Documento del Grupo Plataforma
Perfil, El Obserevador, 13-5-18
En el primer documento de análisis crítico de la
gestión de Cambiemos, difundido en febrero de este año, nos ocupamos de la política
en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana. En el presente
documento nos interesa abocarnos –de modo sintético– a presentar un análisis
crítico de su política económica.
Tal como dijimos en aquel primer documento, es en el
área económica donde el gobierno de Cambiemos utiliza con mayor insistencia la
coartada de la “herencia recibida” para justificar los resultados más negativos
de su gestión. En esa línea, también sostuvimos que no hay dudas de que los
problemas económicos heredados del gobierno anterior eran muchos: economía
estancada y sin acceso al financiamiento internacional, alto y creciente
déficit presupuestario financiado por expansión monetaria, sostenida y elevada
inflación, mercados de cambio paralelos, creciente déficit externo con
ineficaces controles de movimiento de capitales y mercaderías, drenaje de
reservas, creciente costo de subsidio a los servicios públicos sin retornos ni
en eficiencia ni en inversión. A esto se sumaba un “default selectivo” de la
deuda, un nivel de pobreza por ingresos creciente y muy superior a las cifras
oficiales, nula creación de empleo privado y marcado deterioro de los servicios
sociales públicos.
Sin embargo, a más de dos años de gestión de
Cambiemos, muchos de estos problemas no solo persisten, sino que además las
políticas actuales han generado otras dificultades que van delineando un
preocupante proyecto económico y social. Entre las políticas emblemáticas que
vienen mostrando fracasos preocupantes cabe mencionar la política monetaria de metas
de inflación, el estímulo oficial a la renta financiera por emisión de deuda,
el descontrolado ajuste de las tarifas públicas sin mejoras en la producción,
inversión y prestación de servicios, la errática política cambiaria, el
creciente endeudamiento y su impacto cada vez más preocupante en las cuentas
públicas, el persistente desbalance de las cuentas externas, la política en
materia salarial, etc.
Las políticas del gobierno de Cambiemos indican que
tiene más en claro los errores del gobierno anterior que los errores de
gobiernos que han aplicado políticas económicas neoliberales en el pasado y en
otras latitudes. En realidad, no estamos frente a algo novedoso y original: la
historia argentina muestra recurrentes ciclos que van de la crisis de políticas
de “expansionismo proteccionista” a la crisis de políticas de “aperturismo
neoliberal”. En esa línea, el gobierno de Cambiemos resucitó visiones y
políticas cuya inconsistencia se ha probado de modo acabado en el pasado, tanto
aquí como en otras economías; políticas que llevan a mayores desigualdades
distributivas y que tarde o temprano terminan en crisis del sector externo,
monetarias y fiscales.
Desde esta perspectiva, consideramos que debería
analizarse el estrecho y confuso debate entre “gradualismo” y “shock” que
aparentemente enfrenta a quienes buscan imponer el modelo aperturista
neoliberal en el país. Este debate sobre los “ritmos” o la “velocidad” de los
procesos en realidad oculta lo verdaderamente importante: los objetivos que
buscan dichos procesos. El problema es que el Gobierno busca imponer un modelo
que profundiza un régimen económico liderado por las rentas extractivistas
–ligada a los recursos naturales–, la renta financiera y las ganancias de las
corporaciones más concentradas del poder económico. Es en este sentido que hay
que entender la “normalización” de la economía de la que constantemente habla
el Gobierno.
La cuestión de las tarifas de los servicios públicos,
y en especial respecto de la energía, ejemplifica lo anterior. La política
oficial pretende “recomponer las señales de los precios”, afirmando que así
recuperará producción, inversión y autoabastecimiento. Equivoca el camino: la
energía y los recursos naturales son bienes comunes, lo cual implica reafirmar
su carácter colectivo, colocarlos al servicio del conjunto del sistema
económico y social, en una línea de respeto y cuidado por el ambiente. Si bien
se trata de un sector económico mercantilizado, su carácter estratégico es
evidente a poco que se piense que es un insumo de uso generalizado e ineludible
por todos los agentes económicos, por lo cual la política debe contemplar los
intereses del conjunto y no solo de las corporaciones directamente vinculadas
al mismo.
Como ejemplo, hay que entender que gran parte de los
precios en el sector son fijados en gran medida por el Estado, cuyos impactos
económicos son transferidos hacia el conjunto de la sociedad. Basta señalar que
como justificación del ajuste de tarifas se señala el comportamiento del dólar,
que es justamente un precio sobre el que influye decididamente la política
oficial.
"Con la política oficial los recursos se orientan
hacia uno de los sectores más ricos y concentrados de la economía, con
resultados negativo"
Lejos de entenderlo así, el Gobierno coloca el conjunto
del sector energético al servicio de las ganancias corporativas, tal como lo
muestra el subsidio a los hidrocarburos, muy especialmente orientados a los no
convencionales. Esto explica los resultados desesperantes: sube la inflación y
a su vez, baja la producción y la inversión. En otras palabras, con la política
oficial los recursos públicos se orientan hacia uno de los sectores más ricos y
concentrados de la economía con resultados negativos, mientras resta fondos
para sectores socialmente críticos –como la educación y la salud–, a la vez que
se incrementan los daños ambientales, tanto a nivel local como global (cambio
climático).
Ante las repercusiones negativas de su política, el
Gobierno pretende compensar el impacto de la suba de tarifas con baja de
impuestos sobre los servicios públicos. O sea, para garantizar las ganancias de
las corporaciones y sin que se sepa muy bien a cambio de qué, el Gobierno
alienta la inflación y pierde recursos públicos. Lo anterior no pretende
defender la carga impositiva regresiva sobre los consumos energéticos ni
tampoco sugiere que debería continuar la política de subsidios del gobierno
anterior. Lo que busca es señalar que una vez más la política en esta área
estratégica está plagada de contradicciones y al servicio de grupos de interés
sectoriales.
Por otra parte, es sabido que la reforma impositiva es
una deuda pendiente de nuestra democracia. Más allá de las declamaciones,
ningún gobierno se ha abocado seriamente a realizar una reforma progresiva.
Así, cualquier gobierno que apuntara a ella, debería efectivamente preocuparse
por bajar impuestos regresivos, compensando dicha baja con el aumento de
impuestos progresivos, por ejemplo, a los grandes patrimonios de los que
parecen disfrutar muchos de los actuales y ex funcionarios públicos, a la
elevada renta financiera que garantiza el propio Estado, a las grandes
herencias, entre otros. No solo que esta reforma no figura en la agenda de
Cambiemos sino que su insistencia en la necesidad de bajar impuestos tiende a agravar
el déficit fiscal que sigue en niveles similares al del gobierno anterior. El
análisis comparado muestra que el problema no es el nivel de presión
tributaria, sino su sesgo regresivo. Y no es este sesgo el que busca cambiar el
Gobierno que ofreció uno de los blanqueos de capitales más vergonzosos de la
historia.
Desde la perspectiva descripta debe comprenderse el
fracaso de la política oficial contra otro emblema del pensamiento ortodoxo: la
inflación. Aquí no puede fingir “fallas de mercado” ni “herencia recibida”. La
persistente inflación se vincula directamente con su ineficaz política
monetaria, el crecimiento de los precios de los servicios públicos, la libertad
de las corporaciones para formar precios, la errática política cambiaria, entre
otros. Es muy preocupante observar que, ante el fracaso de sus políticas contra
la inflación, el Gobierno solo propone la baja de salarios reales, el ajuste de
beneficios sociales y la mayor suba de tasas de interés. Parece que para el
Gobierno, para bajar la inflación hay que flexibilizar el trabajo (bajar
salarios) y aumentar la renta financiera, mientras se suben tarifas y se bajan
impuestos (mayor déficit fiscal).
Otro argumento reiterado por este tipo de ensayo
económico es que todo se normalizará cuando lleguen las inversiones externas,
gracias a la confianza recuperada en el país. No solo que las turbulencias
financieras recientes contradicen esta expectativa, sino que además la
experiencia dice que la inversión productiva depende de elementos que por ahora
no está presentes. ¿Quiénes van a invertir genuinamente con una política tan
errática y proclive a generar altas rentas financieras de corto plazo? ¿Cómo se va a generar confianza de largo
plazo si la competitividad que se pretende pasa por la vía de menos impuestos y
más ajuste de costo laboral? Finalmente, ¿quién va a invertir en un país con
endeudamiento, desequilibrios en cuentas externas y fiscales y un gobierno que
no logra coordinar su política monetaria y cambiaria? En esta línea, no es
extraño que los propios ministros del Gobierno declaren tener la mayor parte de
su riqueza en el exterior, argumentando que no tienen confianza en que la
política oficial cambie las condiciones económicas del país.
"La inversión productiva depende de elementos,
que por ahora, no están presentes. ¿Quiénes van a invertir, con una política
errática?"
Que no se repatrien los recursos de los propios
funcionarios del Gobierno parece una consecuencia natural de un contexto en
donde las políticas agravan cada vez más el déficit en el sector externo, algo
que –la historia nos enseña también– representa otra marca registrada de
políticas de aperturismo neoliberal. Mientras tanto, sigue creciendo el consumo
de argentinos en el exterior, siguen aumentando las importaciones y la salida
de capitales (por cierto, otro ejemplo del poco éxito de la confianza que
supuestamente generaría el publicitado blanqueo de capitales). Efectivamente,
el crecimiento de las reservas solo se debe a la entrada de capitales
financieros, los cuales sabemos, tarde o temprano saldrán en busca de “calidad”
en el exterior.
A estas preocupaciones se suma la riesgosa apuesta por
las inversiones en infraestructura mediante contratos de participación
público-privada. El argumento oficial señala las ventajas de corto plazo: son
los privados los que gastan en obras de gran necesidad y visibilidad. Pero lo
cierto es que hay muchos costos que son inciertos y se transfieren a futuro,
como los de financiamiento y ajuste hasta el final de las obras, sin considerar
que otra vez el Gobierno compromete múltiples “incentivos fiscales”
(desgravaciones y diferimientos de IVA y Ganancias) más avales y garantías que
comprometen recursos públicos. Una vez más, la experiencia comparada, fundamentalmente
en países con gobiernos afines a la ideología neoliberal de Cambiemos, no es
muy positiva en la materia.
También preocupa las reiteradas políticas regresivas
en el área laboral. Una vez más se afirma que el empleo debe estar atado al
crecimiento, el cual vendría con las inversiones. En su favor, el Gobierno
esgrime los datos positivos del último año. Sin embargo, la experiencia indica
que se trata de un rebote de los pisos previos, el cual está alentado por el
empuje de la demanda proveniente del ingreso de capitales, antes que por un
resultado de inversión productiva. Además, el empleo que (lentamente) se ha
recuperado es sobre todo informal y precario, a lo que se suma la presión por
negociar salarios por debajo de la inflación culpando al “costo laboral” de los
problemas de competitividad del país. El problema no son los salarios de
quienes menos ganan, sino la fuerte dispersión salarial que se corresponde con
una importante heterogeneidad productiva que las políticas oficiales profundizan
aún más. En todo caso, un planteo progresivo apuntaría a estrechar la
dispersión productiva y salarial, no a bajar los salarios de quienes menos
ganan; basta mirar la experiencia de los países nórdicos para entender que éste
es el camino para una economía innovadora, competitiva y sobre todo, más
igualitaria.
Otro tema preocupante se advierte en relación con las
políticas sociales, tema que merece un documento en sí mismo. En realidad, lo
que queremos destacar en este análisis es la “funcionalidad” que adquiere la
política social dentro del esquema propuesto por Cambiemos. El Gobierno
reivindica hasta aquí la continuidad de algunas políticas sociales de la
gestión anterior, reclamando un costado “social”, que supuestamente lo
diferenciaría de experiencias neoliberales previas. Sin embargo, los cambios
aplicados hasta la fecha están ampliando la dispersión de beneficios, al tiempo
que exigen más condiciones de acceso y refuerzan la fragmentación institucional
de los beneficios. Así, se profundiza la tendencia heredada del gobierno
anterior de degradación de servicios públicos de salud y educación junto con
políticas asistenciales cada vez más condicionadas. En esa línea, el Gobierno
corrobora que las políticas asistenciales heredadas en el área social tenían y
continúan teniendo la función de legitimar socialmente la consolidación de un
régimen económico liderado por las ganancias y las rentas financieras de las
grandes corporaciones.
En suma, basta mirar la historia para alarmarse
respecto de los objetivos y los resultados que trae consigo este nuevo ciclo de
aperturismo económico neoliberal, sustentado en políticas públicas que
favorecen el endeudamiento, el desfinanciamiento fiscal, la renta financiera y
las ganancias corporativas. Así, más allá de los matices o especificidades, la
historia enseña que con dichas políticas resulta muy difícil que la inversión
productiva se recupere, que una política monetaria atenta a garantizar la renta
financiera remueva las raíces de la inflación, que la promoción de las rentas
extractivas de bienes naturales mejore la de-sestructuración productiva y la
inserción subordinada del país en la economía internacional. Queda claro que,
en el área económica, el gobierno de Cambiemos, lejos de representar un gran
cambio, sintetiza una fase más, adaptada a los tiempos presentes, de los
típicos ciclos de apertura económica neoliberal que suceden a la crisis de un
ciclo de expansionismo proteccionista en nuestro país.
"Otro tema preocupante se advierte en relación
con las políticas sociales, tema que merece un documento en sí"
La actual crisis financiera y la vuelta el FMI dan
cuenta de los problemas estructurales de la estrategia económica del Gobierno
hasta aquí reseñada. Al igual que sucedió en otras crisis de regímenes
neoliberales, el gobierno de Cambiemos reacciona tardíamente a los cambios
internacionales, no entiende que la tasa de interés no es un instrumento
antiinflacionario en economías como la Argentina y tampoco pondera que la
política de endeudamiento con desequilibrios estructurales lo vuelve muy
vulnerable a los arbitrajes de los especuladores financieros. Tampoco parece
comprender que el mercado interno necesita una reactivación que no se va a
lograr con erráticas políticas que alteran la relación de precios para cualquier
productor. Finalmente, vuelve a cometer un error ya reiterado al pretender que
el “riesgo-país” se puede bajar con discursos abstractos promercado en lugar de
políticas consistentes. Los ajustes circunstanciales del tipo de cambio, la
suba del riesgo-país, el crecimiento de la inflación son expresión de un
conjunto de inconsistencias de la política económica y no de medidas aisladas.
El anuncio de un acuerdo con el FMI para “apalancar”
la continuidad de su política monetaria y financiera es el lamentable broche de
un gobierno perdido en su propio laberinto y que lejos de apuntar al futuro
retrotrae al país a repetir frustrantes experiencias pasadas. Se termina así el
breve auge de crecimiento económico empujado por capitales de préstamo y
déficit público. En este país cada vez más endeudado, nuevamente se fortalecen
los acreedores y los certificados de buena conducta del FMI. Los impactos
negativos en materia económica y social son por demás conocidos para abundar en
detalles. El ciclo económico al que parece condenado el país en la democracia
argentina vuelve a repetirse.
Todo lo dicho hasta aquí arroja conclusiones claras
sobre el carácter de este gobierno, reflejado en su política económica: por un
lado, se trata de una política abiertamente desigualadora, que genera mayores
brechas sociales y beneficia a los sectores más concentrados; por otro lado,
sin siquiera garantizar inversiones, consolida una política muy vulnerable por
su fuerte dependencia de los mercados financieros y por el sostenimiento de las
ganancias a las grandes corporaciones.
Beatriz Sarlo, Rubén Lo Vuolo, Roberto Gargarella,
Maristella Svampa, Gabriela Massuh, Alicia Lissidin, Patricia Pintos, Enrique
Viale.