Néstor O. Scibona
La Nación, 19 DE FEBRERO DE 2017
Las metas fiscales que se apresta a anunciar Nicolás Dujovne exceden el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, en la medida en que no abarquen los problemas estructurales del sector público a nivel nacional, provincial y municipal agravados en los últimos años hasta convertirse en una hipoteca para el futuro económico.
El año electoral no es el más propicio para acordar políticas sustentables de mediano y largo plazo, aunque se hayan reanudado contactos con gobiernos provinciales para esbozar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, pendiente desde 1994 cuando se incluyó como objetivo constitucional. A su vez, la reforma tributaria integral prometida por la Casa Rosada deberá esperar por lo menos hasta 2018. Mientras tanto, la reducción del peso del Estado en la economía depende del incipiente repunte del PBI que está condicionado por la alta presión impositiva en todas las jurisdicciones y aun así no alcanza para cubrir la fuerte expansión del gasto público generado por el populismo de la era K. Si bien fue reorientado, tampoco disminuyó nominalmente en el primer año de gestión de Mauricio Macri.
En medio de las polémicas políticas de los últimos días por la deuda del Correo y la movilidad jubilatoria, quedó relegado a segundo plano un revelador informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) a propósito del plan oficial de modernizar el Estado a través de la capacitación de 80.000 empleados públicos. Idesa pone de relieve que en el período 2012/2016 fueron sumados 483.000 empleados públicos a los tres niveles de gobierno (con un incremento de 16,1% sobre un plantel de 3 millones [3.483.000]), mientras que en el sector privado la creación de empleos registrados alcanzó a 120.000 (apenas 2% sobre 6 millones).
O sea que por cada nuevo empleo privado se crearon 4 en el sector público, donde el gasto salarial representa 14% del presupuesto nacional y 65% promedio en provincias y municipios. La entidad sostiene que en este periodo incidió el uso del Estado para premiar la militancia política o congraciarse con familiares, amigos u otro tipo de compromisos, con lo cual se agravaron los problemas estructurales de sobredotación de empleo público. "No hay conciencia de que incorporar al Estado gente que no se necesita es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública", sentencia. De hecho, el exceso de gasto público implica altos impuestos e inflación, pero no se traduce en mejores prestaciones en áreas clave como educación, salud, seguridad y justicia.
A partir de esta realidad, Idesa advierte que el primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear funciones, para evitar la superposición de programas nacionales con provinciales y el derroche de recursos. También propone revisar la garantía de estabilidad laboral en el empleo público, cuya aplicación extrema -señala- excede el espíritu de evitar manipulaciones y arbitrariedades e incentiva la falta de compromiso.
Por cierto que una reforma estructural de estas características demandará tiempo y amplio consenso político. No sería viable reducir a corto plazo la sobreocupación estatal, que operó como un virtual seguro de desempleo, sin consecuencias sociales. Pero dejar todo como está equivaldría a no aggiornar obsoletos convenios laborales anteriores a la era digital; ni eliminar rigideces para reasignar recursos humanos, ni suprimir trámites burocráticos que muchas veces suponen ingresos para "cajas" políticas.
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Si bien el Congreso Nacional debería ser el ámbito para este debate, su vocación de austeridad es dudosa: cada diputado o senador es desde hace años una suerte de pyme, con un promedio de 35 empleados entre secretarias, choferes y asesores rentados. Uno de los acuerdos para votar el Presupuesto 2017 asignó unos $ 2000 millones al gobierno de Córdoba para cubrir parte del déficit de la caja jubilatoria provincial, que paga jubilaciones de privilegio de hasta $ 220.000 mensuales a jueces y legisladores retirados. El Poder Judicial resiste el pago del impuesto a las ganancias, limitado ahora a nuevos jueces. Y el gobierno de Macri debió superponer una capa burocrática propia para manejar el Poder Ejecutivo, con la designación o contratación de funcionarios más allá de los cargos políticos.
De todos modos, el año electoral podría ser aprovechado por la Casa Rosada para diseñar y proponer nuevas reglas a mediano plazo. Hay sondeos con gobernadores para acordar una ley de responsabilidad fiscal con horizonte hasta fin de 2019. Más complicado será reducir o reemplazar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, que en promedio ya representan el 75% de los recursos propios de las provincias.
Mientras tanto, también podría avanzarse en otras correcciones donde el Estado complica la vida cotidiana.
El último ajuste de peajes en el AMBA, que coloca a las tarifas en horas pico por encima de Estados Unidos y países europeos, no fue justificado en futuras obras. No es la única penuria que deben padecer automovilistas y transportistas. Quien compra un 0 km no sólo debe pagar por patentamiento el 6/7% del precio total. Al vender y transferir su modelo usado, tiene que llenar varios formularios manuscritos y por triplicado. Y aunque el libre deuda de infracciones puede bajarse de la Web, no es válido sin un timbrado de $ 125. Como la transferencia no siempre es registrada a tiempo, es posible que reciba citaciones por multas o deudas posteriores y demostrar personalmente que el vehículo ya no le pertenece. Además, el gobierno porteño obliga a grabar la autopartes, a un costo de $ 650 y sin noticias de que esa obligación sea fiscalizada hasta el momento de venta. Resultado: una innecesaria pérdida de tiempo y dinero. Por otro lado, prevé extender las multas fotográficas por mal estacionamiento pese a la escasez de espacios públicos y privados. Pero mantiene en pie una ordenanza de 1977 que permite la construcción de edificios de varios pisos y no más de 4/5 cocheras, pese al boom inmobiliario y el crecimiento del parque automotor.
A la hora de transitar, en la CABA las obras de repavimentación suelen incluir el cartel "Juntos seguimos avanzando". Pero rara vez otro que advierta con algunas cuadras de anticipación sobre el corte de calles o avenidas. En lugar de avanzar, hay que desviarse hacia un inesperado embotellamiento, o bien retroceder para evitar más pérdidas de tiempo.