UN CÓDIGO PARA MÁS SEGURIDAD Y JUSTICIA

por Francisco de Narváez

Clarin, 29/10/14

La Presidenta habló de seguridad. Y eso es importante para todos. Para ella debió representar un gran esfuerzo referirse al tema, después de tanto tiempo de pasividad y ante el crecimiento exponencial del narcotráfico, en una “década violenta”. Más osada es la iniciativa para la expulsión de extranjeros sorprendidos “in fraganti” mientras cometen un delito. Sobre todo, porque en 2010, CFK cuestionó a quienes pedían normas más duras contra los delincuentes extranjeros. “No quiero entrar al grupo de países xenófobos”, afirmaba por entonces la Presidenta.

Resulta positivo que se impulse un mecanismo para expulsar a un extranjero detenido por un delito en flagrancia. Sin una condena efectiva, este mecanismo será de aplicación dificultosa merced a garantías constitucionales que podrían apañar al imputado. Por eso, este año propuse modificar la ley de migraciones para que, ya con condena firme, todos los extranjeros que cometieron un delito puedan ser expulsados, y no solo aquellos con condenas superiores a los 3 años.

Nuestro país tiene un ordenamiento jurídico penal duro de aplicación blanda. Frecuentemente, vemos como delincuentes identificados aprovechan claroscuros de la ley para esquivar medidas que puedan restringir su libertad. A menudo jueces y fiscales interpretan que el delincuente es una víctima de la sociedad. Lo vemos a diario.

Es positivo que el kirchnerismo que tantas veces atribuyó a la justicia la única y sola responsabilidad por la inseguridad, ahora impulse su modificación. Argentina necesita un Código Procesal moderno, que avance hacia un sistema acusatorio.

Atento al protagonismo y poder que cobrará con la nueva legislación la figura del procurador general, resulta clave la actuación futura de la Procuradora General Gils Carbó, de evidente filiación política con el oficialismo. Este puesto, del que dependen los fiscales que con el nuevo sistema tendrán mayores poderes, deberá garantizar imparcialidad y objetividad, algo que hoy no sucede. Habrá que observar con atención nuevas disposiciones sobre los plazos para las investigaciones.

Investigaciones complejas como lavado, corrupción y narcotráfico, requieren de especialistas que esclarezcan los delitos en tiempos más breves, tiempos que de ninguna manera puedan servir como virtual amnistía para delitos asociados a funcionarios públicos.

El avance hacia el sistema acusatorio es una muy buena noticia para un país donde la justicia se mueve lentamente y muchos delitos quedan impunes, donde el 55,5% de los internos en el Sistema Penitenciario Federal está en calidad de procesado, producto de la lentitud del sistema judicial. Es una excelente oportunidad para que el nuevo Código sea debatido y que el texto final represente el verdadero derecho de todos los argentinos por más seguridad y una mejor justicia.

Francisco de Narváez es diputado nacional (Bloque Unión Celeste y Blanco)