancarias – a niveles
récords - por concepto de tenencia de posiciones dolarizadas.[3]
Habiendo obrado de esta forma, la
administración CFK esperaba que el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos le fuese, si no favorable en su apelación del
fallo Griesa, por lo menos dilatoria para tratar de estirar las definiciones
legales en la cuestión de los Holdouts.
Pero a mediados de Junio se encontró con
que las decisiones externas le fueron contrarias, con el agravante adicional
que los tiempos de pago de los servicios de los bonos del Megacanje 2005-2010
desde fines de ese mes estrangulaban los plazos de respuesta legal y
financiera.
Entonces, para tratar de aplacar las
tensiones que resultaban de esta encerrona jurídica y fiscal, la administración
K adopta nuevas medidas que suponen concesiones adicionales al Sistema
Financiero Internacional:
1.
Hace convalidar por el Congreso – a través de la Ley 26.984 y con carácter
retroactivo de Interés Público – el Megacanje del 2005/2010 (que había sido
realizado por decreto), cambia lugar y agente de pago para burlar el fallo
Griesa pero, a la vez, ratifica su voluntad de pago a ultranza a los bonistas
que entraron en el canje y trata de frenar con ello los efectos de la sentencia
hasta Enero de 2015, en que se supone que pudiera cumplirla ya libre de la
cláusula RUFO.[4]
Esto es, que la ley pudiera tener sólo carácter tentativo y transitorio.[5]
2.
Presenta ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas – con el apoyo del Grupo de los 77 más China – una
propuesta de Convención Multilateral que institucionaliza el tratamiento supra-nacional
de los casos de default y reestructuración de deudas soberanas; de modo que
hace suyos los lineamientos de fondo otrora propuestos por el FMI en esa misma
línea (proyecto confeccionado en su momento bajo la dirección de la entonces vice-presidenta del FMI, Anne Krueger, hoy
Amicus Curiae a favor de la
Argentina ante los Tribunales de Nueva York). Una forma de
decir que ahora no es ya el Fondo el que busca imponer una internacionalización
en el manejo de los casos de default sino un “país emergente” como la Argentina que lo pide
con el apoyo del Tercer Mundo.
3.
Deja abierta la posibilidad de pago a los FB en Enero de
2015 – si no se cumpliera o bien se derogara
total o parcialmente la Ley
26.984 - evadiendo el cumplimiento de las cláusulas RUFO (Derecho a futuras
ofertas) y MFC (Acreedor más favorecido) con los bonistas del canje, y
garantizando así mayores posibilidades de pago con bonos a los FB y al resto de
los Holdouts - en la medida que se vayan formalizando los reclamos
correspondientes – confiando en despejar de esta manera (con la benevolencia de
la Banca
Internacional ) el problema de ambas cláusulas (cláusulas que
fueron firmadas por este gobierno).[6]
El cuadro de
situación derivado de las nuevas acciones del gobierno es obviamente impredecible
hoy, en particular porque no pueden conocerse las concesiones que se están
realizando en materia de endeudamiento público y en toda otra serie de campos:
caso negociaciones con los FB duros como con los FB moderados o amigos (como el
fondo Soros), con los bancos y grupos de bancos – locales y extranjeros – que
negocian la compra de derechos sobre las sentencias perdidas por el Estado
Argentino (la “solución Gramercy”), con la reactivación de préstamos de los
Organismos Multilaterales de Crédito (Banco Mundial, BID y CAF), con los
préstamos dados al BCRA para refuerzo de Reservas (caso Banco de Francia, BIS
de Basilea, swap con China), etc., así como acuerdos y concesiones
extraordinarias de otro orden, empezando por YPF y el yacimiento de Vaca Muerta.
El cuadro, desde
ya, es demasiado complejo y las alternativas posibles son casi ilimitadas, por lo que no es objeto de este
trabajo entrar en muchas conjeturas sobre lo que pueda pasar sino sólo analizar
básicamente lo que está pasando, lo que la Ley 26.984 deja abierto que pase y lo que se
habilita pagar en base a los pocos hechos que nos son conocidos.
La tenaza entre el “policía malo” (los FB
y el juez Griesa) y el “policía bueno” (el Tesoro Norteamericano, el exigente
pero tolerante FMI, los Organismos Financieros Internacionales – BM, BID y CAF
– el Club de París, con el gobierno de Francia a la cabeza, y algunos FB amigos,
como el fondo Soros) estaría funcionando hoy aceleradamente para ir torciendo
las reticencias de la administración K hacia nuevas y futuras concesiones de
cualquier orden; y para que tales concesiones se hagan pronto (caso Vaca
Muerta, para poner un caso emblemático), pero esencialmente para apurar la
vuelta de la Argentina
al Mercado Internacional para colocar nueva Deuda Externa, en línea con la Hoja de Ruta Boudou.
Para ello, el Proyecto de Ley de Presupuesto
2015 ya contempla un aumento mayúsculo de la Deuda Pública , que
es superior al de los años precedentes e igualmente autorizado por el Congreso
sin demostración alguna de la capacidad de repago del país:
1.
Operaciones de Crédito Público por 46.100 MD (artículo 37).[7]
2.
Préstamos para Infraestructura/Obras Públicas por 50.300 MD
(artículo 41).[8]
3.
Operaciones de Crédito pluri-anuales por 37.200 MD
(artículo 43).[9]
En total, endeudamiento público
autorizado por 133.600 MD según el Presupuesto 2015.[10]
Este cúmulo de nuevas deudas que van a
ser autorizadas por la Ley
de Presupuesto para el Ejercicio 2015 da una idea de lo que denominamos próxima
oleada de Endeudamiento del Estado que, por su magnitud sería una Tercera Ola
después de las del Proceso Militar y la década menemista de la Convertibilidad.
El traspaso masivo de Deuda Externa con
Terceros – Acreedores Privados y Organismos Internacionales (FMI, Banco
Mundial, BID y CAF) – a Deuda interna intra-Estado habría cumplido así su
finalidad verdadera de servir como “préstamo-puente” para derivar el grueso de
la deuda impagable al propio Estado y hacer con ello “lugar” para justificar
que ahora que la Deuda
Externa se ha reducido el país puede salir a tomar nueva
deuda en los Mercados Internacionales de Capital, y para hacerlo en gran
escala, conforme los lineamientos de la
Hoja de Ruta Boudou.
Por eso es previsible que la Ley 26.984 se haya dictado
sólo como herramienta legal temporaria, para patear el pago a los FB a
principios del 2015, y que la Comisión Investigadora de la legitimidad de la Deuda - cuya creación fija
la ley - termine siendo letra muerta o sea directamente derogada.
Es la forma en que el gobierno Kirchner
compraría su propia supervivencia financiera y política; y es también la forma
en que la partidocracia cómplice que espera sucederlo garantiza – por acción y/o
por omisión – su convalidación futura.
NOTAS:
[1] Otros trabajos recientes
del autor referidos a este mismo tema: Fallo Griesa y Estrategia K (22.8),
Holdouts: fallo Griesa y Proyecto de Ley al Congreso (3.9), Deuda Pública y
Presupuesto 2015 (20.9), ¿Pago soberano o Comisión investigadora? (23.9, con
Anexo) y Deuda Pública: Comisión Investigadora ya! (3.10), todos del corriente
año 2014.
[2] Las siglas MD/M$
significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y se expresan siempre con
redondeo.
[3] Para un análisis
detallado de estas operaciones, ver el trabajo de Javier Llorens “Los buitres
argentinos” (de Setiembre 2014).
[4] La posibilidad
de evadir la aplicación de la cláusula RUFO a partir de Enero de 2015 ha sido
fundadamente puesta en duda por Llorens en otro trabajo suyo reciente, titulado
“La Argentina zombi (Parte III)” (de Agosto 2014).
Por otra parte, siempre va a quedar
abierta la alternativa de reclamo por parte de algún bonista en este sentido,
ya que el gobierno está dejando perfectamente en claro su intención de burlar
el cumplimiento de la misma dilatando la fecha de efectivización del pago a los
holdouts, lo que delataría que está buscando eludir un cumplimiento de buena
fe.
[5] El carácter de
desafío de esta nueva norma es ambivalente: por un lado, pretende sustraerse al
cumplimiento de la sentencia del juez Griesa abriendo una nueva controversia
dilatoria sobre la misma; pero, por otro, arriesga su inoperancia porque es muy
poco probable que se consiga la adhesión de los bonistas del Megacanje y
siempre quedaría un cierto número afuera que pueden desatar nuevos juicios
contra el Estado Argentino.
De hecho – como dijimos - el juez Griesa
declaró el desacato de nuestro país, aunque el mismo no tiene efectos prácticos
por ahora y pudiera reverse si el gobierno modifica su propia ley y le paga a
los FB en el 2015.
Esta variante es tan posible como
importante dado que, aparte de dar marcha atrás a lo actuado hasta ahora,
permitiría además dejar sin efecto la creación de la Comisión investigadora de
la Deuda de la Ley 26.984.
[6] Se estima que
los reclamos de todos los Holdouts, en su conjunto, pueden implicar entre 20 y
30.000 MD a pagar por la Argentina, la mayoría de los cuales pasaría a ser
cargada al próximo gobierno.
Burlar el compromiso de las cláusulas
RUFO y MFC evitaría reclamos de los bonistas que ya entraron en el Megacanje –
los Holdin – por un monto incalculable (no menor a los 125-150.000 MD, según
las estimaciones) pero, como ya se hemos visto, el país no se libraría con ello
de reclamos nuevos provenientes de estos acreedores.
[7] El cuadro de
Resultado Financiero del Ejercicio 2015 – que prevé un Déficit Fiscal de 50.000
M$ (pesos) - contempla Amortizaciones de Deuda (vencimientos por Capital) por
el equivalente de 53.600 MD y nuevo Endeudamiento Público por 71.300 MD (ambos
montos, en dólares), de modo que el aumento de la Deuda Pública durante el año
que viene sería de 17.700 MD.
Los 46.100 MD de Operaciones de Crédito
Público forman parte de la emisión de nuevas obligaciones en títulos del Estado,
que están dentro de estos totales.
[8] Se trata, en su
gran mayoría, de Deuda Pública Indirecta – correspondiente a Empresas del
Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios – la que, por este motivo,
no se computa como Deuda en cabeza de la Administración Central.
Lo mismo pasa con la Deuda cuasi-fiscal
del BCRA (fundamentalmente Lebac/Nobac y Otros Pasivos por préstamos de otras
entidades bancarias), que no figura en el presupuesto.
Tampoco está incluido aquí otro rubro
relevante de la Deuda Pública Nacional, que es la Deuda Contingente por Avales,
Fianzas o Garantías, cuyo monto autorizado para el 2015 asciende a 47.260 MD.
[9] Del total
autorizado de 37.200 MD, 10.100 corresponden al año 2016, 10.200 al 2017 y
16.900 para el 2018 y ejercicios siguientes.
[10] En la práctica,
los cupos de endeudamiento de los rubros 2 y 3 – préstamos para
Infraestructura/Obras Públicas y Operaciones plurianuales - normalmente no se cubren
en su totalidad durante el ejercicio, pero los montos autorizados son éstos y
pueden asumirse así legalmente como obligaciones del Estado, obligaciones que –
en este caso – pasarían directamente a gobiernos futuros.