La democracia abusada
La Nación, editorial,
13 DE AGOSTO DE 2017
"Mandó Calvain traer la criatura que criaba de
pechos la mujer de Painé y se la hizo entregar a la madre diciéndole: «Dale de
mamar por última vez al niñito»? Llegó la hora, quítanle la criatura del seno,
tómanla á ella y de un solo bolazo en el cráneo en la parte superior, fue lo
suficiente para que dejase de existir, colocándola al lado izquierdo de su
marido."
Así relataba el cautivo Santiago Avendaño el asesinato
cruel, a golpes de boleadoras, de treinta y dos mujeres como ritual en las
exequias del cacique ranquel Painé (1844) ... "Todas se atropellan
topándose unas sobre las otras para no ser designadas como una res en una
majada, cayendo algunas para no levantarse sino todas pisoteadas y contusas. Ni
más ni menos tal era el aspecto de aquel espantoso drama con todos sus
horrores."
Painé había formado la gran nación ranquel en el
centro de nuestro país, oponiéndose a Rosas y separándose de Calfucurá, quien
lo apoyaba. Como otros "pampas antiguos", los ranqueles fueron
"araucanizados" y adoptaron las costumbres mapuches.
Esos rituales son comprensibles en el contexto de su
tiempo, al igual que los sacrificios aztecas o los niños ofrendados por los
incas en el volcán Llullaillaco. También es entendible que el general Eduardo
Racedo hubiera desenterrado los restos del cacique Mariano Rosas para
entregarlos a Estanislao Zeballos como piezas de investigación.
Esos contrastes reflejan el progreso moral ocurrido
desde entonces. Hoy está aceptado que cada persona es un fin en sí misma y no
un medio para los fines del grupo, de la familia o de la tribu. La dignidad
humana es el valor por excelencia, con prescindencia del lugar de nacimiento,
de las características étnicas, religión o credo político. La adopción de esos
valores otorga sustento ético al Estado argentino para reivindicar su soberanía
sobre el territorio de la nación: es una democracia republicana, pluralista e
inclusiva.
Sin embargo, en los años setenta grupos violentos
rechazaron esos valores, usando el terror para subvertir la democracia en
nombre del "socialismo nacional". Y, ahora, la Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM) llama a la "resistencia ancestral" para reivindicar
derechos territoriales, mediante agresiones también aterradoras, a personas que
viven en paz en el ámbito de la República.
Se trata de la RAM, liderada por Facundo Jones Huala,
detenido en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel y de la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM), su contraparte en Chile. En Chubut, el activista está acusado
por ocupar campos y provocar incendios, daños, amenazas, privaciones ilegítimas
de la libertad, destrucción de maquinarias, abigeato y robo de mercaderías,
entre otros delitos. Su causa más grave es en Chile, que reclama su extradición
por terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes
adentro y violación de la ley de extranjería.
Jones Huala manifestó su "orgullo" por el
accionar de la RAM, que se adjudicó el incendio del refugio San Martín (conocido
como Jakob); daños en la línea eléctrica de Cholila a la ruta 40 y la
destrucción de la estación Bruno Thomae del emblemático tren turístico
cordillerano La Trochita.
La violencia de la RAM se extendió a la ciudad de
Buenos Aires, donde varios encapuchados destrozaron la Casa de la Provincia de
Chubut en una movilización frente al Congreso de la Nación para pedir la
aparición de un artesano, cuyo paradero se desconoce, donde activistas con las
caras tapadas atacaron a policías y periodistas, pintaron móviles e incendiaron
motos policiales.
La RAM niega la soberanía nacional sobre el territorio
que ocupa, sosteniendo que allí no rigen las instituciones argentinas, sino las
del pueblo mapuche. Hasta conforma "tribunales multiculturales" para
juzgar y condenar a quienes los enfrenten, como ocurrió con una notificadora
judicial hace unos años.
En la cultura que reivindica la RAM nadie podría haber
hecho reclamos territoriales, ni alzarse contra la autoridad tribal. Hubieran
sido muertos a lanzazos o con bolazos en el cráneo pues allí sólo regía el
arbitrio del cacique. Bastante similar a Cuba, Corea del Norte o Venezuela,
donde se fusila o encarcela sin debido proceso legal.
Ésa es la gloriosa debilidad de la democracia: rige el
Estado de Derecho, aun frente a quienes lo repudian. Aunque se abuse de esa
debilidad, como siempre lo han hecho los terroristas en Occidente, reclamando
juicios justos y las garantías de los tratados de derechos humanos.
Jones Huala ha expandido su reclamo comarcal, para
ampliarlo a la liberación universal: "Proletarios del mundo, uníos".
Como un refrito del Manifiesto de 1848, arenga a luchar contra "dos
Estados colonialistas y capitalistas" (la Argentina y Chile) mediante la
rebelión popular "a través de la Dirección Estratégica de La Vanguardia de
Weichafes (guerreros)".
Para la RAM "todas las formas de lucha son
válidas", pues considera que la Justicia y las fuerzas del orden son
formas de represión arbitraria y no instrumentos legales del poder público.
Para legitimarse, la RAM encuadra su accionar en la "legítima
defensa" ante el "Estado opresor", intentando así cambiar los
roles para victimizarse. Como aquel apotegma de la guerrilla setentista:
"La violencia de arriba engendra la violencia de abajo".
Con un discurso ideológico y bien distante de la
mansedumbre de su pueblo, Jones Huala denuncia "el tramposo juego de la
burocracia y la hipócrita legalidad burguesa, leyes que no dudan en romper
cuando el rico lo ordena; allí los jueces se olvidan el Estado de Derecho
convirtiéndose en secuestradores y lacayos de terratenientes y
empresarios". Consignas rancias, derruidas como el Muro de Berlín y torpes
como los dichos del norcoreano Kim Jong-un.
Como hemos señalado desde estas columnas, nadie es
realmente un pueblo originario de ningún lugar, pues la evolución humana
incluye desplazamientos, dominaciones, extinciones, connubios e himeneos. En
ese desarrollo siempre agónico, siempre incierto, existe un avance ético al
reconocerse ahora valores universales e inalienables de la persona humana.
Se ha recordado numerosas veces que el pueblo mapuche,
cuya lengua era el mapudungun, no es originario de nuestro territorio, pues
irrumpió desde el Arauco (Chile) cuando los españoles introdujeron ganado, para
arrearlo desde las pampas y venderlo tras la Cordillera. Fueron llamados
araucanos y lograron someter a las tribus locales, hasta imponerles sus
costumbres.
Pero sea cual fuere su historia, hayan sido los
primeros o los segundos habitantes, ningún ciudadano tiene facultad para
atribuirse los derechos del pueblo y peticionar en nombre de éste, sin cometer
delito de sedición. El principio de igualdad suprime los fueros personales. Los
reclamos de cualquier grupo o colectivo deben canalizarse en el marco de la ley
y no por fuera, con actos de terror.
Desconocen Jones Huala y sus seguidores que en la
Argentina hemos tenido 34 años de democracia, con gobiernos populares, ajenos a
la caricatura neoliberal y capitalista que pretenden pintar y que, en 1994, cuando
él tendría 8 años, se reformó la Constitución nacional e incluyó el artículo
75, inciso 17, sobre los pueblos indígenas, único grupo poblacional al que le
otorga un tratamiento diferenciado.
La Constitución argentina es un pacto de convivencia
entre personas distintas, con ideas diferentes y, muchas veces, en conflicto
entre ellas. Personas que han optado por respetar esas reglas, olvidando el
origen de cada uno para construir un futuro en común. Todos han renunciado al
ejercicio de la fuerza para ganar de mano a los demás y aceptan el rigor de las
instituciones, aunque frustren deseos individuales.
Los infundados reclamos de la RAM y sus violentas
acciones ofenden a nuestros obreros y empleados, estudiantes y jubilados; a
quienes buscan empleo o que necesitan doble empleo. A los médicos de guardia, a
las maestras rurales, a los inmigrantes recientes y los nietos de inmigrantes;
a los pacíficos obreros que trabajan por su sueldo; a quienes viven en
asentamientos urbanos o en campamentos patagónicos; a los abanderados y
repitentes; a las viudas y madres solteras sin ayuda; a los huérfanos y
personas con discapacidad; a los incluidos y a los excluidos.
Todos ellos sienten que nadie debe lograr ventajas
abusando de la frágil y noble democracia con capuchas, palos y bombas.
Postergando a los demás en su provecho, invocando derechos que no existen,
valores que no se comparten y privilegios que no se justifican.