Por Héctor GIULIANO
(7.2.2016)
Pese a la declarada política de transparencia del gobierno
Macri, en la cuestión de la crisis de los holdouts - los tenedores de bonos que
no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 - todavía son muy
pocos los datos concretos que se conocen en torno a la propuesta argentina que
se acaba de presentar al mediador de los juicios en Nueva York, Daniel Pollack,
con fecha 5.2.
Por el momento sólo
se cuenta con tres informaciones aproximativas de referencia:
- Que
el monto de la deuda en juego sería de unos 9.000 MD, sobre los que se
ofrece pagar al contado 6.500, es decir, una cifra con 25-28 % de
descuento promedio.
- Que
esta propuesta viene acompañada de un pre-acuerdo con los bonistas
italianos – anunciado días antes (el 2.2) – para pagarles otros 1.350 MD
al contado.
- Que
para poder realizar estos pagos – autorización del juez Griesa mediante –
el gobierno depende de colocar nuevos bonos en el mercado de capitales,
para pagar estas deudas a los holdouts con nueva deuda con terceros.
Fuera de esto, en
realidad, es muy poca la información adicional concreta disponible.
Estos escasos datos
conocidos, empero, abren más dudas que aclaraciones, como las que siguen:
a) no
se sabe sobre qué base total de reclamos se está verdaderamente hablando, dado
que las cifras del costo de salida de la crisis de los holdouts se estimaba
extraoficialmente entre 20-30.000 MD (Millones de Dólares).
b) gobierno
Macri y mediador Pollack hablan de una base de 9.000 MD cuando, de partida, la
cifra sería algo mayor: de 10.000 MD según el ministro Prat Gay, que habló
específicamente de 9.882 MD sin que – como decimos – se tenga en claro si se
trata de las cifras totales en juego.
c) no
se sabe qué grandes conceptos están involucrados en las negociaciones – caso de
deudas por capital, por intereses y por punitorios – siendo que la última
información oficial del Ministerio de Economía (MECON), con datos al 30.9.2015,
reconocía una Deuda total no presentada al Canje por 11.600 MD, de los que
6.200 por capital y 5.400 por intereses.
d) no
se conocen los montos desagregados por tipo y condición de los acreedores
reclamantes, que tienen distinta naturaleza y alcance, según se expone a
continuación.
e) los
fondos buitre con sentencia en firme
acumularían ya unos 1.800 MD: 1.330 MD del fallo Griesa – sumando capital e
intereses acumulados – más punitorios, honorarios y gastos.
f) los me too - yo también, o resto de los holdouts que se vienen agregando por
conexidad al caso testigo de Elliot-Singer y otros – que se dice sumarían entre
6 y 6.500 MD.
g) los
llamados bonistas italianos, representados por el lobbista y ex funcionario de
la banca italiana Nicola Stock, que habló de que el gobierno Macri se
comprometió a pagar al contado 1.350 MD, de los que 900 por capital.
h) no
se sabe si los números de la propuesta incluyen también a los bonistas europeos
en general - particularmente inversores minoristas alemanes, que están
pleiteando en su país de origen – y cuál es el monto de los mismos.
i) tampoco
se sabe si estos números incluyen los juicios de tenedores japoneses en Tokio,
que serían por un monto menos relevante y corresponden en su mayoría a
agricultores estafados en su ignorancia por los bancos que - igual que en el
caso de los más de 400.000 jubilados italianos - les vendieron bonos argentinos
cuando el país iba hacia un inexorable default en 2001.
j) igualmente,
no se tiene idea de los costos
judiciales que deberá afrontar la Argentina y cómo los pagará por concepto de
honorarios a las partes (abogados propios – del estudio Cleary, Gottlieb, Steen
& Hamilton – asesores, abogados de los demandantes, mediador Pollack y
otros).
La lista de
informaciones y datos faltantes no para acá y no hay seguridad de que se
suministren por parte de las autoridades, que están abiertamente empeñadas y
urgidas en retomar lo antes posible la política de deuda externa en gran escala
para la Argentina.
El pronto arreglo de
la cuestión de los holdouts es un objetivo básico de la política de endeudamiento Macri, que cifra formalmente sus
esperanzas de terminar con este problema de arrastre para volver al mercado
internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en el exterior.
Es el mismo objetivo
que buscaba en su momento la administración Kirchner bajo la gestión post
Megacanje Lavagna-Nielsen y luego según
la Hoja de Ruta Boudou, pero que quedó frustrado por esta crisis de los
holdouts, que no fue heredada sino generada por el gobierno K.
Ahora la nueva
administración Macri encara el problema presentando una propuesta cuasi-formal
a los acreedores - sería algo así como una pre-oferta o documento de trabajo
elevado al mediador - con un doble propósito primario: plantear una oferta de
pago a los acreedores y requerir al juez Griesa el levantamiento de la medida
cautelar (stay) que bloquea el pago a los tenedores que entraron en el
Megacanje (que se supone acumularían hoy unos 2.000 MD).
El gobierno ofrece
dos opciones a los holdouts:
- Una
Oferta Base – para todos los acreedores – de pago contado por el equivalente
al capital original adeudado más un 50 % sobre ese capital en concepto de
intereses (igual a lo ya acordado con los bonistas italianos).
- Una
Oferta Pari Passu, para los acreedores que están litigando contra la
Argentina (con/sin sentencia a su favor) por el monto del reclamo menos el
30 %, o sea, el monto de la sentencia o el valor devengado de los juicios
aún en curso con una quita del 30
%.
Dos de los seis
grandes fondos de inversión especulativos demandantes contra la Argentina –
Montreux Equity Partners y Dart Management – habrían aceptado la oferta; pero
los cuatro restantes – Elliot Management (fondo de Paul Singer y dueño de NML
Capital), Aurelius Capital (de Mark Brodsky y también representante de los
fondos Olifant y Blue Angel), Bracebridge Capital (presidido por Nancy
Zimerman, ex Goldman Sachs) y Davidson-Kempner Capital Management – no la
aceptaron, por lo que queda abierta la mediación de Pollack, que ha elogiado
abiertamente al presidente Macri y a sus funcionarios.
Cabe agregar a todo
esto – como dato de la oferta - un compromiso importante.
La propuesta
argentina está condicionada no sólo al acuerdo con todos los acreedores y a la
buena disposición del juez Griesa – particularmente en relación al
levantamiento del stay - sino muy especialmente a la aprobación del Congreso de
la Argentina, que debiera derogar para ello dos leyes: la Ley Cerrojo 26.017,
que prohíbe reabrir el canje 2005 (que fuera suspendida ya en 2009 y 2013) y la
Ley 26.984, llamada de Pago Soberano Local, dictada en Setiembre de 2014, que
creaba además una Comisión Investigadora de la Deuda Externa Argentina –
presidida por el diputado Eric Calcagno – que no produjo ningún resultado
parlamentario.
De aprobarse lo
solicitado por el gobierno Macri, sería la primera vez que el Congreso se
expida expresamente y en forma directa sobre el tema de la Deuda Pública; y con
ello daría lugar fáctica y legalmente a que se terminase con las causas en
curso existentes por la ilegitimidad de la deuda (Olmos I – que tiene sentencia
del juez Ballestero, que fuera elevada al Congreso y nunca tratada allí – Olmos
II, Megacanje 2001 y Olmos-Gaona Marcos s/ gestión de presidentes, ministros de
economía y titulares del BCRA en relación a la deuda), si bien todas estas
denuncias se encuentran hoy prácticamente paralizadas en la Justicia.
Este tipo de
decisiones parlamentarias equivaldría así a dar por finalizada toda cuestión
sobre las mayúsculas irregularidades de arrastre del endeudamiento público
argentino – desde el Proceso Militar hasta la fecha – a convalidar todo lo
actuado al respecto y, por ende, a dejar sin efecto las causas judiciales
citadas.
No es un detalle menor que la nueva administración Macri contemple
ahora – como requisito de los nuevos acuerdos de pago que propone a los holdouts
(pagos a realizarse con fondos tomados vía más deuda pública) – comprometer
formalmente al Congreso con el acompañamiento de sus decisiones de
endeudamiento.
El arreglo de la
cuestión de los holdouts – un problema creado e irresponsablemente agravado por
la administración Kirchner – sirve así funcionalmente de motivo o excusa para
que el nuevo gobierno Macri firme la rendición
financiera que CFK evadió signar y trate con ello, a la vez, de liquidar para siempre los cuestionamientos sobre
la corrupción institucional del Sistema de Deuda Perpetua que rige en la
Argentina, esto es, sobre el mecanismo de refinanciación total y permanente de
los vencimientos de capital y toma de deuda adicional sin capacidad de repago
demostrada.
Es parte de la política institucional de endeudamiento
ya enunciada por la administración Macri en el sentido de gobernar con deuda, replanteando el esquema clásico neo-liberal de Crecimiento con Deuda Externa, ya
experimentado en la Argentina bajo la gestión Martínez de Hoz durante el
Proceso y luego durante la década de la convertibilidad menemista con
desastrosos resultados finales en ambos casos, derivados precisamente de los
problemas por sobre-endeudamiento fiscal.