llega el arresto domiciliario para los
detenidos
por Informador Público, 2-11-17
El gobierno estudia una medida general que
beneficiaría a todos los condenados, con o sin sentencia firme, mayores de 70
años. Posteriormente se revisarían las causas.
Elisa Carrió dio el primer aviso: “hay condenados por
delitos de lesa humanidad que lo fueron sin pruebas” dijo la diputada nacional,
acostumbrada como está a patear hormigueros.
¿Lo hizo por las suyas?, ¿sabía Macri que su aliada
iba a lanzar semejante bombazo?. Esto se preguntaban por estas horas no
solamente muchos hombres del gobierno sino las organizaciones defensoras de los
derechos humanos que atisban en el horizonte un escenario no deseado por ellas.
Muchas veces Carrió habla sin consultar y en esas
ocasiones suele despertar la furia del presidente, aunque siempre logra que
éste ponga en la balanza el precio de una ruptura y opte por “tragarse el
sapo”. Pero no es este el caso…
Macri tiene en su escritorio un proyecto trabajado por
su Ministro de Justicia y que ya pasó por las manos del titular de la Corte
Ricardo Lorenzetti. En él se dispone otorgar por razones humanitarias el
arresto domiciliario a todos los procesados y condenados en causas de lesa
humanidad, aunque en el Palacio de Justicia se afirma que este será solo un
primer paso para la revisión de todas las condenas.
Macri prefirió que fuese Carrió quien hiciese en este
caso de “punta de lanza” ya que la pésima relación de la diputada con
Lorenzetti lo convencieron de pagar el costo de que el proyecto saliese del
Ejecutivo -bien pudo ser por una interpretación jurisprudencial del alto
tribunal- y que no se corriese el riesgo de un debate público entre los viejos
enemigos.
¿Cómo sería entonces el camino elegido?. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos solicitaría a la Corte un dictamen del nuevo
Procurador General de la Nación (quien suplante a la renunciada Gils Carbó)
acerca de la aplicación del derecho a prisión domiciliaria de los mayores de 70
años.
Lo que se ha acordado es que ese dictamen sea
favorable al otorgamiento del beneficio y que el máximo órgano de justicia en
la república aconseje a todos los jueces su aplicación, inclusive en los casos
de delitos de lesa humanidad.
La idea es que no más allá de febrero de 2018 todos
los detenidos vuelvan a sus casas y que a partir de mayo, con otro dictamen del
nuevo Procurador, se comience la revisión de cada causa para anular aquellas en
las que las pruebas presentadas eran insuficientes pero que en definitiva, y por
cuestiones que se presumen de presión política de la anterior administración,
terminaron en condena.
Parece que, fiel a su costumbre, Argentina se dispone
a escribir una vez más su propia historia.