reclamaron mayor responsabilidad
social sindical
Aica, 22 Oct
2018
Texto del comunicado
En vista a la gravedad que adquiere el conflicto
sindical de los docentes en la provincia de Buenos Aires, como así también
frente a la pretensión de otros sectores del sindicalismo argentino que bajo la
fachada de reclamos laborales genuinos pretenden injustificadamente quedar al
margen de investigaciones judiciales por delitos comunes, la Corporación de
Abogados Católicos recuerda la posición sentada en el documento sobre
“Responsabilidad Social” presentado en diciembre de 2016 (capítulo sobre
“Responsabilidad Social Sindical”) donde se indicó:
“Resulta ineludible y urgente abordar la necesidad de
imbuir de una genuina responsabilidad social a uno de los sectores protagónicos
de la vida social de nuestro país como es sin duda el sindical, en especial
cuando los cambios tecnológicos anticipan que en las próximas décadas al menos
el 30% de las actividades que actualmente ocupan obreros y empleados ya no
existirán o tendrán otro perfil. Transparencia en la administración de
recursos, reemplazo periódico en las funciones, participación del mujer en la
vida sindical y una apropiada capacitación para los cargos son todos aspectos
cuyo tratamiento normativo ya no puede demorarse, al tiempo que la ausencia de
estos valores constituye el motivo del agotamiento de un modelo que agoniza y
de una representación que muchos trabajadores ya no convalidan.
Los recursos económicos que administran los sindicatos
se originan con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y de sus empleadores
y, por lo tanto, son bienes comunitarios de los cuales los sindicatos están
obligados a rendir cuentas en forma transparente, detallada y profesionalmente
auditada ante a sus afiliados y ante toda la comunidad que integran. El destino
de los fondos sindicales no puede decidirse a puertas cerradas y sin escuchar
las necesidades de sus verdaderos titulares y beneficiarios, que son los
trabajadores. Los aportantes (empleados y empleadores) tienen derecho a control
de transparencia de las decisiones y a auditar el efectivo destino de los
recursos, derechos que se proclama pero que en la práctica no se reconocen.
Los cargos sindicales se retienen por años sin
recambio ni límite temporal alguno y en los máximos niveles se verifica un
sorprendente promedio de permanencia en la función que supera holgadamente los
cuatro lustros, llegando en algunos casos al medio siglo de gestión
ininterrumpida. Suponer que en tan extraordinarios plazos no han surgido otros
candidatos que permitan un natural reemplazo y que faciliten la diversidad de
ideas, aportes, propuestas y opiniones supone una cerrazón inhabilitante o bien
demuestra una inexcusable incapacidad para generar sucesores, lo que en cualquiera
de los casos defrauda la confianza depositada por los afiliados.
Frente a la escasa respuesta de los afiliados, que ya
no se sienten adecuadamente representados y por lo tanto no responden a las
convocatorias, movilizaciones o demostraciones masivas, se recurre a las barras
bravas y a grupos de choque, con la intención de presionar y amenazar
opositores, empresarios y hasta gobiernos, mediante el recurso de la fuerza y
del desorden.
La falta de una mínima capacitación y de una
indispensable preparación que hoy se requiere para el desempeño responsable de
la representación sindical se pone de manifiesto en la insensibilidad e
irresponsabilidad con la que se recurre a medidas de fuerza extremas, recursos
draconianos a los que se llega sin medir las graves consecuencias ni hacerse
cargo de los daños sufridos por terceros ajenos al conflicto, cuyos derechos
son avasallados y violentados a pesar de que en oportunidades tienen entidad
todavía mayor al que genera el reclamo laboral, como son la vida, la salud, la
seguridad, la educación, etc. Más grave aún es la práctica corrupta de generar
conflictos de alto nivel de impacto y que provocan un gran número de
perjudicados al solo y único efecto de concitar la atención pública, posicionar
un dirigente o medir fuerzas entre grupos antagónicos.
La mujer está prácticamente excluida de la vida
sindical, al igual que los jóvenes y son contados los casos que se las escucha
o se les permite una adecuada participación. Menos aún se recurre a las nuevas
formas de comunicación y de participación, consulta u opinión. Estos son
también aspectos en los que el sindicalismo debe asumir las responsabilidades
sociales trascendentes que derivan de su rol dentro de la vida de nuestra
comunidad.
No es menor el deber de responsabilidad social que
cabe también a los trabajadores en general al momento de ejercer sus derechos
sindicales, elegir sus dirigentes y validar sus representaciones, buscando que
sean personas con idoneidad para el cargo, honestidad probada, conducta ejemplar
y vocación de transparencia en el cumplimiento de sus funciones, rechazando en
tan importante momento electivo toda presión o recurso de la fuerza y sin
tentarse tampoco con promesas, sobornos o prebendas…
Este documento es el resultado del trabajo y la experiencia
de abogados que cumplen sus funciones en muy variados ámbitos y regiones de
nuestro país y fue puesto a disposición de la Conferencia Episcopal Argentina,
de los integrantes del Poder Legislativo Nacional y de todos los abogados
argentinos en 2016. Lamentablemente, a dos años de su publicación las denuncias
que se allí formularon tienen inocultable vigencia y el reclamo a nuestros
legisladores para que dispongan los cambios normativos que prevengan y eviten
los abusos que allí se describen es cada vez más urgente.+