ni trabajan ni buscan trabajo por
temor a perder el plan
La Nación, 07 DE MAYO DE 2017
Miedo es la palabra. De ahí que el término “ni-ni” ya
no se refiere solamente a jóvenes que ni trabajan ni estudian. Quienes tienen
un plan temen tomar un trabajo formal, perder el plan y después perder el
trabajo, lo que significa quedarse sin nada. Prefieren permanecer en
actividades muchas de ellas sociales. Trabajar sobre esta situación es el
objetivo del anuncio de esta semana por parte del Gobierno, que lanzó un
programa para que las empresas tomen empleados con planes y reciban un subsidio
durante dos años. En caso de quedarse sin el trabajo, la persona podrá
recuperar el plan.
El miedo se tradujo en una caída de la tasa de
actividad, que sólo en 2016 se ve en retroceso: cae del 57,8% en el segundo
trimestre, a 57,7% en el tercero, y a 56,9% en el cuarto, según el el organismo
de estadísticas oficial, aunque esta tasa ya venía disminuyendo durante los
años anteriores.
“Se trata de un fenómeno que apareció en la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), y que muestra que cae la población que trabaja y
también la que activamente busca trabajo”, dice Víctor Beker, director del
Centro de Estudios de la Nueva Economía, de la UB. “Los desocupados entonces
contestan a la encuesta que no están buscando trabajo, aunque no lo tienen”.
Prefieren la seguridad del plan, aunque cobren menos, que obtener un trabajo
registrado y sus beneficios de la seguridad social, pero que lleva también a
una cierta inestabilidad ya que siempre está la posibilidad del despido. Se
sabe que el ahorro no fue la base de la sociedad en los últimos años, y sin ese
“colchón”, las opciones son menores.
Para trazar un mapa de los planes sociales en la
Argentina es necesario comunicarse con la Anses, que maneja la Asignación
Universal por Hijo (AUH); también con diferentes ministerios: de Trabajo, de
Desarrollo Social, y con Presidencia. Pero además habría que establecer cuántos
son los planes provinciales y municipales, una información que no está
unificada y que es muy difícil de recabar. Es parte del desorden en materia de
cifras que también se puede observar en la cantidad de trabajadores estatales.
Algunas cifras a partir de diversas fuentes permiten
establecer que hay casi 4 millones de personas asistidas por la AUH y 900.000
por el programa Progresar, ambos desde el Anses. También hay casi 900.000 con
pensiones no contributivas (para discapacitados, madres de 7 hijos o más y
adultos mayores). Por otro lado, hay alrededor de 400.000 personas en programas
del ministerio de Trabajo y 175.000 con seguro de desempleo. Y por otro lado,
está Ellas Hacen, con 80.253 titulares y Argentina Trabaja, con 119.380
participantes, ambos dependientes del ministerio de Desarrollo Social,
Transferencias
El último informe del Observatorio de la Deuda Social
Argentina, a cuyo adelanto tuvo acceso LA NACION, da cuenta de que en el tercer
trimestre de 2016 el 32,2% de los hogares recibió algún tipo de programa
social, es decir, asignacion de ingresos a través de transferencias monetarias
(incluye tarjeta alimentaria/social); asignaciones familiares no contributivas
o asistencia alimentaria directa, como recepción de caja o bolsón de alimentos
o comida en comedores públicos no escolares. En el último trimestre de 2015,
los obtuvo el 29,6% de los hogares, por lo que hubo un incremento de la
asistencia social por parte del nuevo gobierno.
La clase media no profesional necesitó un refuerzo de
asistencia, pasando del 13,5% de hogares con ayuda estatal en 2015 al 15,7% en
2016. Por su parte, la clase trabajadora marginal tuvo prácticamente la misma
asistencia en 2015 que en 2016, 58,2%, pero más que en 2014 (54,1%), y que en
2013 (46,9%).
Por otro lado, el 6,5% de las hogares de nivel
socioeconómico medio alto recibe transferencias, casi el mismo porcentaje que
en 2015. Cuando se va al nivel medio bajo, se ve un salto, en 2015 llegaron al
18,2%, pero en 2016, treparon a 23,3%, protagonizando uno de los aumentos más
importantes en materia de asistencia.
Cuando se evalúa la condición según la situación
laboral del jefe de hogar, un 16,4% de los hogares con jefes con empleo pleno
recibió algún tipo de programa en 2016 (contra un 13,3% en 2015); el 46,8% de
los hogares cuyo jefe tiene un empleo precario y el 56,8% de los jefes de hogar
desocupados o subempleados (el 51,2% en 2015).
Empalme
Como se anunció esta semana, el Gobierno intenta que
personas que forman parte de la población económicamente activa dejen de cobrar
el subsidio durante dos años después de ingresar en las filas del trabajo
privado registrado. Se trata de alrededor de 1 millón de personas (que
pertenecen a programas de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social), de las
cuales según cálculos oficiales deberian ingresar al mercado privado formal
unas 80.000 por año.
Los programas vigentes con trabajadores que pueden
ingresar a la actividad privada con subsidio estatal son: desocupados incluidos
en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; Progresar; quienes reciben una
prestación por desempleo; Promover; Ellas Hacen; Argentina Trabaja; Construir
Empleo; adherentes del Programa Intercosecha y egresados de cursos de formación
profesional del Ministerio de Trabajo.
Pero, según Agustín Salvia, director de investigación
del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la UCA. hay que mirar
en detalle la actividad que realizan quienes tienen un plan, rescatar su valor
y ayudar a que su labor sea más eficiente (y también reconocida). “A través de
algunos programas de transferencia de ingresos se desarrollan actividades
sociales que son muy valiosas, como por ejemplo en comedores”, dice. “Muchas
veces las organizaciones sociales llevan adelante programas de promoción social
que no son un empleo en una actividad productiva, pero sí son empleos de
interés social.
“Sería muy importante que, en vez de sacar a los
trabajadores de allí para que se inserten en una empresa, que se mejore el tipo
de proyecto social que vienen desarrollando a través de microemprendimientos o
cooperativas. La idea es mejorar la productividad de esos empleos, más que
motivar a que salgan de ellos y vayan a un lugar en donde les están quitando el
trabajo a otros.”
El beneficio para el empleador de 4000 pesos (el monto
promedio de los planes con contraprestación laboral), que pagará el Gobierno en
concepto de salario, es un incentivo para romper con el esquema de potenciales
trabajadores temerosos de perder su plan si es que obtienen un empleo formal.
El programa, contempla, además, que la persona pueda volver al plan si es que
es despedida.
Los empleadores tendrán que cumplir con las
obligaciones que les impone la ley laboral vigente, con las obligaciones de la
seguridad social, pagándolas sobre la remuneración total del salario pactado.
Sin embargo, según los expertos, tiene que haber más
demanda de empleo, “algo que todavía no estamos viendo”, dice Salvia. “La clave
para que se cree mas trabajo es que haya mas crecimiento.”
Las empresas que están interesadas se pueden comunicar
con la Oficina de Empleo Municipal y con la Gerencia de Capacitación y Empleo
más cercana a su zona.