Por Carlos Pagni
La Nación, 2-4-15
A medida que se acerca el final de su mandato, es más
fácil advertir que la mayor frustración de Cristina Kirchner ha sido la
imposibilidad de reformar la Constitución. Es lógico: la fantasía de romper la
barrera de la legalidad es consustancial a un liderazgo que convocó al
"vamos por todo". No hay sueño hegemónico que pueda realizarse sin
una modificación de las reglas fundamentales. Como no lo consiguió, la Presidenta
confía hoy en su propia fuerza de voluntad para doblegar las normas. Una
apuesta urgente a que, en el último minuto, la política se imponga sobre la
ley.
Entre los empeños más importantes de la señora de
Kirchner en su ensoñación de eternidad está la designación de Roberto Carlés en
la Corte Suprema de Justicia. El kirchnerismo ya aprobó el pliego en la
Comisión de Acuerdos del Senado. Ahora se propone conseguir que algunos
opositores se ausenten, y así alcanzar los dos tercios de los miembros de la Cámara
que se requieren para convertirlo en juez. En este contexto, la ausencia de los
peronistas disidentes Carlos Verna y Adolfo Rodríguez Saá durante la audiencia
encendió las alarmas en la oposición. Sin embargo, anteanoche Rodríguez Saá se
comprometió ante el radical Ernesto Sanz a que su grupo votará en contra de
Carlés. Miguel Pichetto, el presidente de la bancada oficialista, no se da por
vencido: está punteando la lista de senadores con los que se puede conversar,
empezando por la popular neuquina Lucila Crexell, allegada a Carlos Zannini.
La otra gestión de Cristina Kirchner para obtener con
voluntarismo lo que le hubiera suministrado una reforma de la Constitución es
su multifacética reforma judicial. Así como Sergio Massa hizo fracasar en 2013
el proyecto "eterna Cristina", el presidente de la Corte, Ricardo
Lorenzetti, malogró la pretensión de subordinar el Consejo de la Magistratura
al poder electoral del kirchnerismo. Lo hizo cuando el más alto tribunal
rechazó la denominada "democratización" de la Justicia.
Desde entonces, la señora de Kirchner intenta asaltar
los tribunales por la ventana. Como no logró avasallar a los jueces controlando
el Consejo, se propuso anularlos transfiriendo su poder a los fiscales. Allí
está la clave del nuevo Código Procesal Penal.
La aspiración de la Presidenta es ambiciosa: conservar
influencia en los tribunales a pesar de la salida del poder. Para eso piensa en
dotar a las fiscalías de poderes especiales, cubrirlas con abogados afines a su
grupo y mantener al frente de ese sistema a la pasionaria Alejandra Gils Carbó,
la actual procuradora. Esa ingeniería se basa en un axioma: cuando se está en
la Casa Rosada, es importante tener jueces que defiendan a los funcionarios; en
cambio, cuando se está fuera de ella, es preferible contar con fiscales que los
enloquezcan.
El kirchnerismo prepara ahora una ley orgánica del
Ministerio Público que profundiza la orientación del Código Procesal. La
reforma del procedimiento ya convirtió al fiscal en el dueño de las causas. Los
jueces quedarán relegados a ser meros garantes del ritual. Por ejemplo, con la
nueva norma la jueza Fabiana Palmaghini no podría corregir los movimientos de
la fiscal Viviana Fein en la investigación de la muerte de Alberto Nisman. En
poco tiempo, la opinión pública se olvidará del nombre de los magistrados.
La ley orgánica que se proyecta reforzaría el poder de
los fiscales, sobre todo porque les asigna atribuciones generosas e imprecisas.
Por ejemplo, intervenir siempre que estén afectados "los intereses
generales de la sociedad" (artículo 1). O garantizar "la paz
social" (artículo 8). También prevé que obedezcan las "instrucciones
generales" del procurador, como aquellas por las que los organismos de
derechos humanos vapulearon en los años 80 al gobierno de Alfonsín. Y otorga
rango legal a procuraciones especializadas, que limitan la actuación de los
fiscales ordinarios. Entre otras, una constitucional, para unificar la doctrina
en esta materia.
Como la mayoría de las reformas impulsadas por la
Presidenta, ésta también fue elaborada mirando el espejo retrovisor. Más que
diseñar el futuro de una institución, pretende corregir el resultado de
batallas ya perdidas, como la de las cautelares constitucionales en el caso de
la ley de medios. A pesar de que habla mucho del "proyecto", el
principal motor del kirchnerismo es la venganza.
La potenciación de las fiscalías tuvo otro avance
anteayer: Gils Carbó creó un equipo para que se vayan transfiriendo las
facultades de la Oficina de Observaciones Judiciales de la ex SIDE a la
Procuración. Para tranquilizar a quienes temen que las escuchas telefónicas
carezcan de neutralidad, Gils Carbó encomendó la tarea a Romina Ronda, ex
candidata a legisladora por el Frente para la Victoria de Mendoza. Estará
asesorada por Carlos Arslanian, Alberto Binder, Marcelo Saín -director de la
Escuela Nacional de Inteligencia por iniciativa de Aníbal Fernández- y el
fiscal Félix Crous, militante de la agrupación oficialista Justicia Legítima.
Esta selección demuestra que, más allá de las virtudes
o vicios de las organizaciones, la prioridad para el Gobierno es reclutar al
personal con criterios de facción. Es lógico. Desde que se aprobó la reforma
del Código Procesal, el kirchnerismo enfrentó varios episodios que demostraron
que un fiscal puede ser mucho más dañino que un juez. Nisman era fiscal.
Gerardo Pollicita y Germán Moldes son fiscales. En cambio, Daniel Rafecas,
Eduardo Freiler y Jorge Ballestero son jueces.
Esos clementes magistrados, que se negaron a
investigar si la denuncia de Nisman contra la Presidenta tenía algún
fundamento, volvieron más verosímil la idea de una negociación entre la Casa
Rosada y el fuero federal de la Capital, que investiga la corrupción de los
funcionarios.
El Gobierno acaba de corroborar ese fantasmagórico
armisticio. Prepara una reglamentación del Código Procesal donde se establece
que, en el caso de los magistrados federales, el recorte de facultades en
beneficio de los fiscales no tendrá fecha de aplicación. Dependerá de lo que
decida una comisión integrada por representantes de la Corte, las dos cámaras
del Congreso, las cámaras de Casación, la Procuración General, la Defensoría
General y el Poder Ejecutivo (artículo 2 inciso b). En cambio, para la justicia
nacional de garantías, el Código comenzará a regir el próximo 1° de agosto, y
para la de la ciudad de Buenos Aires, el 1° de julio del año que viene. Esta
última será dividida en cuatro circunscripciones cuya delimitación será materia
de una discusión interesantísima. Por ejemplo, ¿qué jueces y fiscales quedarán
a cargo del distrito financiero?
La concesión a los jueces federales coincide con las
exigencias que plantearon algunos de ellos en su negociación con el Gobierno.
Los más activos fueron Ariel Lijo -hoy el caudillo más destacado del fuero-,
cuyo hermano Alfredo oficia como gestor tribunalicio de Julio De Vido, gracias
a su amistad con el secretario privado del ministro y presunto agente de la
nueva SIDE, José María Olasagasti.
Para demostrar su eficacia, el pacto judicial debería
ofrecer nuevos indicios. Por ejemplo, ¿qué hará la Cámara de Casación Penal con
la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con
Irán? Anteayer, ese tribunal requirió al Ejecutivo la documentación del proceso
-lo que incluye los cables diplomáticos- para resolver a mediados de mayo. La
Cancillería protagonizó un pequeño papelón durante la audiencia: su
representante aseguró que Héctor Timerman nunca había notificado a Interpol la
firma del acuerdo. Pero el abogado de la DAIA exhibió esa comunicación, que
lleva la firma de Timerman.
El caso plantea una paradoja. El kirchnerismo quiere
que el tratado sea declarado constitucional para que se vuelva operativo. Por
esa vía, si se siguiera el criterio del juez Rafecas, terminaría cometiendo el
delito que le imputó Nisman. Rafecas sostuvo que no hubo encubrimiento porque
el memorándum nunca se puso en práctica. Por suerte para la Presidenta, los
iraníes jamás lo convalidarán.
La presunta transacción corporativa con los jueces
sólo se volverá creíble con una resolución favorable a la señora de Kirchner en
la causa que más la mortifica: la de presunto lavado de dinero por los negocios
familiares de Hotesur. La Cámara de Casación fijó una audiencia para el lunes
próximo en la que deberá decidir si Claudio Bonadio sigue al frente de la
investigación. El expediente es inquietante, porque involucra a Máximo
Kirchner. Ayer el hijo de la Presidenta fue postulado, otra vez, como posible
integrante de la lista bonaerense de diputados nacionales del Frente para la
Victoria. La candidatura debería inscribirse el 22 de junio. Una fecha para
recordar: a partir de ese día, el joven Kirchner tendría fueros.