pone en jaque al gobierno
por el vacío legal y regulatorio que tienen los ómnibus
por Antonio Rossi
Informador Público, 1-7-17
La tragedia de San Rafael que tuvo como protagonista a
un ómnibus de larga distancia que prestaba un servicio de turismo no habilitado
y que provocó la muerte de quince personas volvió a poner de manifiesto la
grave y atípica situación regulatorio que presenta el transporte automotor de
pasajeros.
El sector -tal como ha ratificado un reciente fallo
judicial- se encuentra enmarcado dentro un llamativo y peligroso “vacío legal”
porque carece de un marco regulatorio específico.
Más allá del duelo nacional por la tragedia dispuesto
por el PEN y las explicaciones oficiales que buscaron descargar toda la culpa
del accidente en el chofer, la empresa de turismo y la falta de control de la
Gendarmería; la inexistencia de un marco regulatorio constituye un grave
incumplimiento tanto de las autoridades de la Comisión Nacional Reguladora del
Transporte (CNRT) que encabeza Pablo Castano; como del ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich.
Tras el accidente en la ruta de Mendoza, esta
situación adquiere una mayor relevancia política y obliga a la Oficina
Anticorrupción (OA) que comanda Laura Alonso a darle curso a la denuncia
específica de esta cuestión que tiene en su paralizada en su escritorio desde
principios de año.
Con el patrocinio del ex secretario de Transporte,
Armando Canosa; la Asociación de Consumidores y Usuarios de la República
Argentina (ACUDA) denunció ante la OA que “practicamente todas las empresas que
operan las líneas de colectivos en la región metropolitana y de larga distancia
tienen los permisos vencidos y siguen prestando servicios sin contar con las habilitaciones
administrativas correspondientes”.
La presentación de asociación de usuarios resaltó que
“el autotransporte automotor de pasajeros del área metropolitana (AMBA) está
sumergido en un verdadero caos. Los denominados “permisos de explotación” que
son los títulos que tienen los prestadores para realizar los servicios están
casi todos vencidos y, en algunos casos, esa caducidad ya acumula más de 10
años”.
A la titular de la OA, Laura Alonso, los dirigentes de
la ACUDA le pidieron que investigue “la inacción de la cartera de Dietrich”
ante la ausencia total de un marco regulatorio del sector como consecuencia de
la caída de la ley 12.346 que regulaba todo lo atinente al transporte
automotor.
“La ley 26.939 que aprueba el Digesto Jurídico
Argentino declaró expresamente que la 12.346 no se encuentra vigente conforme
surge del Anexo II en el Segmento Transporte y Seguros Numeral 34, con lo cual
todo el sistema se encuentra sin una norma que permita que el Estado regule la
actividad a la que destina millonarios subsidios mensuales”, precisó la
denuncia.
Con los elementos y las pruebas aportados, la
asociación de usuarios reclamó una “inmediata investigación de la OA a efectos
de adoptar las medidas correspondientes para hacer cesar las ilegítimas omisiones
y a su vez denunciar penalmente a los responsables, tanto sean autoridades,
como particulares que pudieran estar involucrados”.
A las pocas horas del mortal accidente de San Rafael,
desde el organismo regulador salieron rápidamente a difundir que el ómnibus
“con patente EEZ673 que volcó el domingo en la ruta nacional 144 en cercanías
de la ciudad mendocina de San Rafael y causó al menos 15 muertos no estaba
habilitado, ya que había sido dado de baja el 12 de diciembre de 2016".
El ómnibus, que volcó cuando trasladaba a un
contingente de chicos de una escuela de danzas del municipio bonaerense de
Malvinas Argentinas, "tomó rutas alternativas para evadir los controles
planificados, por lo que las pericias para determinar las causas del accidente
están en curso", señaló el comunicado de la CNRT.
Esas explicaciones oficiales no lograron ocultar ni
responder el interrogante clave que resuena cada vez con más fuerza entre los
especialistas y empresarios del transporte: ¿Por qué el sector sigue operando
en una nebulosa legal y sin marco regulatorio específico?
A mediados de mayo, un fallo de la Cámara Contencioso
Administrativo Federal, al hacer lugar a una medida de no innovar reclamada por
una compañía de ómnibus de larga de distancia, reconoció que existe un “estado
de incertidumbre jurídica” debido a que la ley 26.939 que aprobó el Digesto
Jurídico Argentino (DJA) declaró como “norma general no vigente” a la ley
12.346 que regulaba todos los servicios y la actividad de las empresas
dedicadas al transporte automotor de pasajeros.
Con ese fallo, los jueces de la Sala III Jorge
Argento, Sergio Fernández y Carlos Grecco le advirtieron al Gobierno que los
ómnibus carecen de una ley regulatoria y que todas las empresas que prestan
servicios de pasajeros tienen sus permisos y concesiones en el aire y sin
sustento alguno.