Por Gonzalo Neidal
Alfil, 5 enero, 2017
Pocos deben recordarlo pero cuando Eugenio Zaffaroni fue nominado para integrar la Corte Suprema de Justicia por parte del kirchnerismo, concedió un largo reportaje a la revista Rolling Stone. En esa entrevista el ex magistrado expone con crudeza su filosofía jurídica. El periodista le pregunta si, en sus años de juez en lo penal, mandó mucha gente a la cárcel. La respuesta de Zaffaroni es la que sigue:
“(Piensa, prende un cigarrillo largo y flaco, llamado Vogue.) Sí, pero la diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: “A ver cómo lo zafo a éste”. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: “A ver cómo hago para que la lleve más aliviada”. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre. En definitiva, la función del juez penal es contener el poder punitivo, ¿viste? Poder decir: “Bueno, hasta acá”. En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: “Vamos a ver cómo compensamos esto”.”
Ese es el pensamiento de la corriente garantista en la Argentina: abrir un expediente con la idea de “hacer zafar” al acusado de un delito o bien si eso no es correcto, entonces hacer “que la lleve más aliviada”. Además, Zaffaroni piensa que la función de los jueces penales consiste en… ¡ponerle límite al poder punitivo del estado! Ahí está expuesta con toda claridad la línea de pensamiento que suscribe la izquierda en la Argentina, la fracción kirchnerista del peronismo y gran parte del progresismo.
La posición del progresismo ha sido expuesta con claridad por Margarita Stolbizer. Ella dice que el gobierno debe gastar en educación y no en cárceles. La idea subyacente es que el delito es consecuencia de la marginación social y la pobreza. Entonces es la sociedad en su conjunto la responsable de esta situación, no el delincuente. Piensan que un joven de 14 años es apenas un niño y que, si mata, es porque la sociedad no lo ha educado apropiadamente .Y si no lo ha hecho, entonces no lo puede condenar. En consecuencia, no debe penalizarlo porque, además, las cárceles no reeducan sino que afianzan en el delito. Esta visión es la que sostiene todo el andamiaje garantista, cuya finalidad no es otra que el abolicionismo, es decir, la supresión de toda punición al delito.
Este tema aparece una y otra vez en el debate de los argentinos. Ahora se hace presente por el asesinato de un adolescente de 13 años a manos de uno de 14, con arma de fuego. Ocurre que el gobierno ha manifestado su intención de proponer una rebaja en la imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años. Esta posición es sostenida gran parte de los argentinos..Otros piensan lo contrario: que los menores no deben ser penalizados.
Un punto de vista similar es el que sostiene la Iglesia Católica y fue expresada por Francisco apenas asumió, cuando le envió una adhesión a un congreso jurídico organizado por Eugenio Zaffaroni. Francisco hablaba de “la misericordia infinita” y de “poner la otra mejilla”. Esta es la idea progresista-populista del derecho penal.
Por supuesto que, cuando más avancemos en la educación y en la inserción social, el delito tenderá a disminuir. Pero todos sabemos que se trata de un plan de largo aliento, que puede llevar varias décadas. La pregunta es qué hacemos mientras tanto. Cabe preguntarse también si un joven de 14 años está en condiciones de discernir que robar y matar está mal. Si está en condiciones de determinar que pegarle un tiro en la cabeza a otro joven es algo que no debe hacerse.
Este es un debate que parte en dos al país. El peronista Julián Domínguez tuiteó: “Este gobierno no tiene corazón”. Apunta a señalar que se desentiende de la problemática de los jóvenes marginados que deciden matar. Stolbizer dice que, con su firmeza frente al delito, el gobierno de Macri hace demagogia. Ambos dan soluciones cuyos frutos podrán verse, quizá, para las calendas griegas, allá en un futuro lejano e incierto.
En este punto, es probable que el gobierno logre suficiente apoyo para dar un paso adelante en el combate del delito.