Bruno Fornillo, especialista en geopolítica, y el
oscuro panorama de la producción de litio en Argentina
Instituto, 2 DICIEMBRE, 2018
La ausencia de un proyecto litífero nacional es el
ejemplo palpable de un gobierno que vende su soberanía al mejor postor. En el
marco de la transición energética, la comparación con Bolivia y Chile, los
otros grandes de la región.
Argentina, Chile y Bolivia, con sus salares en Hombre
Muerto, Atacama y Uyuni, concentran el 70 por ciento del litio disponible en el
mundo. Constituyen un triángulo minero envidiable a los ojos de las voraces
corporaciones globales –ávidas por explotar el recurso y saquear el “oro
blanco” de la región–, aunque sus gobiernos se comportan de manera bien
distintas.
“Entre 2017 y 2030 el Estado chileno obtendrá ingresos por 10 mil
millones de dólares, además de 24 millones anuales para investigación y la
misma suma para las comunidades. En Bolivia, toda la ganancia queda en el país.
Lo que sucede en Argentina es realmente incomparable: se maneja por el muy
favorable código minero para las empresas que, como si fuera poco, cuentan con
miles de beneficios impositivos. Hay 56 proyectos en marcha y las comunidades
no tienen ninguna participación en la gestión, las ganancias o las decisiones”,
apunta Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos
Aires) y en Geopolítica (Universidad de París 8). Es también investigador del
Conicet e integra el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales del
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Ielac-UBA).
En esta
oportunidad explica a través del litio por qué toda política científica y
tecnológica requiere de un Estado capaz de sustentarla.
–¿Qué es la transición energética?
–Es un concepto clave para el desarrollo global del
siglo XXI y consiste en desfosilizar las matrices energéticas para emplear las
fuentes renovables. Su puesta en marcha obedece a la finitud de los
combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas. Nuestra
civilización se apoya en un oasis energético: en apenas dos siglos y medio, a
partir de la Revolución Industrial, hemos consumido la energía que el planeta
acumuló durante millones de años. Aunque las energías no convencionales
comiencen a ganar terreno, nunca alcanzarán la potencia de las tradicionales,
pero al mismo tiempo tienen una ventaja comparativa: en el futuro volverán
posible la descentralización y democratización de los sistemas en la medida en
que cada nación tendrá las posibilidades de producir aquello que consuma.
–Además, la combustión fósil es la principal causa del
cambio ambiental…
–El cambio ambiental global trae aparejado un peligro
evidente. Hoy vivimos en un contexto que algunos denominan “Antropoceno” o
“Capitaloceno”, esto es, habitamos un escenario que se define por la humanidad
convertida en una fuerza geológica del planeta, con capacidad de perturbar de
manera directa a los ecosistemas. Como si fuera poco, la cuestión energética es
clave en la geopolítica contemporánea. Por eso el control de EE.UU. respecto de
los últimos recursos energéticos que atesora la Tierra. Estoy pensando en Irán
y Venezuela, pero también en el petróleo de Brasil y Vaca Muerta.
–¿Y China?
–China fue quien vio esta situación antes que nadie y
a partir de 2008 encabezó la transición energética a nivel global. En muy poco
tiempo, de este modo, se volvió la principal productora de paneles solares,
molinos eólicos y autos eléctricos. La transición es un proceso que hay que
atravesar y, en este sentido, las baterías de litio cumplen un rol fundamental
en el armazón de un nuevo modelo de desarrollo, que supone la concepción de una
sociedad no consumista, radicalmente equitativa y ecológicamente sustentable.
La industria verde representa un mercado de cifras descomunales: para 2030
China espera exportar 400 mil millones de dólares.
–¿Hasta qué punto es posible que los actores globales
regulen sus prácticas de acumulación del capital y frenen la inercia de la
cultura consumista?
–En principio, existe una responsabilidad fundamental
por parte de la política pública, que debe ser la encargada de orientar el
desarrollo y los valores culturales. Existen países en los que esta perspectiva
es más sólida, porque tienen una fuerte tradición de protección ambiental.
Aunque siempre se mencionan casos como Alemania, también es cierto que –al
menos embrionariamente– en América latina existen múltiples espacios de
resistencia que respaldan otro tipo de organización económica igualitarista y
el fomento del respeto (y la comunión) con la naturaleza. Tenemos herramientas
para desplegar una batalla cultural que es, por supuesto, una batalla política.
–Usted mencionaba la centralidad del litio…
–Independientemente de su empleo en las baterías y los
psicofármacos, el litio es un prisma privilegiado para pensar la transición
energética y un nuevo modelo de desarrollo. Sirve para estudiar cómo funcionan
las políticas de extracción de minerales en un país; para advertir cómo
funciona el crecimiento en la cadena de valor en proyectos nacionales
estratégicos; para analizar de qué manera se articulan la ciencia, la
tecnología, la industria y la política; así como también para explorar cómo son
las relaciones entre las diferentes escalas del gobierno (municipal, provincial
y nacional), y el accionar de las comunidades locales y originarias.
–¿Cuáles son las diferencias de las políticas sobre
recursos minerales en la Argentina, Chile y Bolivia?
–En Bolivia, el fomento del control litífero en manos
públicas fue propiciado por las comunidades locales en 2007. El Poder Ejecutivo
tomó esa propuesta y la consideró uno de los nueve proyectos estratégicos del
país. A partir de aquel momento, el Estado controla las reservas de Uyuni,
genera sus propias técnicas de extracción y creó la empresa Yacimientos
Litíferos Bolivianos (YLB), lo que muestra el valor que le da a ese mineral.
Como si fuera poco, generó un contrato con una empresa alemana (ACI Systems)
mediante el cual producirán la química secundaria y las baterías para destinar
al mercado europeo. La socia europea se compromete a proveer su capacidad
técnica, la mitad del capital y accede al control del 49 por ciento, mientras
que el Estado boliviano se queda con el 51. Es una asociación interesante que se
produce en la parte alta de la cadena de valor, ya que el salar está bajo
control local. El Chile neoliberal tiene una política que combina el predominio
mercantil con una lógica a largo plazo.
–¿Una derecha que planifica?
–Exacto, parece increíble, pero es así. Durante el
último bienio, Chile reformuló los contratos con las dos empresas productoras.
Suponen una cantidad de regalías importantísimas que dejan los privados
(aproximadamente 10 mil millones de dólares recauda el Estado en toda la etapa
productiva), destinan el 25 por ciento de la producción litífera al mercado
doméstico a precios preferenciales –con lo cual se llama a licitar para que
empresas internacionales produzcan química secundaria y baterías pero en el
país– y, como si fuera poco, también reservan 24 millones de dólares anuales a
la investigación. Una suma similar va las comunidades sobre las cuales se
asientan las instalaciones en el salar de Atacama. Por lo tanto, Bolivia y
Chile tienen políticas nacionales respecto del litio.
–¿Y por casa cómo andamos?
–En Chile y Bolivia el litio se constituye en un
recurso estratégico, Argentina, en cambio, se erigió como el país que ofrece
las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de
contar con el insumo, se instalen en el territorio. En el presente, en el país
hay 56 proyectos de extracción litífera en salares de Catamarca, Salta y Jujuy.
El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades
y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales
porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la
exportación directa del carbonato de litio, por eso todos los salares del país
tienen pedimentos (término técnico para un pedido de permiso sólo de exploración)
aunque no estén explotados.
–Casi como una distribución de proyectos
inmobiliarios…
–Claro, los actores extranjeros se reservan su área
para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una
suerte de mercado financiero inmobiliario. Solo Jujuy intentó tener un control
mayor, ya que hay una empresa provincial y tiene porcentajes mínimos de algunas
de las explotaciones. No obstante, es muy poco lo que se puede hacer sin una
política de Estado. Hace un tiempo, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología
organizó un encuentro en el que quedó claro que el sector minero recibía con
beneplácito el hecho de que China y Estados Unidos se ofreciesen para hacer un
mapa exhaustivo del litio en nuestro país. Parece bizarro pero nuestras autoridades
nunca se preguntaron por qué estas potencias tenían tanto interés en relevar la
existencia de nuestros recursos. Nada da cuenta de la ineficacia y de la
impotencia de la política científica de Barañao de una manera tan clara como el
litio.
–¿Por qué?
–El ex MinCyT nunca pudo constituir un proyecto a
largo plazo ni coordinar las investigaciones. Más allá del Centro de
Investigaciones y Transferencia de Jujuy, en casi todas las provincias hay
investigadores (más de 150) abocados a estudiar los diferentes aspectos del
litio y en ningún momento fueron alineados en una propuesta común. Así, a pesar
de que nuestro sistema científico y tecnológico es superior al de Bolivia y al
de Chile, nuestros investigadores padecen la situación de contar con un conocimiento
aplicable no aplicado. No es posible desarrollar ciencia sin pensar en las
condiciones económicas y políticas imperantes. Mientras el gobierno jujeño
pretende fabricar baterías para el transporte público, Macri declara que
importará buses eléctricos sin canon. Si no hay política que lo sustente, ni
siquiera tiene sentido tener el recurso.