Guillermo
Schweinheim
Clarín, 02/05/2019
La Argentina
democrática ha resuelto graves problemas históricos. El funcionamiento del
régimen democrático, el respeto a los derechos fundamentales de la persona
humana y el enjuiciamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad,
aparecen como los más significativos.
Tenemos, sin
embargo, un desarrollo económico y social truncado, tasas inusuales de
indigencia, pobreza y desocupación, un descenso de la calidad de los
aprendizajes de nuestros niños y jóvenes, y ciclos de crecimiento y estabilidad
cruzados con estancamiento, inflación y endeudamiento.
También tenemos
un déficit de administración del Estado. Y somos muchos los que creemos que
esta falla en la administración del Estado es una causa principal de nuestro
estancamiento económico y social. Entre los déficits de nuestras
administraciones públicas existe uno del que poco se habla: la carencia de una
función pública profesional y un régimen de funcionarios públicos que permita
atraer a los mejores a la administración del Estado para garantizar el bien
común.
Consolidar un
sistema de función pública abierta a todos los ciudadanos idóneos y honestos,
mediante mecanismos de selección o examen que garanticen igualdad de
oportunidades a todos los argentinos de prestar su capacidad como servidor
público, es una carencia de todas las administraciones democráticas del 83
hasta el presente, salvo excepciones.
Los países que
cuentan con un funcionariado profesional han consolidado su desarrollo
económico, industrial, social y tecnológico; han construido sistemas de
bienestar, salud y seguridad social; cuentan con educación avanzada; garantizan
las inversiones públicas y privadas para que la infraestructura física permita
el funcionamiento de la vida, la economía y las comunicaciones; dan continuidad
a planeamientos, procesos y sistemas de gestión y a programas y políticas de
gobierno; cuentan con mercados financieros regulados; tienen un razonable
manejo del presupuesto público y una deuda pública de bajo riesgo; logran tener
sistemas de control ambiental acorde a los estándares actuales; todos efectos
positivos de contar con una función pública competente, honesta y eficaz.
Ante este
problema de larga data en Argentina, un grupo numeroso y plural de académicos,
profesores, expertos, investigadores, consultores y ex responsables de todos
los gobiernos democráticos hasta el presente en materia de Administración y
Gestión Pública impulsamos un conjunto de compromisos concretos orientados a la
mejora sustancial del régimen, políticas y realidades que hacen al
funcionariado público en nuestro país, en todos los Poderes del Estado y en
todos los niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal). Lo hacemos en
un año en el que todos tomaremos decisión respecto de los gobiernos futuros.
A tal fin, hemos
elaborado una propuesta de Consenso por una función pública profesional para la
Argentina del siglo XXI. El mismo ha sido suscrito por más de trescientos
expertos de 32 Universidades Nacionales, 17 Universidades Privadas, 50
Asociaciones Civiles y Profesionales, Fundaciones, ONG y Sindicatos del Sector
Público y 18 Instituciones de gobierno de Nación y Provincias y de los tres
Poderes del Estado
Y proponemos los siguientes compromisos: 1. Cumplir con la Constitución
Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando el derecho de
todos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante
concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos por adhesión
política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.
2. Construir un
Servicio Civil Profesional de Carrera, estableciendo carreras administrativas
basadas en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.
3. Planificar
estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal,
programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad
fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la
Administración.
4.
Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios
directivos de carrera.
5. Cumplir
principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de
discriminación negativa, en especial en materia de género, y precarización o
subcontratación laboral, abierta o encubierta.
6. Invertir en
capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua,
actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.
7. Jerarquizar y
fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función
pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del
funcionariado.
Además,
proponemos institucionalizar el diálogo social para lograr consensos para una
política de largo aliento para el empleo público a través de un Consejo
Nacional de la Función Pública con representación de todos los actores
políticos y sociales relevantes para lograr alcanzar, de una vez por todas, la
idoneidad, integridad y profesionalismo de la función pública en Argentina y
enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Guillermo Schweinheim
es profesor de Administración Pública (UNSAM y UBA), ex vocal del Directorio
del INAP.
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El CENTRO DE ESTUDIOS CÍVICOS, que edita este blog, ha suscripto este documento, en el día de la fecha.
Córdoba, 2-5-2019
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