lleva ocho años acéfala y el
Congreso dilata una definición
María Belén Álvarez Echazú
La Nación, 29
DE AGOSTO DE 2017
Ni la presión del Poder Judicial, de organizaciones de
la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos parece
despertar la voluntad política de los integrantes del Congreso de cumplir con
el mandato constitucional de designar un defensor del pueblo de la Nación. El
cargo está vacante desde hace más de ocho años, desde la renuncia de Eduardo
Mondino, el 23 de abril de 2009.
A más de un año de los fallos judiciales (uno de ellos
de la Corte Suprema) que exhortaron al Congreso a que resuelva la faltante, la
Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo no propuso una lista de
candidatos.
"Que nadie haya ocupado el cargo implica que no
exista un funcionario con una misión constitucional tan trascendente y
legitimación constitucional y legal para acciones de resguardo de derechos de
incidencia colectiva", explicó a LA NACION Carlos Tambussi, abogado y
profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.
"La acefalía implica en la práctica una parálisis
en casos fundamentales para la vigencia de los derechos humanos" es la
frase que se repite en cada reclamo de las organizaciones de la sociedad civil.
Según informes, la Defensoría no inicia desde 2012 acción alguna ni participa
en calidad de amicus curiae o como tercero en ningún juicio. No porque no quiera,
sino porque no puede.
Por su parte, la Defensoría defiende su rol.
"Somos una Defensoría profesional y apartidaria que cumple con los fines
que marca la ley, la Constitución y el derecho convencional. No tenemos ningún
problema de funcionamiento, con la sola salvedad de la falta de legitimación
procesal", afirmó a LA NACION Juan José Böckel, subsecretario y titular
del organismo.
La selección del defensor del pueblo enfrenta un
problema y un prejuicio: la Constitución estableció una mayoría agravada para
su designación y el funcionario elegido debe "defender y proteger los
derechos humanos ante hechos, actos u omisiones de la administración". Por
ello, hay quienes ven al defensor como alguien que podría
"entorpecer" el normal funcionamiento de la administración pública.
"Hay que terminar con un mito que está muy
instalado en algunos dirigentes políticos. El defensor del pueblo no es una
persona que traba la gestión de gobierno, es un organismo de la Constitución
que tiene como rol fundamental buscar ámbitos de acuerdos donde hay
conflictos", dijo a LA NACION Alejandro Amor, defensor del pueblo porteño
y actual candidato a dar el salto a defensor de la Nación.
El año pasado se abrió el proceso de inscripción para
la recomendación de postulantes. Hasta ahora hay 12 candidatos y se prorrogó el
plazo de inscripción. La lista se compone casi en su totalidad de personas que
cuentan, contaron o aspiran ocupar cargos políticos, situación que iría en
contra de la independencia partidaria que requiere el puesto. El fiscal José
María Campagnoli es el único candidato que no cuenta con una carrera política.
En mayo de este año, varias organizaciones sociales
remarcaron las condiciones de idoneidad del candidato y la necesidad de un
proceso de selección transparente y participativo. "Tiene que tener una
trayectoria en defensa de derechos colectivos y derechos humanos, un compromiso
y una experiencia histórica, no una carrera política", dijo a LA NACION
Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Los más relacionados con la defensa de los derechos
humanos son Amor, el actual defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires,
que también fue legislador porteño y secretario gremial de los municipales;
María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos
Humanos, que fue titular del Inadi y legisladora porteña, y Héctor Polino,
conocido defensor de los derechos de los consumidores y actual candidato a
legislador porteño.
Entre los otros postulantes de carrera política se
encuentran la actual candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos
Aires Graciela Ocaña; Susana Decibe, que fue ministra de Educación de Carlos
Menem; Humberto Roggero, ex diputado nacional del Partido Justicialista; Manuel
Garrido, ex diputado nacional y ex fiscal anticorrupción; Jorge Taiana,
compañero de fórmula de Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana; Remo Carlotto,
actual diputado; José Ramos, ex diputado nacional, y Matías Tombolini,
candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de 1 País.
A principio de año parecía que el oficialismo iba a
ceder la designación y el peronismo iba a tener la posibilidad de elegir al
defensor. El candidato que estuvo más cerca de lograrlo fue Roggero, que fue
impulsado por el senador peronista Miguel Pichetto. Pero los acuerdos cayeron y
habrá que esperar hasta después de las elecciones legislativas del 22 de
octubre para ver avances.