Por Luis Alberto Romero
Historiador. Club Político Argentino.
Especial para Los Andes, 27-9-15
¿Cuál es el balance de los actuales juicios de lesa humanidad? Los pésimos procedimientos seguidos han dañado seriamente el estado de derecho y el principio del gobierno de la ley. Respecto de la verdad, hubo poco de nuevo, pues quienes podían hablar se han abroquelado en el silencio. Se ha castigado, masivamente y al bulto, pero muchos inocentes cayeron en la volteada. Vistos desde otra perspectiva, los juicios han constituido un espectáculo impactante, un teatro. ¿Qué es exactamente lo que se quiso mostrar?
La justicia siempre ha tenido una dimensión teatral: una escenificación destinada a expresar de modo sencillo el principio abstracto que la guiaba. En Inglaterra se trataba de la majestad de la justicia. Para eso estaban las pelucas y las togas, el estrado elevado, el juramento de los testigos, los alegatos y el fallo, en el que la culpabilidad debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.
En el Tribunal Revolucionario de la Francia jacobina, en cambio, se escenificaba el poder soberano del Pueblo, encarnado en el fiscal Fouquier-Tinville. Él recibía las denuncias, ordenaba las prisiones, elegía a los jueces y jurados, seleccionaba el público, redactaba la acusación e interrogaba a los testigos; luego del fallo, disponía las carretas que llevaban a los “enemigos del pueblo” a la guillotina, y al pie de ésta recibía al verdugo. Así fueron ejecutados María Antonieta, Brissot, Danton, Robespierre, y finalmente el propio Fouquier.
Los juicios actuales por delitos de lesa humanidad no resisten la comparación con los de 1985, cuyo procedimiento inobjetable afirmó y consolidó el estado de derecho. Estos, en cambio, son manipulados sin disimulos por el gobierno y sus militantes. En ellos no se representa ni la majestad de la ley ni la voluntad del pueblo. Con una cuidada puesta en escena, escenifican los atributos más valorados por el gobierno: su discrecionalidad y su impunidad.
El primer acto del drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos humanos. A los mayores, la prisión domiciliaria les fue negada sistemáticamente, incluso a los muy enfermos. Así han muerto en sus celdas más de 300 detenidos. No faltará quien piense que se lo merecían, pero es un argumento inaceptable en un estado de derecho.
El público, que jugó un papel importante, era usualmente preparado previamente por la prensa y los militantes. En algún caso, se realizó un festival de rock, convocado bajo el lema “Democracia con justicia y verdad” y presidido por la fiscal general Gils Carbó y el secretario de Derechos Humanos. En las sesiones, tribunas vociferantes presionaron a los testigos y “escracharon” a los abogados defensores. Los fiscales, generalmente militantes, designaron fiscales ad hoc, elegidos entre los abogados querellantes y notoriamente parciales.
Preparados por sus abogados y por los fiscales, los testigos recordaron, treinta años después de los hechos, detalles que nunca habían mencionado antes. Si se salían del libreto, el fiscal y hasta el juez les recordaban por dónde debía ir su testimonio. En sus alegatos, los fiscales repitieron el mismo texto en diferentes juicios. Entre los jueces, hubo militantes que condujeron el proceso con mano firme, y otros timoratos, acostumbrados a un ejercicio más serio de su función pero incapaces de resistir la doble presión de los militantes y del poder político.
Lo peor fueron las sentencias. En los casos de quienes habían sido jóvenes oficiales, policías o gendarmes, el único indicio de culpabilidad fue que prestaban servicios en una dependencia en donde se torturaba o mataba. Habitualmente no había pruebas fehacientes de que hubieran participado, y se sabe que solo una parte de ellos eran convocados a ese nefasto servicio. Sin embargo, el criterio aplicado por los tribunales fue el del “partícipe necesario”: no podían no haber participado o sabido qué es lo que allí pasaba -daba lo mismo-, y eso los hacía culpables.
Esta es la desviación más grave del principio judicial de la prueba “más allá de toda duda razonable”. En la tradición judicial, y en la doctrina de los derechos humanos, se afirma que todos los acusados son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad. Aquí se ha partido del principio inverso: el acusado es culpable, a menos que pueda probar su inocencia. Salvo, claro, en el caso de Milani.
Muchos intervinientes en estos juicios han contado, en general privadamente, estas barbaridades jurídicas. Muchos expertos han dicho que con esos fundamentos las sentencias son endebles y no resisten una revisión. Es posible que esto ocurra cuando lleguen a la Corte Suprema, o cuando la presión del gobierno no sea tan notoria. Por entonces, probablemente, la mayoría de los condenados ya habrá muerto.
Estos juicios van a dejar gravemente herida a la justicia y al principio de los derechos humanos, víctima de un gobierno que, curiosamente, se gloria de defenderlos. ¿Para qué? La respuesta más obvia remite al clima faccioso, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de la revancha, usando el poder contra los antiguos victimarios. No es justificable y es deplorable, pero es entendible. Poner la otra mejilla nunca ha sido un principio popular.
Pero se necesita algo más para explicar la grosería del procedimiento y el pisoteo de la tradición judicial. Me parece que todo es tan deliberado como un discurso de Cristina o unas declaraciones de Aníbal Fernández. Se trata de mostrar y escenificar qué valor le asigna a la justicia y a las instituciones un gobierno convencido de que el pueblo le ha confiado la suma del poder. Es la versión más terrible de una manera de entender la política, que remonta a la Revolución Francesa. Hoy, como entonces, la teatralización no es accesoria sino central.
La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador. Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina.