Treinta informes
elaborados por la
Auditoría General de la Nación (AGN) durante los últimos diez años
revelan las extremas debilidades que muestran nuestras extensas fronteras, como
instalaciones aduaneras sin infraestructura, personal suficiente ni equipos
adecuados, y con sistemas informáticos obsoletos.
A ello se suma la
falta de articulación de las aduanas con las fuerzas de seguridad,
conformándose de esa manera un panorama de asombrosa desprotección que favorece
el ingreso y egreso de drogas, contrabando y delincuentes. En una palabra, una
situación ideal para la labor de las bandas del crimen organizado.
A esta altura es
ingenuo creer que esta dramática realidad sea obra de la casualidad o de la
simple ineficiencia. En realidad, estamos ante una clara complicidad de las
autoridades nacionales con el crimen, concretada como resultado de una política
coherente que, si bien se remonta a la década de 1990, adquirió mayor
intensidad en los últimos diez años sin que se vislumbre ninguna corrección en
el rumbo suicida de mantener la extrema porosidad de nuestras fronteras.
El informe elaborado
por el organismo de contralor que preside Leandro Despouy se basó en auditorías
que se llevaron a cabo en la Dirección General de Aduanas; la Dirección Nacional
de Migraciones; la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería.
Según Despouy,
"nuestras fronteras presentan enormes debilidades que facilitan el
narcotráfico y el crimen organizado. La gravedad de este fenómeno en el último
tiempo se profundizó de manera alarmante".
Fueron los empleados
de los organismos inspeccionados quienes informaron a los auditores de la AGN acerca de las graves
fallas y la crónica falta de recursos para subsanarlas.
Hace ya varios años
que en esta columna señalamos con preocupación creciente que nuestras fronteras
carecen de controles y que se trata de una debilidad fomentada. La persistencia
de esta indefensión pone de manifiesto la complicidad de nuestras autoridades,
que se ve reconfirmada si tenemos en cuenta que la Dirección General
de Aduanas -hoy bajo el mando de un hombre que depende de Jorge
Capitanich-funciona dentro de la
AFIP , poderoso organismo que en la última década llevó
adelante una fuerte política de recaudación y altísima presión fiscal que, por
lo visto, no se ha invertido para mejorar el control aduanero.
Como informó LA NACION , la presentación del
duro informe de la AGN
estuvo acompañada por las crudas pero fundadas opiniones de autorizados
expertos en el tema. Por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de
Tucumán, Ricardo San Juan, afirmó que "no es sólo que el narcotráfico
avanza; es el Estado el que retrocede". El juez federal de Orán (Salta),
Raúl Juan Reynoso, mostró cómo las fronteras del Norte de nuestro país se
convirtieron en un colador y dijo que ya es habitual en Orán que un
procedimiento antidroga involucre "unos 900 kilos", mientras que el
profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés, Alberto Fohrig, afirmó
que existe "una política deliberada de «no control» por parte del
Estado" y criticó que desde 2009 el país carece de estadísticas oficiales
sobre la inseguridad y el narcotráfico.
Por su parte, el
presidente de la Asociación
del Personal de los Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana, denunció la connivencia
entre el narcotráfico, el poder político y las fuerzas de seguridad. "Si
no hay más narcotráfico en la
Argentina es porque no quieren", advirtió.
El panorama que
retrata el informe de la AGN
tras las auditorías realizadas muestra que en nuestras fronteras hay escasez
crítica de personal, inadecuada capacitación, infraestructura edilicia precaria
e insuficiente, carencias de equipamiento de control como balanzas, escáneres,
software, perros antidroga, cámaras de seguridad y vehículos propios de transporte,
como helicópteros, barcazas o lanchas costeras. A ello hay que agregar la
obsolescencia del sistema informático del principal sistema para el control
aduanero, denominado Sistema Informático María. "El software es anticuado,
inflexible, no tiene automatizadas tareas clave y no emite alertas de
vencimientos y plazos", sostiene el informe.
Finalmente, la AGN destaca también la
debilidad en materia legal y en el seguimiento de denuncias, la acumulación de
expedientes que permanecen meses o años inmóviles, las denuncias sin el
correspondiente sumario y un gran número de trámites inconclusos, paralizados o
prescriptos.
Por haber presentado
sus informes, Despouy recibió una denuncia penal por motivos banales pero, sin
dudas, a modo de represalia.
A comienzos de la
década de 1990, cuando se hicieron públicas las deficiencias en nuestro puestos
fronterizos, la Argentina
era un país de paso para la droga. Hoy, un cuarto de siglo después, la
situación allí no es la misma sino mucho peor, y a diferencia de lo que ocurría
hace 25 años, ahora nuestro país ya no es zona de paso, sino uno de los
principales consumidores y exportadores de drogas del continente y un
privilegiado bastión para el lavado del narcodinero, al tiempo que las fuerzas
policiales, más que herramientas de combate contra el narcotráfico, parecen sus
víctimas debido al creciente número de efectivos cómplices de las bandas de
narcos. Además, poco a poco van apareciendo más casos de políticos
involucrados.
La criminal política
de fronteras abiertas y sin controles nos ha dejado a merced del delito
internacional. Pero a los verdaderos responsables y a los principales
delincuentes no hay que buscarlos del otro lado de las fronteras sino entre
nosotros. Son los que guardan silencio cómplice ante esta gravísima situación
que ellos mismos contribuyeron a crear.
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Además, como el
artículo 6º incluye entre los objetos a regular los programas informáticos, los
funcionarios podrán también meter las narices en Twitter, Facebook o Google.
Los senadores
consiguieron también que, como reclamó Miguel Pichetto, se proteja a los
operadores de cable del interior del país. La ley ahora prevé que la aplicación
de las nuevas reglas sea gradual. Ya se sabe lo que vendrá detrás de esa
gradualidad: un mar de operaciones de lobby que convertirá al sistema
audiovisual y de telecomunicaciones en el Gran Bazar de Estambul. Cristina
Kirchner dejará el Gobierno y tal vez no se haya resuelto una sola de las
controversias desatadas por su pasión regulatoria. Esa incertidumbre es
estratégica: otorga a la clase política un enorme poder de decisión sobre un
mercado que incluye al periodismo.
IMAGINACIÓN
PROYECTIVA
La ley que está por
aprobarse es otra demostración de que el kirchnerismo carece de imaginación
proyectiva. Sus reformas no pretenden alcanzar un modelo de llegada. Son el
arma que se arroja contra alguien a quien se pretende sancionar.
Por lo tanto, como
todo castigo, miran siempre hacia el pasado. Esa inclinación impide ver que la Argentina carece de una
plataforma tecnológica moderna. Su infraestructura fue montada en los años 90 y
el acceso a la banda ancha es el más lento de toda la región. Según el informe
Barómetro de Cisco, es de 2,4 megabytes por segundo, contra 4,88 de Brasil y
7,68 de Chile. El país ocupa el puesto 107 de una lista de 180.
En vez de superar ese
atraso, el nuevo marco dará lugar a innumerables pleitos judiciales por su
arbitrariedad.
Por eso en la Argentina el éxito de
las empresas de telecomunicaciones seguirá dependiendo más de la capacidad de
sus ejecutivos para seducir a los funcionarios, que del capital invertido y el
talento desplegado para aventajar en precio y calidad a los competidores.