Esta fue la estafa del siglo
Jorge Vitale
Informador Público, 31-10-16
La expropiación fue la metodología del gobierno K para
pretender tapar la corrupción.
En la causa Tarjeta SUBE, luego de desatado el
escándalo, se rescindió el contrato y se pasó el control al Banco Nación. Esto
representó una pérdida para el país no menor a 600 millones de pesos.
En la causa “Sueños Compartidos” (Hebe de Bonafini y
familia), se estatizó todo, lo que representó para el país una pérdida no menor
de 1.000 millones de pesos.
En la causa Boudou-Ciccone, 400 millones de dólares.
Pero la frutilla del postre fue la estatización de
REPSOL-YPF, que no obstante lo que ya se perdió, ahora, mediante un fondo los
Eskenazi, pretenden una indemnización por sus acciones no menor a los 3.000
millones de dólares y están litigando en EEUU, donde fijó competencia el mismo
Néstor Kirchner en sus acuerdos.
Cuando nuestro pueblo se pregunta por qué no están
presas las máximas autoridades del gobierno anterior, la respuesta es que los
jueces federales, que tienen estas causas que yo mismo denuncié por acción u
omisión, son responsables directos. Todo esto tiene un nombre: latrocinio y
traición a la patria. Todas estas expropiaciones sin sentido evitaron construir
viviendas, tener mejor salud, más seguridad y más educación.
La expropiación de REPSOL-YPF representó para la
Argentina un grave perjuicio económico. Hasta los españoles dicen que al momento
de la expropiación de Repsol la empresa tenía un saldo positivo de 8.813
dólares, es decir, se habían llevado ese dinero sin que fueran utilidades; que
es una empresa que evade impuestos, que no es una empresa española sino que
tiene sede en España, pero además 13 filiales en paraísos fiscales, no respeta
el medio ambiente y vulnera a las comunidades mapuches, como sucedió con Cerro
Bandera y Loma de la Lata.
Todo esto está corroborado por el Observatorio de la
Deuda en la Globalización (O.D.G.), el observatorio de las Multinacionales en
América Latina (O.M.A.L.), Ecologistas en Acción (ALSUR-LAS SEGOVIAS y
Associacion Catalava D Engimyeriasense Fronteras (E.S.F.) y miles de españoles
que se han expresado en contra de la defensa que hacía Rajoy de esta empresa.
Esto no tiene otro nombre: ES CORRUPCIÓN. La
expropiación de REPSOL-YPF fue realizada para tapar la corrupción, ya que se
distribuyeron durante los últimos años utilidades que no existían. Se llevaron
más de 12.000 millones de dólares con esta mecánica y el grupo Eskenazi compró
una parte de la empresa sin dinero.
Esto está debidamente comprobado por peritos de la
Corte Suprema de Justicia y por una ONG que dirige un conocido perito forense.
Pero además de eso, el valor según balances es de dólares 2.300 millones. El
valor que tenía al momento de la expropiación era de menos de dólares 4.000
millones y el pasivo que dejó Repsol al momento de la expropiación era de 9.000
millones de dólares y, a las apuradas, el tribunal de tasación dominado totalmente
por los K, dijo que el precio era correcto.
La mecánica de la corrupción en la Argentina es
similar en todos los casos: el dinero se fugó al exterior, ya que era imposible
justificar los montos, por los sobreprecios, los retornos y otros rubros. Pero
además las causas estuvieron todas planchadas.
La expropiación de YPF fue para ocultar la compra sin
fundamento y sin dinero que realizó Néstor Kirchner con la familia Eskenazi. Y
como si esto fuera poco, se sumó la falta de control en las inversiones y
permitir la distribución de utilidades que la privatización no había previsto.
Se expropio justamente para todo esto: para evitar investigar todos estos actos
irregulares, que son delitos, cuando se hubiera podido rescindir el contrato
con Repsol por falta de cumplimiento, sin derecho a ninguna indemnización.
La misma implementación en el caso Boudou-Ciccone,
Schoklender y la empresa que controla SUBE. Todas estas causas tienen muchas
cosas en común y son también motivo del lavado y fuga de dinero al exterior.
Todo esto tiene su fundamento en lo que dicen los
distintos organismos internacionales sobre la corrupción en la Argentina.
En España, en la causa Gurtel, donde interviene el
Juzgado de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del Dr. Pablo
Ruz, que investiga el caso Barcenas, por corrupción y sobresueldos, también
investiga a la Argentina en especial a esta empresa y otras.
En Uruguay, el juez Néstor Valetti, la fiscal Mónica
Ferrero y el fiscal Juan Gómez investigan todas estas conexiones:
Los imputados son funcionarios públicos.
Las empresas imputadas son off shore, es decir,
internacionales, porque su constitución se realiza en el exterior y son
registradas en la Argentina.
Se vislumbran sobreprecios en el servicio a prestar.
Forma y modo de contratación: puede ser directa o, en
el caso de ser por licitación publica, lo hacen de manera totalmente digitada.
La forma y modo de esconder las sumas por los
sobreprecios y la corrupción es a través del lavado de dinero, el giro al
exterior de estas sumas.
Los fines para los cuales se constituyen estas
empresas nunca terminan por cumplirse, salvo el de la corrupción.
Ninguno de estos hechos fue investigado por los
fiscales de oficio o por la Fiscalía de investigación financiera.
En todos estos contratos hubo ausencia de contralor.
Es decir, no hubo intervención de la UIF, AFIP, IGJ. En la causa Ciccone hubo
ausencia por parte de la Casa de la Moneda.
El Gobierno Nacional reconoció las irregularidades
-delitos- y producto de ello es que han sido rescindidos los contratos con las
empresas intervinientes en el caso Schoklender y en el caso SUBE. Mientras que
en el caso Boudou-Ciccone dictó un decreto para expropiar, como en el caso de
YPF-REPSOL. Pero en ninguno de estos cuatro casos ha hecho referencia al
perjuicio económico que se ha producido al estado por esos contratos.
"Esto no es la ruta del dinero K, es la
autopista…", afirma Ricardo Paz Herrera, un pequeño accionista de YPF, en
un video que envió a Infobae. "El caso Petrobras es insignificante al lado
de esto", insiste.
Y denuncia un megafraude en la petrolera durante la
década ganada. En el video, de manera casi didáctica, relata una serie de
maniobras a través de las cuales funcionarios delos gobiernos kirchneristas se
habrían "robado" 46 mil millones de dólares.
Pero, ¿quién es Paz Herrera? Es un accionista
minoritario de YPF que se animó a denunciar las supuestas irregularidades que
se habrían desencadenado durante las administraciones de Néstor y Cristina
Kirchner, con Axel Kicillof y Miguel Galuccio como actores de reparto.
Según los datos recogidos, Paz Herrera sospecha que se
cometieron diversos delitos como "robo de los activos de YPF",
defraudación, evasión, lavado de dinero, fraude a los inversores extranjeros y
fraude a los más de 30 mil trabajadores. Además, le imputó las consecuencias
económicas que sufrió el país, entre las cuales enumeró: "Pérdidas del
autoabastecimiento, importación de energía, pérdida de reservas del BCRA, cepo
cambiario, restricción de importaciones, recesión y constantes aumentos de las
tarifas de gas y combustibles".
Paz Herrera sostiene que la expropiación, decidida por
Cristina Kirchner y avalada por la mayoría kirchnerista del Congreso de la
Nación, fue para tapar estos desaguisados y no parte de la "gesta nacional
y popular" como quiso informar el relato kirchnerista.
Este fraude -según su denuncia- se habría concretado
fundamentalmente a través de tres operatorias:
Exportaciones a "precio vil". El gas y el
petróleo de YPF lo exportaban a bajísimo precio a compañías vinculadas a Repsol
en el exterior. Luego esas empresas lo vendían al verdadero valor que tenían en
el mercado, obteniendo de esa manera ganancias millonarias fuera del país; pero
a la contabilidad de YPF sólo ingresaban los montos correspondientes a las
operaciones hechas al "precio vil". Según un informe de la Auditoría
General de la Nación, YPF bajo el control de Repsol, exportaba el barril de
petróleo a la mitad o menos aún del valor de referencia internacional. Esta
modalidad fue denunciada por la AGN en por lo menos tres contratos en los que
YPF exportó por un total de USD 1.109.491.409 a la mitad de su valor de
mercado.
Transferencia de patrimonio. Repsol transfirió a su
patrimonio y al de empresas vinculadas los yacimientos que YPF tenía en el
exterior. YPF había comprado en los 90 yacimientos en Brasil, Ecuador, Estados
Unidos, Indonesia y Rusia. Esas adquisiciones se hicieron cuando el valor del barril
de crudo era de USD 20; y cuando Repsol los pasó a su patrimonio el precio del
barril era de USD 100, con lo cual se hizo de una millonaria utilidad.
Cobro de exorbitantes y legalmente cuestionables
dividendos, muchos de ellos superiores a las ganancias reales de la compañía,
pagos de honorarios millonarios a sus directores, pago de facturas apócrifas a
proveedores inexistentes y el pago de sobreprecios a proveedores.
Los fondos obtenidos a través de estas maniobras
-según la denuncia de Paz Herrera- se habrían girado a cuentas en España,
Estados Unidos y Australia. El dinero se giraba a una sociedad comercial
radicada en Madrid que a su vez era controlada por otra con domicilio en
Australia. Las acciones de esta última eran al portador y se sospecha que eran
del matrimonio Kirchner.
Todo este desmanejo provocó que bajaran las reservas
de gas de 17 a 7 años y la producción de gas y petróleo se redujeron un 50 por
ciento. YPF pasó a tener una deuda de USD 9 mil millones y con dinero en caja
para afrontar sus costos durante sólo 22 días. Frente a este panorama tan
oscuro, comenzó a planificarse la retirada de Repsol de YPF.
A fines de 2010 Repsol vendió el 17% de sus acciones a
inversores norteamericanos, operación en la que -según denuncia Paz Herrera- ocultó
información relevante. El gobierno de Cristina Kirchner hacía anuncios sobre el
hallazgo de nuevos yacimientos y millonarias inversiones que en realidad no
existían, provocando que subieran los papeles de YPF. Entonces Repsol vendía a
buen precio, a USD 42 cada acción. Al poco tiempo, y al conocerse la verdadera
situación de la compañía, las acciones se desplomaron hasta los USD 11 por cada
cartular.
La maniobra habría seguido de la siguiente manera:
Cristina Kirchner culpó del vaciamiento de YPF a Repsol y por lo tanto era
necesario expropiar la empresa. A cambio, el Estado Argentino le tuvo que pagar
una "indemnización" de USD 5.000 millones a Repsol. Ese acuerdo se
plasmó en un convenio que Miguel Galuccio y Axel Kicillof le hicieron firmar a
la empresa en 2014 en el que Repsol no hacía ninguna concesión mientras que YPF
renunciaba a cualquier tipo de reclamo contra la empresa española.
Pero aún falta el último paso para completar este
multimillonario fraude del que -según Paz Herrera- habrían sido partícipes los
Kirchner. Era necesario encubrir toda la operatoria a fin de lograr impunidad.
Para lograr ese plan, Cristina Elisabet Kirchner habría contado con la
complicidad de Miguel Galuccio, Axel Kicillof y el resto de los directores
-nombrados por la entonces Presidente de la Nación- de estrechos vínculos con
Máximo Kirchner y miembros de La Cámpora.
De acuerdo con la denuncia, para encubrir el saqueo a
YPF este grupo de personas habría incurrido en violaciones al estatuto de la
empresa, a la ley de Sociedades Comerciales y a regulaciones del mercado de
valores de la Argentina y de los Estados Unidos.
Pero eso no es todo. En abril de 2015, es decir pocos
meses antes de que el kirchnerismo dejara el gobierno, Galuccio, Kicillof y los
jóvenes de La Cámpora dispusieron que fuera la propia YPF, y no una compañía de
seguros -como se suele hacer-, la que les permitiera mantenerse indemnes en
caso de cualquier reclamo que les pudieran hacer en forma personal.
Dr. Jorge Luis Vitale