cuestionan el
“ocultamiento” oficial del régimen de inversiones hidrocarburíferas que va
camino al Congreso
por Antonio Rossi
Informador
Público, 31-8-21
El proyecto de ley
para la promoción de inversiones hidrocarburíferas, que el Poder Ejecutivo
prevé enviar al Congreso en las próximas semanas y cuya letra chica no ha
querido difundir públicamente, sigue acumulando rechazos y cuestionamientos
entre los principales jugadores del sector y los centros de estudios energéticos.
A los reparos
planteados por la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
(OFEPHI), el gobernador neuquino, Omar Gutierréz y el director de Hidrocarburos
de Mendoza, Estanislao Schilardi; se ha sumado ahora una crítica declaración de
tres entidades de profesionales que denuncian el ocultamiento del proyecto y el
riesgo de una “dolarización” de la energía en los próximos dos décadas.
Por medio de un
documento conjunto el IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz), el Grupo
Bolívar y el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) advirtieron
que la decisión oficial de no dar la versión final del proyecto de ley
constituye un hecho “de suma gravedad que impide el debate de una legislación
fundamental para el futuro de la energía y no permite analizar previamente las
consecuencias negativas que podría tener para el conjunto de la ciudadanía”.
El documento
destacó que “según lo poco que ha trascendido por los medios, el proyecto
establece un sistema de producción y comercialización de gas y petróleo por 20
años, lo cual resulta un período demasiado largo para establecerlo sin
consensos previos, especialmente si viene apadrinado por un sector empresarial
que ha contribuido en exceso a su configuración, y pretendería continuar
beneficiándose de las riquezas del subsuelo argentino, y la renta petrolera
asociada, por todo ese lapso”.
“Lo alarmante de
este misterioso proyecto es la dolarización definitiva de la energía por los
próximos 20 años, consolidando la incipiente experiencia en tal sentido de los
Planes Gas que fueron hasta ahora por tres o cuatro años. Además compromete el
futuro de la economía nacional al ratificar la tendencia a su dolarización, que
con esta decisión sería inevitable, ya que la energía por su importancia es un
insumo central de ese proceso, particularmente el gas natural en la economía
familiar, la generación de electricidad, la producción industrial y la
industria petroquímica”, remarcó el documento de las tres entidades.
Tras convocar a un
amplio debate popular sobre los alcances del proyecto, la declaración de los
miembros del IESO, Grupo Bolívar y el IPyPP señaló que “si bien vemos bien el
aprovechamiento de nuestros recursos naturales y de los yacimientos no
convencionales como parte de una transición hacia las energías renovables, ese
proceso no puede ser un apresurado giro al extractivismo sin los condicionantes
que supone la participación de la sociedad en los beneficios de esas riquezas
naturales”.
Una de las
primeras objeciones que cosechó el nuevo régimen de inversiones
hidrocarburíferas que impulsa la administración de Alberto Fernández provino de
las provincias petroleras agrupadas en la OFEPHI.
El comité
ejecutivo de esa entidad reclamó a las autoridades energéticas poder conocer el
texto completo de la iniciativa antes de que sea enviado al Congreso para poder
emitir una opinión previa que refleje la posición y las aspiraciones de los
gobiernos provinciales.
El reclamo estuvo
precedido de otros pedidos similares que se presentaron sin éxito en los
últimos meses en nombre de las provincias que son las titulares del dominio de
recursos hidrocarburíferos.
Al planteo del
organismo federal se agregaron las expresiones del gobernador de Neuquén, Omar
Gutiérrez en contra de una disminución impositiva que afecte las finanzas de
las provincias.
“Una ley nacional
no puede vulnerar las autonomías impositivas provinciales. Nosotros tenemos una
de las alícuotas más bajas de Ingresos Brutos, con el 3%, y no estamos
dispuestos a resignar recursos para los neuquinos”, afirmó Gutiérrez.
Sostuvo que las
provincias “tienen que tener una silla en cualquiera de las comisiones que el
régimen de inversiones pretenda crear y tanto Neuquén, como la Ofephi, tienen
que ser contemplados en la evaluación de los proyectos que podrían tener algún
tratamiento especial”.
Tras indicar que
“la seguridad jurídica es clave para las 41 concesiones no convencionales que
tiene la provincia en Vaca Muerta”, Gutiérrez señaló que “el nivel de regalías
que la Nación quiere recortar ya actualmente es uno de los bajos del mundo”.
Por su parte, el
director de Hidrocarburos de Mendoza, Estanislao Schilardi, pidió que “el nuevo
proyecto sea más federal y contemple incentivos para las pymes locales y los
pequeños productores del sector ”.
“La forma en la
que está redactado el proyecto generará mayor concentración de beneficios en
las cuencas con mayores posibilidades de exportar, que son las que tienen
caminos, cercanía a puertos y mayor volumen de producción”, alertó el
funcionario cuyano.
La norma en juego
contempla un régimen de promoción de inversiones petroleras para los próximos
20 años que busca básicamente potenciar la explotación no convencional de Vaca
Muerta.
El proyecto
establece un régimen de promoción para la exploración y producción de petróleo
y otro relacionado con la producción de gas natural con incentivos para el
compromiso de abastecimiento del mercado interno por parte de las productoras y
la determinación de exportaciones garantizadas en función del incremento de la
producción que registren las empresas beneficiarias.
También contiene
capítulos específicos para la promoción de grandes obras de infraestructura y
proyectos especiales, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos off
shore.
En el caso del
petróleo, el proyecto le garantiza a las empresas, en una primera etapa, poder
exportar hasta un 20% del excedente que obtengan sobre el promedio de la
producción habitual de los últimos años con una libre disponibilidad de divisas
equivalente al 50% de esas ventas.