Por Héctor GIULIANO
(2.1.2016)
La nueva
administración Macri está tomando medidas sumamente importantes en materia
financiera que tienen tres principales efectos inmediatos o de muy corto plazo
sobre las finanzas del Estado y la economía argentina en general:
Primer efecto: Aumento
de la deuda pública, con su consecuente incidencia en el déficit fiscal porque
se elevan los gastos del Estado en concepto de servicios - pago de intereses y amortizaciones de capital
– y se plantea la cobertura de este déficit con más deuda.
La eliminación de las
retenciones sobre granos y la baja para la soja repercuten en igual sentido por
la merma de los ingresos del Fisco. La inflación permite al Estado compensar
esto parcialmente al mantener un alto nivel de recaudación tributaria tanto por
impuestos al consumo (caso IVA) como por impuestos de base patrimonial (como
Bienes Personales e Inmobiliario provincial), e incluso por el mayor valor en
pesos de los derechos remanentes sobre el comercio exterior pero no le evita el
crecimiento del déficit financiero fiscal.
Segundo efecto: Macro-devaluación
del peso – junto con el levantamiento del cepo cambiario - con traslado de esa
devaluación a los precios internos y distorsión de los precios relativos que
retro-alimentan el proceso inflacionario, lo que aumenta y acelera la inflación
existente provocando una caída adicional de los salarios reales.
La devaluación de
Diciembre desató parcialmente el corsé de la política de retraso cambiario - seguida
por la administración Kirchner para contener la inflación interna y para poder
pagar deuda externa - pero ahora sus efectos inflacionarios son una realidad a
la que hay que darle respuesta.
Tercer efecto: Incremento
de las tasas de interés del mercado – cuyo piso lo fija el Banco Central (BCRA)
a través de la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac – lo que, pese a su empleo
como medida anti-inflacionaria, tal incremento es igualmente un factor de inflación
porque el costo financiero de las empresas también se traslada a los precios.
Este peso del costo
financiero sobre la estructura de costos totales es algo sistemáticamente omitido en los análisis
públicos y privados pese a que su magnitud y rapidez de transmisión a los
precios es tanto o más grave que la de los costos por materias primas, insumos,
mano de obra y gastos generales.
Ergo, las tres vías de acción citadas conducen por sus
efectos a un mismo problema, tradicionalmente soslayado por los gobiernos y por
los economistas del establishment: la relación entre Deuda Pública e Inflación.
Esto es así porque la
crisis de Deuda que arrastra la Argentina en forma permanente – una crisis por
insolvencia y por iliquidez – genera déficit fiscal por el costo total creciente de sus servicios
financieros y es agravada con la toma de más deuda.
Dicho endeudamiento
produce ciclos con períodos de retraso cambiario motivados por las necesidades
de pago de la deuda externa y posteriores macro-devaluaciones compensatorias de
los desequilibrios derivados de tales atrasos.
Estas distorsiones - provocadas
por el sistema de la deuda - derivan en mayor presión tributaria, distorsiones de precios/tarifas de servicios
públicos y aumento de las tasas de interés.
Todo lo cual lleva a
niveles adicionales de endeudamiento e inflación, con la pérdida consiguiente
del poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos, que no pueden
responder a los aumentos de precios que soportan sobre bienes y servicios con
la misma velocidad que estos aumentos se producen.
Y este es un tema
clásico en la historia argentina reciente del que hoy – una vez más - no se
tiene ninguna garantía de salida porque, sobre la base de una ya elevada
inflación existente, en poco tiempo los precios tuvieron un aumento adicional
tan extraordinario como generalizado como para revertirlos.
El ministro de
Economía Prat Gay ha reconocido esta situación y planteado la necesidad de retrotraer los precios al 30.11
pasado, a los efectos de volver a niveles de referencia más manejables previos
al descontrol de las últimas semanas, pero todavía no se ven los resultados de
tal intención y, en cambio, se considera cada vez más difícil lograr este
objetivo.
Con el agravante que,
obnubiladas por el desborde reciente, las autoridades podrían intentar no tomar
ya en cuenta el total de la inflación acumulada durante el segundo semestre del
2015 ni querer discutir con los sindicatos el desacomodamiento de precios
producido desde el mes de Octubre en adelante con el argumento de proponer
actualizaciones salariales en base a proyecciones de inflación futura y no de
recupero de la inflación pasada, que es la real y ya producida.
La nueva
administración Macri imputa a la anterior – CFK – haber dejado a fines de su
mandato la remarcación de precios como “zona liberada”; y la saliente
administración Kirchner replica que la disparada de aumentos de precios se produjo por las expectativas devaluatorias
desatadas con el anuncio de levantamiento del cepo cambiario por parte del
entonces candidato Macri.
La verdad es que
ambos tienen razón, pero lo único concreto es que ahora hay que atender a una
realidad que ya reconoce por lo menos un 3.5 % de aumento de precios en
Diciembre y que llevaría la inflación anual del 2015 a un 26-28 % o más.
Hasta el momento no
se conocen medidas específicas y efectivas del gobierno Macri para frenar este
aumento de los precios ni mucho menos retrotraerlos y, por el contrario, se
anuncian nuevas decisiones que provocarían incrementos ulteriores, como el caso
del aumento de precios y tarifas de los servicios públicos.
El tema es clave para
la política económico-financiera del nuevo gobierno porque es en función de
ello que falta encarar las re-negociaciones salariales pertinentes después de
esta última escalada inflacionaria, cosa que empezará a ser discutida con los sindicatos y las cámaras empresarias
respectivas a partir de la convocatoria de un Consejo Económico y Social desde
mediados de Enero.
Como ya ocurriera en
otras oportunidades de la historia reciente - la macro-devaluación de 2002 fue
un ejemplo paradigmático al respecto – la clave reside siempre en hacer que los
efectos inflacionarios de la depreciación del peso se lo traguen o absorban a pérdida los sectores de ingresos fijos
(fundamentalmente asalariados y jubilados/pensionados).
La forma más directa
de lograr esto es con el desfase financiero entre precios y salarios, esto es,
con actualizaciones de ingresos que
tengan un tratamiento diferido en el contexto de un proceso inflacionario.
La idea de diferir la
cuestión salarial hasta después del verano - de modo de ganar tiempo hasta
marzo – respondería a este criterio, beneficiando así a los empleadores (empresas
privadas y Estado) con la brecha entre ingresos por ventas y gastos por mano de
obra durante los tres o cuatro primeros meses de gestión del nuevo gobierno.
Este problema
constituye la clave financiera de la cuestión salarial y amerita una
explicación más pormenorizada.
Los aumentos de
salarios y jubilaciones conllevan siempre una ventaja para el sector empleador
porque los incrementos que se pactan normalmente nunca son retroactivos sino
que se acuerdan siempre hacia adelante – e incluso en forma escalonada - lo que
implica que el costo de las diferencias
por aumento de precios producidas durante el período que media desde la última
actualización hasta las fechas de convenio no se recupera a favor de los
trabajadores.
El punto anterior –
un clásico notablemente omitido en
las paritarias - es particularmente importante en momentos de crisis financiera
como el actual, en que se pretende que los aumentos por recupero del valor de
los salarios no se pacten por la inflación pasada sino por la inflación futura
(que tiene invariablemente una proyección más baja).
Paralelamente, esta
postura restrictiva se endurece denegando el otorgamiento de bonos
compensatorios a cuenta de futuros aumentos y se desliza la velada amenaza de
no aceptar fuertes reclamos de ajuste salarial por temor a un mayor desempleo.
Tal criterio omite sin
embargo advertir que, con las altísimas tasas de interés vigentes y aún manteniéndose
en lo sucesivo cierta estabilidad de precios y costos después de los grandes
aumentos ya producidos, los empleadores estarían en condiciones no sólo de
ahorrarse el pago de los meses de inflación transcurridos sino incluso de
compensarlos parcialmente con el producto de colocaciones financieras que hicieran
durante el período en que esos fondos no sean pagados a los trabajadores.
Se trata – esto
último – de un procedimiento sobre el cual el empresariado argentino tiene vasta
experiencia histórica al respecto, como ya ocurrió en los tiempos de altísimas
tasas de interés bajo la gestión Martínez de Hoz, de los planes Austral y
Primavera durante la administración Alfonsín y de la convertibilidad menemista,
en que el pago de los salarios se compensaba casi íntegramente en la práctica
porque los mismos se pagaban con la capitalización de intereses de las
colocaciones financieras durante el mes mientras que las fechas de liquidación
de haberes no se modificaban.
Obsérvese la importancia
de este punto cuando, por ejemplo, el ministro de Energía Aranguren anuncia que
habrá aumentos de precios y tarifas de servicios públicos a partir de Enero y
que, además, las facturas eléctricas bajarán su frecuencia de bimestrales a
mensuales para mejorar así la disponibilidad de sus recursos.
Por equiparación justa
y lógica frente a la disminución de los ingresos reales por efecto de la
inflación este razonamiento financiero debiera ser aplicado también a los
salarios.
La baja o menor
frecuencia de los períodos de ajuste e indexaciones, que hoy están a nivel
mensual, pudiera o debiera incluso dar lugar a liquidaciones de haberes que pasen
de mensuales a quincenales e incluso
semanales, en casos de emergencia.
Obviamente que este
punto constituye una variante tan equitativa como peligrosa debido a su
potencial hiper-inflacionario, por lo que sólo es coherente que se plantee en
caso de grave crisis financiera (como las que ya ha habido en la Argentina
varias veces, aunque sin que tal tipo de reclamos se diese ni se reclamara
siquiera).
Pero lo que sí es
válido y debiera constituir una exigencia en el caso de las remuneraciones es
la paridad de tratamiento de estas ventajas y desventajas específicamente
financieras derivadas del proceso inflacionario para que todos los sectores
económicos y sociales estén en las mismas condiciones frente a las medidas de
gobierno.
No es justo que haya
sectores beneficiados y perjudicados por este tipo de desfases financieros, con
el tradicional costo irrecuperable cargado sólo sobre los sectores de ingresos
fijos, ya que el lucro compensatorio de la inflación vía colocaciones
financieras y/o adelanto de cobro de precios/tarifas de servicios públicos –
con su correspondiente amplificación impositiva - no tiene correlato y afecta solamente
a los sectores asalariados.
Dar largas al asunto
de los incrementos salariales y jubilatorios que compensen el aumento de
precios ya producido por la macro-devaluación y las especulaciones de mercado -
efecto inflacionario ex ante más que a posteriori del levantamiento del cepo
cambiario – pone en desventaja los ingresos de trabajadores y jubilados. Y sería
incluso una suerte de re-edición de lo ocurrido durante la salida de la
Convertibilidad en el 2002 - bajo la administración Duhalde – que redujo así
sustancialmente el peso de los ajustes salariales por debajo de la inflación.
Cosa que – como dijimos – es lo que conviene al sector empresario y también al
propio Estado como empleador.
Se piensa que el
gobierno Macri buscaría moderar gran parte de los reclamos sindicales a cambio
de facilitar el pago – en cuotas y con bonos de la deuda pública – de los
atrasos de pago a las obras sociales de los gremios, correspondientes al Fondo
Solidario de Redistribución (FSR) , que hoy suman más de 25.000 M$ (Millones de
Pesos).
Esto toca
especialmente a la idea de pactar ajustes de salarios según inflación futura
proyectada y escalonada en lugar de hacerlo según la inflación real pasada y
con retroactivos
Adicionalmente, la
reciente declaración de la emergencia
estadística – después de los desaguisados cometidos deliberadamente por la
administración Kirchner en el INDEC para ocultar la inflación real – es otro
factor que entorpece la claridad de los datos de base para las próximas
actualizaciones salariales, lo que complica las cosas aunque se dispondría de
un Índice Minorista o IPC provisorio como referencia (que quizás no debiera
diferir mucho del IPC Congreso llevado hasta Diciembre).
Este problema de
fondo del desfase financiero en las actualizaciones salariales – un tema normalmente
soslayado en las discusiones paritarias – adquiere hoy una importancia
significativa y constituye una de las claves que están en juego frente al
efecto inflacionario combinado de las devaluaciones con traslado a precios y
del aumento de las tasas de interés.
Éste es el modo en
que la secuencia financiera deuda-devaluación-inflación – a través del
mecanismo especulativo de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés y en
un contexto de deuda pública impagable – impacta, agrava y determina los
problemas de la economía real cuyas consecuencias paga todo el pueblo
argentino.