jaqueado por un
doble rechazo de especialistas energéticos y legisladores aliados del Gobierno
por Antonio Rossi
Informador
Público, 27-9-21
Prometida durante
la campaña presidencial de 2019 y enviada al Congreso tres días después de la
dura derrota electoral de las PASO, la ley de promoción de inversiones
hidrocarburíferas de la administración de Alberto Fernández cosechó en poco
tiempo un doble rechazo proveniente de los especialistas energéticos opositores
y los propios senadores nacionales del oficialismo que representan a las
provincias petroleras.
Conducido por el
ex secretario del área energética, Jorge Lapeña; el Instituto General Mosconi
(IAE) salió con los tapones de punta a bajarle el pulgar al proyecto que llegó
al Senado con las firmas del ministro de Economía, Martín Guzmán y el titular
de Energía, Darío Martínez.
El IAE advirtió
que la iniciativa oficial “compromete recursos fiscales que el Estado no posee,
concede beneficios por largos períodos de tiempo, tiene un diseño institucional
que no es transparente, crea inequidades que serán motivo de reclamo y, además,
se contrapone con criterios elementales de la transición energética”.
“El proyecto
comprende 8 programas o regímenes de promoción que se presentan como novedosos,
pero que en realidad repiten incentivos que fracasaron en los últimos 7 planes
de promoción implementados en los últimos ocho años”, destacó el IAE.
Por medio de un
documento, los técnicos del Instituto Mosconi fundamentaron su rechazo al nuevo
régimen de inversiones hidrocarburíferas en los siguientes siete puntos clave:
--El proyecto
incluye la promoción por 20 años de la producción de petróleo y gas: fija
precios de referencia de forma discrecional, garantiza volúmenes de exportación
y libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas y otorga desgravaciones
impositivas que se definen en base a parámetros sobre los cuales el Estado ha
demostrado escasa capacidad de control y auditoría.
--Discrimina
positivamente al sector de hidrocarburos y sus derivados en detrimento de otros
sectores de la economía. Establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y
económico ad hoc y deja amplios espacios de discrecionalidad para la autoridad
de aplicación.
--Los programas de
promoción perpetúan en el tiempo el actual mecanismo de formación de precios de
la energía que desacopla el precio que paga la demanda del que recibe la
ofertan y generan una diferencia que se cubre con crecientes subsidios que el
Estado Nacional no tiene posibilidad de financiar.
--Con el objetivo
de reducir el costo de financiamiento, un “Consejo de Inversiones” de amplias
facultades definirá y priorizará proyectos a los que asignará beneficios. Este
Consejo no tiene prevista ninguna representación provincial, desconociendo así
el dominio original de los recursos naturales en sus territorios establecido en
el artículo 124 la Constitución de 1994 y en las leyes posteriores.
--En ausencia de
un plan energético integral, el mecanismo promocional previsto por el proyecto
carece de la transparencia necesaria y no asegura la asignación eficiente de
recursos. Asimismo, no está limitada la aplicación de avales por parte del
estado nacional, ni el financiamiento con fondos públicos o provenientes del
Fondos de Garantía del ANSES de proyectos sin estudios de factibilidad
completos, como por ejemplo los nuevos gasoductos a Vaca Muerta incluidos en el
presupuesto nacional 2022.
--Los beneficios
fiscales no se encuentran debidamente dimensionados ni acotados. El reintegro
del IVA, la desgravación del impuesto a las ganancias, el computo de quebrantos
como pago a cuenta del impuesto a los combustibles, y la amortización acelerada
generarán “gastos tributarios” indefinidos que deberían ser dimensionados por
la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, en forma previa a su
tratamiento parlamentario.
--El régimen de
cancelación para grandes inversores hidrocarburíferos (REICH), encubriría en
realidad un salvataje impositivo a la empresa YPF que, en principio, sería la
única que cumple las condiciones del proyecto. Por este régimen se podrá
aplicar parte de sus pérdidas recientes al pago al impuesto a los combustibles,
una situación que, por un lado aplicaría fondos públicos a beneficiar de forma
injustificada a los accionistas privados de YPF (49% de participación) y, por
otro, representaría una ventaja respecto a las restantes empresas del sector
que de esta forma ya no compiten en igualdad de condiciones.
--No están
explicitados los volúmenes de producción adicionales que se espera obtener con
la promoción, ni los costos fiscales, ni los posibles ingresos de divisas por
exportaciones, ni el monto de subsidios que esta política podría traer
aparejada a lo largo de los próximos 20 años.
A esos
cuestionamientos se sumaron los expresados por los legisladores oficialistas y
aliados del Gobierno. Desde las filas kirchneristas y el Instituto Patria
remarcaron que el proyecto abre la puerta hacia “una dolarización definitiva de
la energía por los próximos 20 años y compromete el futuro de la economía ya
que la energía es un insumo central para las familias, la generación de
electricidad, la producción industrial y la industria petroquímica”.
Por su parte, la
senadora neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos) reclamó que “se revisen
algunos aspectos para que las empresas que piensan invertir en la
industrialización en origen de los hidrocarburos se sientan realmente tentadas
y no que sigamos replicando el esquema usado hasta ahora que perjudica a las
provincias productoras al no poder retener a las industrias petroquímicas que
se instalen en otros sitios ligados a los puertos”.
A su vez, la
senadora Lucía Crexell (Movimiento Popular Neuquino) planteó el interrogante de
“por qué las dos empresas más beneficiadas del proyecto, que en su conjunto
suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación en el país,
son las que gozarán de los beneficios diferenciales, y por qué no se aplican
estas disposiciones a las más de 50 empresas más pequeñas y que no llegan al
35% de la producción de crudo”.
En tanto, el
senador rionegrino Alberto Weretilnek consideró que “es claramente
anticonstitucional que el Poder Ejecutivo asuma el monopolio en la toma
decisiones en desmedro de las provincias petroleras y que la Secretaría de
Energía sea la autoridad de aplicación en las actividades de producción,
transporte, almacenamiento, comercialización y exportación de gas natural
licuado (GNL)”.