Pedro Güiraldes
Ingeniero civil
La Nación, 28-10-17
Era un secreto a voces, pero ya no lo es más. A las
primeras revelaciones de Julio Blanck en el diario Clarín se sumaron las de
Elisa Carrió y las declaraciones del propio juez Lleral, lo que desencadenó un
verdadero aluvión de notas, columnas y editoriales en todos los medios de
prensa televisiva, oral y escrita, e innumerables mensajes y comentarios en las
redes sociales.
Todo indica que los usurpadores del Pu Lof Resistencia
Cushamen, el RAM y algunas de las organizaciones de derechos humanos locales
supieron, desde el primer día, que Santiago Maldonado había perdido la vida el
1° de agosto, mientras cruzaba el río Chubut y luego de que el invisible
"testigo E" le soltara la mano, a pedido del joven que murió ahogado.
Han existido dos investigaciones simultáneas. Una
primera, la oficial, llevada adelante por la Justicia, dirigida a conocer el
paradero de Santiago y encontrar la verdad. Y una segunda, la paralela,
concebida, dirigida y convenientemente manipulada por quienes se han apropiado
de la causa de los derechos humanos en la Argentina desde 2003, en función de
tiempos y expectativas electorales, con la vil pretensión de favorecer a Cristina
Kirchner.
La operación de las organizaciones de derechos
humanos, travestidas en un verdadero holding internacional al comando de
Horacio Verbitsky desde la presidencia del CELS, contó con el habitual e
interesado apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la
Memoria de Buenos Aires junto a otras cada día más desprestigiadas
organizaciones. Aquellas mismas que, hasta hace sólo algunos años, eran
respetadas y admiradas, y a las que los sucesivos gobiernos kirchneristas
corrompieron profundamente, confiriéndoles un poder desmesurado y recursos
económicos sin límite, a cambio de apoyo para obtener impunidad para el saqueo
de la Argentina.
Resulta también escandaloso que a esta verdadera
canallada -que Elisa Carrió calificó como "macabra" y a la que le
cabe más ajustadamente tener por perversa- se hayan sumado, una vez más, la
CIDH, la Acnudh y hasta Amnesty International, entre otras agencias y organizaciones
internacionales.
El Gobierno está ahora obligado a exigir las
explicaciones, los pedidos de disculpas y la rectificación de políticas por
parte de organizaciones y dirigentes, cuya parcialidad manifiesta en este caso
y en otros anteriores es inexplicable y sólo podrá aumentar el creciente
desprestigio de las organizaciones de derechos humanos locales.
Desde el 1º de agosto pasado, la célula terrorista
pretendidamente mapuche del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y las
organizaciones de derechos humanos -con el CELS a la cabeza- parecen no haber
hecho otra cosa que plantar u ocultar pruebas, preparar y hacer declarar
mentiras a falsos testigos, obstruir la investigación, exigir y obtener poder
de policía sobre la parcela usurpada, como si se tratara de la soberanía de un
estado independiente sobre su territorio nacional, sosteniendo para eso el
pretendido carácter de "tierra y aguas sagradas" de las muchas
hectáreas ocupadas y del río Chubut, disparate que fuera lamentablemente
admitido y tolerado por el coro de los políticamente correctos, que actuaron a
la manera de idiotas útiles al servicio de los objetivos e intereses de
aquellos.
La actitud de la familia debe quedar indulgentemente
amparada por el dolor, lo que no exime de responsabilidades a su principal
vocero y representante, Sergio Maldonado, por sus errores y omisiones en el
trágico caso de su hermano.
La muerte de Santiago Maldonado debe esclarecerse
hasta sus últimas consecuencias y los eventuales culpables de los delitos
colaterales que pudieran probarse deben ser castigados por la Justicia con todo
el rigor de la ley.
Para eso, las investigaciones y los procesos
judiciales que están en curso deben enfocarse también en la actuación de las
organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y de sus
dirigentes.
Quedó en claro que estas organizaciones pusieron más
énfasis y esfuerzo en tratar de probar el carácter de desaparición forzada de
Santiago Maldonado y en buscar a los culpables de tal delito, que en determinar
su estado y paradero. Y ahora, encontrado ya el cuerpo, parecen contrariados
ante la falta de evidencia de golpes o violencia en el cadáver que surge de la
autopsia. Ya no podemos alentar la esperanza de que Santiago esté vivo, lo que
parece hubiera sido la peor de las alternativas para los apropiadores de los
derechos humanos en la Argentina, por terrible que sea pensarlo y, ni qué
decir, escribirlo.
El gobierno del presidente Macri está a punto de
convocar a un gran acuerdo nacional para un ambicioso plan de reformas. Una
política de Estado para los derechos humanos que esté a la altura de los más
nobles ideales del siglo XXI y que tome como modelo aquellas de las naciones
con más altos índices de desarrollo humano del planeta debe estar incluida en
el acuerdo en ciernes. Es hora de que el Gobierno sea el principal
protagonista, promotor y defensor de los derechos humanos en la Argentina. Para
eso será necesario desplazar y reemplazar a quienes, desde 2003, han orientado,
dirigido y llevado adelante una política de derechos humanos anacrónica,
parcial, incompleta, sesgada, ideologizada y siempre alineada con intereses
políticos y electorales, cuando no con el mero interés económico de sus
integrantes. Para limpiar estos verdaderos "establos de Augías", la
tarea que se requiere es titánica. Para eso se debe recurrir a las aguas
limpias, transparentes y sin intereses ocultos propias de la causa universal de
los derechos humanos.