Álvaro Peñas
La Razón
Histórica, diciembre 2020
El pasado 16 de
noviembre, Hungría y Polonia vetaban la ratificación del fondo anti-Covid y del
presupuesto plurianual para 2021-2027. La razón para este veto se encuentra en
que el presupuesto está sujeto a un mecanismo de condicionalidad en materia de
“Estado de derecho”, un mecanismo que permitiría negar los fondos europeos a
aquellos países que no respeten los valores fundamentales de la UE. En palabras
del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, este mecanismo “daría a la
Comisión un derecho unilateral para imponer sanciones financieras basándose en
motivos puramente políticos”. Viktor Orbán ha ido más lejos y ha asegurado que
este mecanismo “convertiría a la UE en una segunda Unión Soviética”.
El veto cogió por sorpresa a la oligarquía de Bruselas
porque Hungría y Polonia se encontraban entre los países más beneficiados por
las ayudas de reconstrucción, pero, como manifestaba el primer ministro húngaro
durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo polaco el 26 de noviembre,
este debate no es cuestión de dinero. Johannes Hahn, comisario de presupuestos
de la Unión y miembro del partido popular europeo, aseguraba que el mecanismo
de condicionalidad “no iba dirigido contra nadie”. Los hechos nos dicen
justamente lo contrario.
En septiembre, de
mano de un informe del eurodiputado socialista López Aguilar, Polonia era
condenada después de un debate sobre el estado de derecho en ese país por la
reforma de la judicatura y por una supuesta persecución de las personas LGBT,
poniendo como ejemplo el caso del activista “Margot” (detenido por actos de
vandalismo y violencia contra activistas provida como demostró un video
publicado por la policía polaca). Todos los eurodiputados españoles, con la
honrosa excepción de VOX, votaron a favor de la condena. Se trataba de la
décima resolución contra Polonia en los últimos cinco años.
Del mismo modo,
Hungría sufrió la misma condena en julio de 2018 en base al informe de la
eurodiputada verde Judith Sargentini. Según la política holandesa, Hungría
habría roto los valores fundamentales de la Unión Europea. Ambos países fueron
también condenados el 17 de abril de este año por sus acciones “incompatibles
con los valores de la Unión Europea” durante la crisis del Covid-19. Merece la
pena ver las razones de esa condena. En el caso húngaro se acusó a su gobierno
de “prolongar el estado de alarma indefinidamente, gobernar por decreto y
debilitar el control del parlamento”.
En España sabemos
muy bien de lo que están hablando, pero aquí no ha habido ninguna condena
europea al gobierno social-comunista. En
el caso polaco se denunciaron las restricciones al aborto y a la educación
sexual, es decir, a la ideología de género, y la celebración de las elecciones
presidenciales en medio de la pandemia, “poniendo en peligro la vida de los
polacos”. Francia celebró la primera vuelta de sus elecciones municipales
el 15 de marzo y se pospuso la segunda vuelta debido a la alarmante situación
del Covid-19, pero no se condenó al gobierno de Macron por “poner en peligro la
vida de los franceses”. Además, hay que mencionar que la gestión del Covid-19
en Hungría y Polonia en ese momento fue sobresaliente, algo que no pareció
importante para los parlamentarios europeos que condenaron a ambos países.
En una sentencia
publicada el 6 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
ha dictaminado que Hungría rompió varios convenios internacionales cuando
modificó el proyecto de ley de educación superior en 2017. Esta modificación
obligó a la Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por George Soros, a
abandonar el país y asentarse en Viena, Austria. La ley húngara afectó a la CEU
de Soros y a otras 28 universidades presentes en el país magiar, no obstante,
fue denominada “ley CEU” por los medios y la oposición.
La ministra de
justicia húngara, Judit Varga, manifestó que acatarían la sentencia “conforme a
los intereses del pueblo húngaro”, pero que la sentencia del tribunal obedecía
a un doble rasero y que “todas las universidades deben regirse por los mismos
principios y no puede crearse una ley para favorecer a la CEU”. Por su parte,
George Soros se mostró satisfecho con la sentencia y la calificó como una
“victoria para los valores fundamentales de la Unión Europea”, aunque descartó
el regreso de su universidad a Hungría por su falta de “libertad académica”.
El 9 de noviembre,
la Comisión Europea anunció que ha iniciado un procedimiento de infracción
contra algunas de las leyes húngaras de migración. Se trata de la práctica de
que los solicitantes de asilo presenten sus solicitudes fuera del país magiar,
en sus embajadas. En opinión del gobierno húngaro, una vez que los solicitantes
entran en suelo europeo luego ningún gobierno podrá llevar a cabo su expulsión,
por tanto, el filtro debe hacerse previamente. Este procedimiento nace de otra
sentencia del TJUE del 2 de abril que condenó a Hungría, Polonia y República
Checa por no acoger “refugiados” durante la crisis migratoria de 2015.
Como consecuencia
de estas condenas y sentencias, la UE
dio un paso más y amenazó a Hungría y Polonia con la retirada de fondos
europeos si no se respetaban los valores fundamentales de la Unión, una amenaza
que se ha plasmado en el mecanismo de condicionalidad. ¿Cuáles son esos valores
fundamentales? Según el discurso de la presidente de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen: ideología de género (en julio se negaron fondos europeos
a seis municipios polacos por este motivo), ecologismo, inmigración, más poder
para Bruselas y menos soberanía nacional.
Frente a este
mantra globalista Judit Varga entiende que los valores europeos son otra cosa,
“Hungría está de acuerdo con los padres fundadores de la Unión en que Europa
será cristiana y humanista o no será nada”, y añadió que “en el momento de su
adhesión a la UE, en 2004, Hungría no dijo sí a una Europa federalista o al
globalismo, ni a los Estados Unidos de Europa, sino a una alianza de apoyo y
respeto mutuo basada en estados nacionales fuertes. No dijimos sí a unirnos a
la UE para que Bruselas defina por nosotros lo que consideramos una familia, lo
que consideramos un matrimonio y quien puede adoptar niños en Hungría y en qué
condiciones”.
Viktor Orbán
recordaba durante una entrevista en Kossuth Radio, el pasado 6 de noviembre,
que George Soros escribía hace cuatro años que aquellos países que rechazasen
la entrada de inmigrantes no debían recibir fondos europeos. Confirmando las
palabras del primer ministro húngaro, Soros cargaba contra Hungría y Polonia en
una carta publicada el 18 de noviembre (publicada íntegramente en España por El
País). No es nada nuevo, en agosto, coincidiendo con su noventa cumpleaños,
Soros declaraba a Viktor Orbán y a Jaroslaw Kaczynski enemigos de Europa.
Pocos días
después, el 26 de noviembre, el
Parlamento Europeo condenaba por enésima vez a Polonia. Esta vez, el delito de
los polacos era la sentencia de su Tribunal Constitucional que declaró el
aborto eugenésico incompatible con la constitución polaca. La resolución de
condena del Parlamento Europeo ha salido adelante con los votos del grupo
socialista, los populares europeos, los liberales, los verdes y la izquierda
unitaria. Los eurodiputados españoles han apoyado la resolución, salvo los de
VOX, en el grupo de conservadores y reformistas, que votaron en contra, y los
del PP, que se han dividido entre el voto en contra y la abstención. La
Eurocámara ha advertido del “retroceso de los derechos sexuales y
reproductivos” y sostiene que “pone en riesgo la vida de las mujeres”. Los
eurodiputados mostraron su apoyo particular a las mujeres y LGBTI+ que “a pesar
del riesgo de salud pública, tomaron las calles para protestar contra las
graves restricciones contra sus libertades y derechos fundamentales”. Es decir,
que prácticamente se considera un hecho “heroico” las manifestaciones
multitudinarias e ilegales en plena pandemia del Covid-19. Algunos
parlamentarios, como la liberal holandesa Samira Rafaela, manifestaron su
compromiso “para unirse a los manifestantes en esta batalla hasta el final”.
El veto de Polonia
y Hungría está, visto lo visto, más que justificado. En una entrevista anterior
a la votación del presupuesto, el presidente de Ley y Justicia Jaroslaw
Kaczynski anunciaba lo que estaba por llegar: “Si se mantienen las amenazas y
el chantaje, entonces defenderemos con determinación los intereses vitales de
Polonia. Un veto. Non possumus. Así es como actuaremos contra cualquiera que
emplee algún tipo de fuerza contra nosotros. Lo repetiré, estamos en el lado
correcto de la historia. Son aquellos que quieren quitarnos nuestra soberanía,
imponer su visión del mundo, los que están en el camino del fracaso”. Este veto
no es una cuestión meramente presupuestaria, es un veto al globalismo y una
defensa necesaria de la soberanía nacional y de los verdaderos valores
europeos.