Queda confirmado, oficialmente, lo que hemos sostenido desde este blog: el gobierno argentino anterior, por respaldar a los fundamentalistas ecológicos de Gualeguaychú, ocultó durante varios años los informes de la comisión mixta que realizaba los controles ambientales. La ecología es una disciplina científica, pero el ecologismo constituye una ideología que conduce a menudo a la autoridad pública a papelones como el que resulta de este informe.
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Natasha Niebieskikwiat
Clarin.comPolítica, 02/11/16
Finalmente, las delegaciones de la Argentina y Uruguay
ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) presentaron ayer ante
las cancillerías de los dos países los resultados de los monitoreos
medioambientales conjuntos efectuados alrededor de la planta de pasta celulosa
UPM (ex Botnia), que se levanta en la costa uruguaya de ese curso de agua y que
enfrentó a los dos países en un juicio ante la corte de La Haya. En Argentina,
la canciller Susana Malcorra recibió en un acto simbólico el sobre con los
informes de manos del presidente argentino de la CARU, Mauro Vazón.
De
la lectura de los informes decanta que en la desembocadura del río Gualeguaychú
en el río Uruguay -del lado argentino- se registran más contaminantes que los
que se observan del lado del río Uruguay donde se levanta la pastera en la
ciudad de Fray Bentos, cuyo nombre formal es planta “Orión”.
La publicación de los resultados del monitoreo fue una
decisión de los presidentes Mauricio Macri y Tabaré Vazquez luego de sus
encuentros en la estancia de Anchorena, Colonia en enero, y más recientemente
en Buenos Aires. Tal como había señalado este diario, el presidente Macri dijo
la semana pasada que en “horas” se conocerían los resultados de las 50
“campañas” de monitoreo realizadas sobre la planta Orión (UPM-ex Botnia) y de
la desembocadura del río Gualeguaychú entre junio de 2011 y julio de 2015. A
ellos se sumaron otras 32 tomas de datos en la zona de influencia de esos dos
puntos entre septiembre de 2012 y abril de 2015.
Los dos gobiernos acordaron ahora que a partir de
diciembre la CARU comenzará a monitorear todo el recorrido compartido del río
Uruguay, que es de 500 kilómetros aproximadamente.
El
resumen del informe muestra que en los monitoreos sobre la zona donde vierte
efluentes la planta Orión y en las piletas que acumulan agua de lluvia de esa
fábrica, la CARU y la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA)
detectaron menos de una decena de "apartamientos de la normativa".
En algunos casos, incluso, luego de la detección de
sustancias en valores más altos que los permitidos, UPM hizo obras para
remediar la situación. Ese fue el caso de la detección de "material sólido
superior al 10 mm en la canaleta Parshall", tras lo cual "se
colocaron rejas" y esa irregularidad no volvió a aparecer. También se
encontraron aceites y grasas por encima del valor establecido -en una ocasión-
y "altos valores de PH" en un estudio de 2011. Se encontró fósforo en
tres ingresos y en dos ocasiones la temperatura del efluente no cumplió con su
nivel de 37°. Por eso se instalaron dos torres de enfriamiento en la zona de descarga.
El
contraste con las muestras de agua en la desembocadura del río Gualeguaychú es
elocuente. Allí, donde llegan los efluentes vertidos en la ciudad de
Gualeguaychú, se encontraron irregularidades en todas las ocasiones en que se
emprendieron análisis. Por ejemplo, en los 50 estudios se detectaron presencias
de hierro en el agua mayores a las permitidas por la normativa argentina.
También se observó aluminio en proporciones mayores a las reguladas en el 100%
de las tomas. Algo similar ocurrió con berilio (sólo dos veces no se encontró)
y con el amonio (detectado en 36 de las 50 tomas).
El diferendo entre la Argentina y Uruguay por el
emprendimiento de Botnia alcanzó niveles de virulencia desconocidos en la
historia de la relación bilateral: además de un corte del paso internacional
entre Gualeguaychú y Fray Bentos por más de cuatro años, la Argentina denunció
a Uruguay en la Corte de La Haya, que terminó desestimando el recurso en 2010.
En esa ocasión, La Haya no ordenó relocalizar la
planta, pero sí pidió que se monitoree su actividad. Cristina Kirchner y José
Mujica implementaron los estudios en conjunto pero nunca se pusieron de acuerdo
respecto a la difusión de los exámenes que terminaron difundiéndose ayer.