continúa controlando áreas críticas del
Ejército en un plan para delarruizar a Macri
por Carlos Tórtora
Informador Pública, • 10/03/2016
En el polifacético gabinete de ministros del macrismo,
el ex diputado nacional (UCR) Julio Martínez, a cargo de la cartera de Defensa,
es uno de los que parecen estar al borde de la emergencia. Aunque lo que ocurre
en las filas militares tiene escasa prensa, el panorama interno en particular
del Ejército muestra perfiles alarmantes.
Así es que en pleno ajuste del presupuesto nacional el
número de oficiales retirados que siguen prestando servicios (y cobrando un
plus) por el artículo 62 de la ley 19.101 y la reglamentación de la ley 14.777
ya habría superado los 300, cifra más alta que durante la gestión del
cristinista Teniente General César Milani. Esta lista de ñoquis incluye perlas
notables, como el general retirado Jaime Cesio, que acaba de cumplir 81 años,
lo que lleva a la pregunta de cuáles serían hoy las tareas a su cargo. Cesio
fue el líder de los militares progresistas con el CEMIDA en tiempos de Raúl
Alfonsín y es un ícono para la cúpula cristinista que lo dejó seguir cobrando,
a lo cual Martínez no se opuso.
Pero el tema de los ñoquis militares es una anécdota
en relación a una cuestión más seria: la actual cúpula de la fuerza quedó
conformada sobre todo por ingenieros y oficiales de inteligencia, las dos
fuerzas que Milani moldeó a su gusto. Es así que éste continuaría manipulando
los hilos detrás del actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, Diego Luis
Suñer, un antiguo incondicional de aquél.
Con este panorama por delante, nadie en el Ministerio
de Defensa parece poder dar explicaciones de que cómo se está desarrollando el
programa ciberdefensa, o sea, el que lleva adelante las hipótesis de guerra
informática. Las sospechas apuntan a que Milani sigue controlando ciberdefensa
a los efectos de realizar operaciones de espionaje para preparar el terreno
para un estallido social -producto del aumento de las tarifas, la alta
inflación y la recesión- que, según fuentes cristinistas, podría golpear a
Mauricio Macri dejándolo antes de fin de año en las puertas del helicóptero.
Esto si el peronismo, impresionado por la convulsión social, le da la espalda y
lo deja librado a su suerte.
Convergiendo con esto último, el Director de
Inteligencia José Eduardo Arce también continúa reportándose a Milani. A cuatro
meses de asumir, el gobierno continuaría sin detectar dónde están, quién está
usando y para qué las dos camionetas Toyota que Milani le entregó a cada
destacamento de inteligencia, dotándolas de un equipamiento tecnológico que
cuesta aproximadamente 6 millones de dólares cada una. Algunos de los últimos
episodios de violencia que se vienen dando podrían estar relacionados con las
operaciones de estos equipos que, con sus contramedidas técnicas, pueden
resultar indetectables.
En los preparativos
La pregunta de si la estructura de inteligencia
militar le sigue respondiendo a Milani y a CFK es ya de por sí grave. Las
pesquisas del gobierno para completar un cuadro de esta inquietante situación
no fueron hasta ahora demasiado lejos. A fines del año pasado, en pleno proceso
de traspaso del poder, Suñer se desempeñaba como Director General de
Administración y Finanzas. Curiosamente, se produjo entonces un incendio en el
quinto piso del Estado Mayor, sede de esa área, y en el mismo se perdieron
hasta los archivos informáticos que contenían la aplicación del presupuesto a
determinados programas de inteligencia. O sea que no quedaron pruebas de nada.
El incendio, del que poco o nada se dijo, habría sido
parte del plan de Milani para borrar los rastros de su estrategia.
En algunos medios del PRO crece la inquietud porque
tampoco avanzan las distintas causas judiciales contra Milani por
enriquecimiento ilícito, violaciones de derechos humanos, compras irregulares,
etc.
Contando con apoyos en la AFI (ex SIDE), el general de
Cristina estaría ganando tiempo hasta que Macri sufra los efectos del ajuste y
empiece a bajar en las encuestas. A partir de este punto de inflexión, el
aparato de inteligencia clandestina empezaría a desarrollar acciones de
sabotaje de servicios públicos, apoyando con su logística saqueos cuyos
protagonistas serían grupos salidos del Movimiento Evita y Miles, dos de las
organizaciones sociales que el macrismo continúa financiando a cambio de
mantener la paz social.
El plan en marcha no tendría fecha pero varios de sus
inspiradores creen que a mediados de año el gobierno se enfrentará con una
tormenta social que lo encontrará casi inerme, con la policía bonaerense
siempre sospechada, la AFI en medio de una guerra interna y la Policía Federal,
la Gendarmería y la Prefectura poco dispuestas a comprometerse si el gobierno
no les da garantías judiciales. ¿Y cómo dárselas, si la jefa de los fiscales
continuaría siendo Alejandra Gils Carbó, amiga de Milani y pieza fundamental
del plan para delarruizar a Macri a través de una conflictividad social que
cada vez se haría más violenta?