EN EL FONDO DEL
MAR Y SIN HIPÓTESIS DE CONFLICTO
César Lerena
Publicado en “El
Economista. Internacional”, 8/9/2021
El gobierno
argentino no tiene hipótesis de conflicto. ¿Qué organismo estratégico argentino
debe establecerlo y cuáles son los parámetros? ¿Quién aconseja al Poder
Ejecutivo Nacional respecto a su determinación y acciones pertinentes?
¿No sabe la
Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que en el Atlántico Sur y, su
relación con el océano Indico, Pacífico y la Antártida, hay una extensa zona en
conflicto con motivo de la militarización del Reino Unido en Malvinas, en una
“Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que acordaron todos los países de
África occidental y América oriental? (Res. ONU 41/11 el 27/10/1986).
¿No se enteró esta
misma Secretaría de Estado que el gobierno de Chile planeaba reclamarle a la
Argentina espacios marítimos y del suelo y subsuelo de la plataforma
continental argentina?
Esta Secretaría
tiene como función, según la Cancillería (1/9/2021) «todos los temas vinculados
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes en el Atlántico Sur. Diseña estrategias y coordina
acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los
derechos e intereses argentinos…Entiende además en las políticas y acciones que
realiza el Consejo Consultor sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Además,
tiene a cargo, la planificación y dirección de la política antártica…».
Entonces, antes de
opinar sobre las funciones incumplidas de la Secretaría después de casi dos
años de la designación de Daniel Filmus y, en medio de la situación de
indefensión que vive la Argentina, sería bueno que la Cancillería corrija la
misión de esa Secretaría: no son los espacios marítimos “circundantes” como
dice, sino los espacios marítimos “correspondientes”. En primer lugar, porque
así lo precisa la Constitución Nacional y, después, porque si la referida
Secretaría no reconoce la diferencia entre espacios circundantes y correspondientes,
mal puede establecer una política o, tal vez, los funcionarios desconozcan que
el Reino Unido de Gran Bretaña no solo ocupa Malvinas y tres o doce millas
circundantes, sino que ocupa y explota 1.639.900 km2 de espacios marítimos e
insulares (52% de nuestro mar); además, de disputarnos 1.410.367 km2 de la
plataforma continental y 965.597 Km2 de la Antártida Argentina. Es decir, el
equivalente a tener en disputa u ocupados, espacios que superan al territorio
continental argentino desde La Quiaca a Ushuaia. Al respecto, un médico clínico
diría: sin un buen estudio semiológico y un diagnóstico etiológico, es
imposible instaurar un buen tratamiento y, mucho menos, establecer un
pronóstico. Y ello seguramente, lleva a que el secretario de Malvinas no tenga
un plan y no pueda cumplir con otra de sus funciones “Entender en las políticas
y acciones que debe realizar el Consejo Nacional de Malvinas”
No es de esperar
ningún avance argentino sin diagnóstico certero y sin plan y, es posible que,
frente a ello, no haya acción alguna, como ha ocurrido hasta hoy. El
secretario, ha promovido tres leyes sin debate alguno, en la búsqueda de su
posicionamiento político interno y con ningún efecto internacional. La primera,
una ley de incrementos de multas a la pesca ilegal que no sancionó ni un solo
buque fuera o dentro del área de Malvinas, donde las empresas de España -cuyo
país reconoció la soberanía argentina en Malvinas- son las principales socias
para la consolidación de la ocupación en las Islas. La segunda, una ley sobre
la plataforma continental que ni siquiera sirve para profundizar una cultura
marítima entre los argentinos, que no describe los reales alcances de la
recomendación de la Comisión de Límites y que no se acompaña de un
fortalecimiento económico, físico, militar y de integración de Tierra del Fuego
con el continente.
Finalmente, una
ley para crear un Consejo Nacional de Malvinas, a cuyos miembros -después de un
año- ni siquiera se los convoca presencialmente a discutir una idea. ¿Se puede
-en serio- un tema estratégico y de carácter secreto tratarlo en forma virtual,
al acceso de todos los servicios de información del mundo? y ¿pueden semejantes
asuntos de Estado, cuyos resultados podrían influir negativamente en los
espacios en disputa y en toda la Argentina, inclusive la Antártida, tratarse
con asesores ad-honoren, con dedicación parcial, muchos de los cuales no tienen
ningún conocimiento en la materia e inclusive están en la antípodas de lo que
prescribe la Constitución Nacional? ¿Puede integrar ese cuerpo el abogado
Marcelo Kohen, quien en 2018 promovió un plan para dar a los isleños la
posibilidad que se autofinancien con recursos argentinos, que, su gobierno
ilegal determine quién puede o no radicarse en Malvinas y, que, a los treinta
años tengan un referéndum sobre si quieren vivir bajo soberanía británica o
argentina? Por citar solo un caso.
¿Se sorprende la
Cancillería que el gobierno chileno tenga la pretensión de reivindicar 5 mil
km2 de plataforma argentina, contrario a lo acordado en el Tratado de Paz y
Amistad de 1984? El P.E.N. a través de la Secretaría de Malvinas no tiene un
análisis geopolítico. Miremos nuestras fuerzas armadas y las de Chile; luego,
veamos la desatención argentina en cuestiones marítimas y la desocupación de la
Patagonia; la adjudicación argentina hidrocarburífica offshore en manos
británicas en el área en conflicto; nuestra tensa relación con los socios del
MERCOSUR; la falta credibilidad en el mundo y, agreguemos, en este escenario,
la pasividad (¿?) de la Secretaria de Malvinas que -según las propias
manifestaciones de su secretario- tiene como eje de su acción política, la
búsqueda del diálogo con el Reino Unido y la cooperación (unilateral), cuyos
resultados en estos últimos 60 años han sido absolutamente inconducentes.
No nos podemos
asombrarnos de las acciones británicas, pero tampoco de las de Chile, funcional
a los mismos intereses, como lo fue durante la guerra de Malvinas. La Argentina
presentó todos los documentos sobre sus derechos relativos a la plataforma
continental ante la Comisión de Límites y firmó el Tratado de Paz y Amistad con
Chile en 1984 que, delimitó en su artículo 7º, mediante una línea divisoria,
los espacios argentinos al este y los de Chile al oeste, según las coordenadas
67º 16’.
Y asombra al
secretario de Malvinas porque no tiene plan, contrario a los 3.200 isleños en
Malvinas que avanzan día a día. Hacen lobby en Europa, en el Reino Unido y
conversan con uruguayos, brasileños y chilenos. Construyeron un puerto en
Georgias del Sur e invierten 85 millones de libras para construir un puerto en
Malvinas que desplazará a Ushuaia como acceso principal a la Antártida. Por su
parte los uruguayos atienden en sus puertos el aprovisionamiento, cambio de
tripulación, trasbordos, etc. de todos los buques que pescan ilegalmente en el
Atlántico Sur y Malvinas y proyectan para el 2022 tener un nuevo puerto a esos
efectos. Entre otras cosas.
Nos asisten los
derechos por el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de las
Naciones Unidas del Derecho del Mar y por el Tratado de Paz y amistad con Chile
de 1984. Los chilenos tensionan la región y la Argentina no tiene hipótesis de
conflicto. De lo que estoy seguro es que la Secretaría de Malvinas, Antártida y
Atlántico Sur no tiene plan alguno.