La Nación, editorial, 18 de febrero de 2018
El crecimiento del crimen y la corrupción originados
en el narcotráfico ha llevado a muchas personas a imaginar una solución
mediante la legalización y liberación de la producción y el comercio de drogas.
El fundamento expuesto es el de hacer desaparecer el espacio de grandes
ganancias que ha creado la prohibición y, de esta forma, suprimir la causa de
este tipo de delincuencia. Quienes defienden la liberación recuerdan la
desaparición de las mafias y el crimen cuando se derogó la ley seca en los
Estados Unidos. Entre los que han sostenido esta posición se encuentran dos
premios Nobel de economía como Milton Friedman y Gary Becker, escritores como
Mario Vargas Llosa y hombres públicos destacados como Fernando Henrique
Cardoso.
Desde estas columnas hemos discrepado con la
legalización y liberación de la droga, entendiendo por tal toda la cadena:
producción, comercialización y consumo. Creemos que así se facilitaría y
promovería el inicio del consumo, aumentando aceleradamente la población
adicta, o que si se instrumentaran restricciones para evitarlo, entonces no se
eliminaría la actividad clandestina y el crimen asociado. Si solo se
liberara una etapa de la cadena, subsistiría la clandestinidad en las otras. Lo
relevante en la discusión son la producción y comercialización, que son las que
generan el delito. El consumo personal está de hecho despenalizado en gran
parte del mundo. En la Argentina, si bien la ley aún lo penaliza, un fallo de
la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo Arriola, creó jurisprudencia
sobre su despenalización.
Un aspecto fundamental por tener en cuenta es que la
droga en cualquiera de sus variantes, sean duras, cannabis (marihuana),
opiáceas o sintéticas, incita al escalamiento y crea adicción. En ese curso,
lleva a extremos de deterioro mental y físico muy difíciles de revertir. La
diferencia con el alcohol y el tabaco es sustancial. El alcoholismo no es
consecuencia de la ingestión de alcohol, sino que debe encontrar un individuo
con un cuadro psicosocial que lo provoque.
Tampoco para la drogadicción es aplicable el principio
constitucional que dice que "las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral públicas, ni perjudiquen a un
tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los
magistrados". Un drogadicto genera un grave problema a su familia, un
costo a la sociedad y un riesgo a la seguridad.
¿Cómo sería la situación si se legalizara y liberara
la droga, como por estas horas vuelven a impulsar algunos de nuestros
legisladores? Pensemos, por ejemplo, en la cocaína. Las plantaciones de coca se
desarrollarían con técnicas eficientes de cultivo y de recolección en grandes
extensiones. Se reduciría notablemente el costo y el precio de la materia prima
entregada a las industrias refinadoras. Esta etapa podría ser desarrollada por
laboratorios bien equipados y en escala mucho mayor. De esa forma, el costo de
la cocaína ya elaborada sería una pequeña fracción del que actualmente resulta
en procesos artesanales y clandestinos.
Si no hubiera algún tipo de regulación, la
comercialización legalizada de la droga no sería diferente a la de cualquier
medicamento de venta libre. El precio de una dosis no debería ser mayor al de
la gragea de un antibiótico. En esta situación la lógica dice que el inicio en
el consumo se facilitaría e impulsaría notablemente. Contra quienes dicen que
la prohibición es un aliciente que induce a los jóvenes, habitualmente
rebeldes, a probar la droga, el sentido común por su lado sostiene que serían
muchos más jóvenes los que la probarían si hubiera legalización. Esto se
consideraría como aceptación social y moral y, además, se obtendría a muy bajo
precio sin necesidad de temer ninguna consecuencia penal. El propio Friedman,
partidario de la legalización, advertía: "Como economista sé que precios
más bajos tienden a generar mayor demanda".
Frente a estas observaciones y riesgos evidentes,
algunos partidarios de la legalización de la droga proponen regulaciones que
eviten un acceso tan abierto, además de impuestos que eleven su precio y no la
hagan tan accesible. Para cerrar el esquema, proponen que lo recaudado por el
impuesto sea utilizado en campañas de prevención y educación. Suena muy bien
salvo que, para encarecer el producto final a los niveles previos con
prohibición, el impuesto debería ser de una magnitud tal que restablecería el
espacio de ganancia en la informalidad que hoy sostiene el narcotráfico. Por otro
lado, las regulaciones restrictivas, como la venta con receta, la veda a los
menores o los cupos, agregarían nuevos incentivos a la clandestinidad.
Las experiencias de legalización habitualmente
mencionadas, como las de Holanda o Portugal, se refieren a la despenalización
del consumo y a la facilitación de formas de acceso que aseguren una mejor
sanidad. No han llegado a liberar la comercialización ni la producción de
drogas. El caso de Uruguay comprende solo la marihuana y está fuertemente
regulado por el Estado. Sería prematuro obtener conclusiones sobre esta
experiencia, aunque ya los especialistas han prevenido sobre la multiplicación
de los consumidores y su avance hacia drogas más destructivas. Ha sido muy
preciso e ilustrativo un artículo de Julio María Sanguinetti publicado
recientemente en este diario.
No se trata de contradecir el postulado de que la
liberación sin intervenciones acabaría con el narcotráfico y con el crimen que
lo rodea. Pero está claro que ese es un escenario utópico, ya que sin
regulaciones ni fuertes impuestos, se impulsaría el acceso a la droga,
principalmente de los jóvenes, con consecuencias impredecibles. Más allá de la
postulación de la legalización en ámbitos académicos e intelectuales, ningún
gobierno ha aceptado seguir ese camino y liberar la cadena completa de la
droga, salvo muy limitadas disposiciones referidas al consumo final. El marco
dentro del cual deberán encuadrarse las acciones oficiales son la educación y
la prevención, así como las atribuciones respecto del combate al crimen dentro
del Estado de Derecho y la responsabilidad por la salud de sus habitantes.