Destacó la
importancia de la "falta de mérito" que benefició al director de La Nueva Provincia
ADEPA, que calificó
de "persecución judicial y política" la causa abierta contra Massot,
señaló en un comunicado que el fallo es un "ejemplo, en medio de tantas
manipulaciones oficiales para urdir, como acaba de expresarlo la Sociedad Inteamericana
de Prensa, causas de acoso a la prensa que se ha mantenido reacia a la
prepotencia de gobiernos que han procurado sin éxito someterla, aunque sí
dañarla".
La entidad que agrupa
a los editores de diarios recordó que el caso de Massot avanzó "por
instancia de dos fiscales ad hoc (José Nebbia y Miguel Palazzani), nombrados
sin concurso público ni acuerdo del Senado", quienes habían acusado al
diario y a su actual director, "entre otros delitos, del de lesa humanidad
a raíz del secuestro y ulterior asesinato, en 1976, de dos obreros gráficos de
esa empresa periodística".
En ese sentido, ADEPA
recordó que, en esa época, el actual director "no se había incorporado aún
al diario" y, pese a todo, "se atrevieron a acusar a Massot de haber
cometido hechos de «acción psicológica» y de realizar «tareas de inteligencia»".
El comunicado añadió
que el dato "ha sido un elemento inequívoco del ánimo persecutorio contra
un periodista de reconocido pensamiento adverso al fenómeno subversivo y
terrorista, al que el gobierno militar respondió con brutales prácticas de
terror".
También planteó ADEPA
que, "aun cuando Massot hubiera sido parte del plantel de La Nueva Provincia al
momento de producirse los secuestros denunciados, los fiscales intervinientes
habrían incurrido de todos modos con su acusación en un verdadero intento de
establecer el delito de opinión, delito desconocido por los principios de la Constitución
nacional".
ADEPA señaló además
que uno de los dos fiscales de la causa fue designado recientemente juez de
Cámara y ambos "han estado caracterizados por una militancia
ideológica" que, como ya señaló la entidad periodística, "cuestiona
el deber de objetividad que les impone el cargo, compromete las garantías
constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se
pretenda instaurar el delito de opinión".
Por último, la
entidad recordó que el 8 de abril de 2014 se produjo un allanamiento a La Nueva Provincia ,
en el que se secuestraron 119 tomos del diario, desde 1974 hasta 1983, y
cientos de sobres con fotos y recortes. "ADEPA señaló entonces la gravedad
de esa medida, inaudita en un país que recuperó en 1983 la democracia, después
de la trágica década de los setenta, y que, a pesar de la hostilidad
gubernamental de estos últimos años al ejercicio pleno de la libertad de
prensa, ha puesto en evidencia la voluntad general de preservar, aun en las
mayores dificultades, las instituciones que hacen posibles el disenso, la
tolerancia, el diálogo, incluso entre las corrientes más contradictorias del
pensamiento político, social y cultural."