Por Héctor GIULIANO
21.5.2016
A diferencia de lo
que comúnmente se cree, la gestión de las administraciones Kirchner y Macri en
materia de deuda pública no es opuesta sino complementaria: las acciones
concretas del kirchnerismo fueron funcionales al advenimiento de las medidas
del gobierno macrista, amparado una vez más en la excusa constante de la pesada herencia recibida para tratar de
justificar más endeudamiento fiscal.
Qué hizo básicamente
el gobierno Kirchner durante sus largos 12 años de mandato?: pagar en forma
privilegiada deuda externa con terceros – acreedores privados y organismos
financieros internacionales – a costa de aumentar una deuda intra-Estado
impagable y con el objetivo declarado de regresar al mercado internacional de
capitales para volver a endeudarse en el exterior (objetivo expreso del
Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou 2008).
En aras de cumplir
ese objetivo el gobierno Kirchner declinó formalmente cuestionar la legitimidad
de la Deuda y encaró una política sistemática de pagos a los acreedores para desagotar significativamente la deuda
externa: la presidenta Cristina Fernández auto-calificó a su administración de pagadora serial por sus récords de pagos,
hablando de 174.000 MD (Millones de Dólares) por un lado y de 190.000 MD por
otro (en su discurso de Setiembre 2014 ante la Asamblea General de Naciones
Unidas (AG ONU), aunque ambas cifras no están debidamente probadas.
Más aún, fue su
gobierno el que propuso la Resolución de la AG ONU para internacionalizar los
casos de default de deuda soberana, replanteando la propuesta del FMI del 2002
basada en el informe de su entonces vice-jefa Anne Krueger, que tiene por
finalidad sustraer los problemas de la deuda de los Estados a la competencia de
sus tribunales locales y someterlos a nuevos mecanismos de manejo
supra-nacional.
A los fines de poder
cumplir con sus pagos privilegiados de la Deuda Externa – durante todo su
triple mandato – el kirchnerismo habilitó la política institucional de pago de
las obligaciones externas con reservas internacionales, lo que llevó a la
descapitalización del Banco Central (BCRA) y a su consiguiente endeudamiento
paralelo o cuasi-fiscal para reponer tales reservas y también para favorecer la
rentabilidad récord del sector financiero-bancario local a través del mecanismo
de las Lebac (producto de la política de compra de reservas con deuda).
El Megacanje
Kirchner-Lavagna 2005-2010 fue presentado ante la opinión pública – por el
oficialismo K, por la oposición política y por los medios del establishment –
como un éxito de negociación (toda
una constante en materia de reestructuraciones forzadas de deuda) pero fracasó
porque ya a los dos años de firmado no se podía pagar y se apeló entonces,
sucesivamente, al intento de aumento de recaudación sobre el Agro (Resolución
125) y al incremento de la presión tributaria en general, a la citada política
de pago con reservas internacionales, a la estatización de las AFJP (que
detentaban en su poder gran parte de la deuda en pesos), al empapelamiento del
propio Estado traspasándole la deuda sin capacidad de repago a los principales
organismos oficiales nacionales (BCRA, ANSES, BNA y otros) y a la emisión
monetaria sin respaldo de crecimiento económico.
El kirchnerismo
recibió así una deuda pública de 152.600 MD en el 2003 y la dejó en unos
260,000 MD al fin de 2015, esto es, un aumento de más de 100.000 MD en cabeza
del Estado Central.
El falso mito del des-endeudamiento (un mito
consentido y apoyado por la oposición política, con la actual administración
Macri a la cabeza) preparaba, en realidad, la descongestión de la parte más
pesada de la deuda externa argentina para allanar el camino a la vuelta al
mercado mundial de capitales.
Para ello, la receta en
curso era y es la licuación de la deuda interna en pesos – en su mayoría a
cargo del FGS de la ANSES (el 64 % de la plata de los jubilados) – como
producto de la inflación creciente, de manera de ir disminuyendo gradualmente
el peso de la deuda intra-Estado a costa del traspaso a pérdida de la deuda
original con terceros.
Las torpezas cómplices del kirchnerismo
quedaron de manifiesto con el desacato indefendible ante los tribunales
estadounidenses después de haber aceptado su competencia.
Esta postura irracional
agravó la posición de la Argentina debido a la negativa kirchnerista a
investigar las mayúsculas irregularidades de la Deuda Pública (que era el único
recurso de última instancia frente a las exigencias de los acreedores), a
soslayar completamente las causas judiciales en curso en nuestro país que
llevarían a la nulidad de gran parte de la deuda externa (Olmos I – con
sentencia del juez Ballestero – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos
Gaona-Marcos) e incluso a dejar
inoperante la Comisión Investigadora de la Ley 26.984, dictada tardíamente en
Setiembre de 2014.
El gobierno Kirchner
malogró desde el inicio la estrategia de defensa de nuestro país ante los
tribunales de Nueva York:
- Porque
no cuestionó la legitimidad de las acreencias pese a la existencia de
causas judiciales en curso en la Argentina.
- Porque
aceptó la entidad de los reclamos de los Fondos Buitre (FB) que no entraron en el Megacanje
Kirchner-Lavagna al reconocer el valor nominal de los títulos y no el
valor real de compra de los mismos.
- Porque – una vez producidos los fallos
adversos en las tres instancias judiciales norteamericanas – no blanqueó
el default de toda la Deuda Pública, como hubiera correspondido, para
abrir una nueva reestructuración de las obligaciones (que era una de las
recomendaciones del Estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,
expuesta como alternativa por memorándum al ministro Kicillof en Mayo de
2014).
A diferencia de hacer
esto último, la administración Kirchner no sólo agravó su posición de desacato
sino que dejó así completamente allanado el camino hacia una rendición final –
jurídica y financiera – en la cuestión de los Holdouts, cosa que inmediatamente
encaró el nuevo gobierno Macri con el argumento de la salida del default (un argumento que todos – oficialismo,
oposición y medios – negaban públicamente relativizándolo como default parcial o técnico).
Con el agravante que
la actual administración contó ahora para ello – por primera vez en forma
expresa - con la aprobación previa del Congreso de la Nación, que a través de
la Ley 27.249 le autorizó la colocación de deuda externa por 12.500 MD, sin
tener constancia alguna de los conceptos y liquidaciones de pago pactados en
secreto por el Ejecutivo.
Esta nueva deuda –
autorizada por ley – se suma a los 23.400 MD contemplados en el Presupuesto
2016 (Ley 27.198, que le dejó aprobada el gobierno CFK), lo que eleva a unos
36.000 MD el total de obligaciones a colocar este año: un monto de
endeudamiento sobre el que no existe demostración alguna de su capacidad de
repago, lo que condena y acentúa la trampa del sistema de deuda perpetua en que
está inmersa la Argentina por refinanciación permanente de sus vencimientos.
Hoy nuevamente – como
en todos los ciclos del eterno retorno de
la Deuda – una administración de discurso neo-liberal, argumenta sobre la herencia recibida como excusa para
entrar en una nueva ola de endeudamiento
externo en gran escala – que ya ha comenzado – aduciendo la inevitabilidad
de la vuelta al mercado internacional de capitales.
Estamos frente a una
reedición de los viejos y conocidos planteos de la gestión Martínez de Hoz bajo
el gobierno del Proceso y de la década menemista de la Convertibilidad de los
´90 presentados, como siempre, bajo el ropaje de un retorno de la confianza, de una reinserción
de la Argentina en el Mundo y de la tradicional receta de buscar un Crecimiento Económico con Deuda cuando
la Deuda es precisamente el principal obstáculo del Crecimiento.
Es la forma en que la
alternancia política de gobiernos populistas y neoliberales deviene funcional a
los intereses de las estructuras de poder financiero, que son las que fijan
realmente las Políticas de Estado.