Ante la gravedad, investigaciones transparentes, serias y rápidas
Manuel Garrido
Clarín, 23-1-15
En 2009, el abogado
Rodrigo Rosenberg anunciaba en Guatemala que el gobierno de ese país estaba
involucrado en el homicidio de un empresario y de su hija, y advertía que si
algo le pasaba a él mismo era porque el propio gobierno lo habría ordenado.
Pocos días después,
Rosenberg fue asesinado en la calle. La difusión del video en el que hacía al
gobierno de Alvaro Colom responsable de su propia muerte fue seguida de
movilizaciones callejeras a las que la gente iba vestida de blanco pidiendo la
renuncia del Presidente. El escándalo y la conmoción pública, y las
conspiraciones subterráneas, hicieron que el Presidente tambaleara en su cargo.
Solo la investigación profunda de la Comisión Internacional
contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) pudo develar una trama verdaderamente cinematográfica:
inducido por agentes de inteligencia, Rosenberg había tramado y encargado a
sicarios su propio homicidio con el objetivo de vengarse del Presidente, a
quien creía responsable del homicidio de su novia.
La aparente similitud
o no con el caso del fiscal Nisman solo podrá ser determinada en base a
investigaciones serias de órganos confiables.
La sombra de la
interna de la ex SIDE, presente en la investigación del atentado, en la
conformación de la propia fiscalía ocupada por Nisman y en la última denuncia
de éste, debe ser determinada con precisión.
Lamentablemente, la
intromisión de los propios órganos de inteligencia en la administración de
Justicia y la partidización de la Procuradora General
de la Nación
complican la credibilidad de las investigaciones que deben llevarse a cabo,
tanto sobre los hechos que denunció Nisman como sobre su propia muerte.
A fin de evitar el
escepticismo, debería otorgarse la mayor transparencia a las pruebas que se
reúnan e inclusive debería promoverse una pluralidad de instancias del Estado
con visibilidad y control de las investigaciones, como por ejemplo equipos de
fiscales, comisiones del Congreso y la intervención de la sociedad civil.
Es necesario que se
investigue seriamente, con rapidez y aventando cualquier suspicacia sobre las
conclusiones a las que se arribe.
La gravedad de la
situación hace imprescindible también que en el Congreso se active
inmediatamente la
Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y
Actividades de Inteligencia.
Este nuevo suceso
pone otra vez a la vista la amenaza sobre las instituciones democráticas de
organismos de inteligencia que la política no ha sabido modificar ni adecuar.
Manuel Garrido
Diputado nacional. Ex
Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas