por qué las madres ruegan que se cambie la Ley
de Salud Mental
Claudia Peiró
Infobae, 5 de
Febrero de 2022
“Acá sirve que
cambien las leyes”, exclamó la madre de uno de los afectados por la cocaína
envenenada. “Sirve que abran más centros de rehabilitación para los jóvenes”,
pidió también la mujer, Beatriz Mercau, cuyo hijo, de 41 años, adicto desde los
14, entró en paro luego de inhalar la droga y está internado en grave estado.
Y a continuación
explicó, con pocas palabras y mucho sentido común, el drama que vive: “Cuando
queremos internar a nuestros hijos nos dicen ‘¿y si él no quiere? y, señora,
tiene que empezar a hacer algo…’” Ella les replicaba: “¿Tiene que matar? ¿tiene
que robar? No, hay que cambiar la mentalidad, no queremos hijos enfermos, no
queremos hijos tontos, queremos una juventud sana, por favor, cambiemos las
leyes”.
Al revés de lo que
aseguran sus promotores, la Ley de Salud Mental, vigente desde el año 2010,
termina criminalizando los actos de los enfermos psiquiátricos y de los
adictos, como lo confirma la cínica respuesta que le daban a Beatriz: no
intervendrían, a menos que su hijo cometiera un delito.
El internarse para
recibir tratamiento depende, en virtud de la Ley cuestionada, de la propia
voluntad de una persona adicta que difícilmente se encuentre en condiciones de
tomar ese tipo de decisiones.
La Ley de Salud
Mental (n°26.657), votada a libro cerrado [SIC] en el año 2010, es
paradójicamente una ley contraria a la psiquiatría y a la farmacología, es una
ley que desconoce los grandes avances en materia de medicamentos para tratar
las enfermedades mentales y la transformación que ya se ha operado en la
mayoría de los establecimientos dedicados a esos tratamientos. En su
elaboración, no participaron las asociaciones de médicos psiquiatras de la
Argentina, ni las facultades de Medicina del país, aunque cueste creerlo.
Podrá decirse que
la adicción no es una enfermedad mental, pero ambas condiciones están reguladas
por la misma ley. Y, de hecho, muchas veces van de la mano, sin olvidar que una
adicción puede llevar a trastornos mentales y, sin ir tan lejos, bajo efecto de
las drogas o en crisis por falta de ellas, la persona puede actuar de modo
irracional e incluso violento.
El incidente que
el 26 de julio de 2021 casi lleva a la muerte a Chano Charpentier se
desencadenó por la negativa del artista a ser internado y la desesperación de
su madre que ya no podía lidiar con él. En un episodio que todavía está bajo
investigación, Charpentier fue baleado y gravemente herido por un agente de la
Policía Bonaerense.
En aquel momento,
su madre rogó: “Sólo pido que hagan algo con la ley de Salud Mental porque así
estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie
nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están
golpeando puertas y nadie las escucha”.
“La ley establece
que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una
habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico,
al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual, la
psicoterapia”, decía el médico psiquiatra Bernardo Carricart (MN 114548 y MP
2476), de Olavarría, al comentar el caso Charpentier.
“La paradoja de
esta ley es que ha hecho que los pacientes no estén bajo el ámbito de salud
sino bajo el ámbito de la justicia criminalizando sus actos y recibiendo balas
en vez de tratamientos; es el costo de no poder internar a los pacientes”,
sentenció Carricart.
“Si la adicción es
una enfermedad, quienes pueden definir el tratamiento, incluyendo la
internación, son los médicos especialistas”, dice el abogado penalista Ricardo
Klass. “Dejar que la decisión de internarse sea del adicto es abandono de
persona, sin desmedro de lo que sufran familias y terceros. No se puede apelar
a la voluntad de quien la tiene viciada”, sentencia.
Impulsada por el
CELS, en base a un informe falaz sobre internaciones, la Ley de Salud Mental
asimila el tratamiento psiquiátrico a la tortura y pone innumerables trabas a
una internación contra la voluntad del paciente.
Entre sus
disposiciones más polémicas, también disponía el cierre de los establecimientos
psiquiátricos en un plazo de diez años (vencido en 2020), junto con el aumento
de los fondos destinados a la especialidad hasta llegar a un 6% del presupuesto
de Salud, algo que no se ha cumplido en absoluto. Tampoco la creación de
“dispositivos intermedios” para sustituir las clínicas y hospitales
especializados. Sin embargo, muchos de los centros dedicados al tratamiento de
adicciones en el Gran Buenos Aires sí han sido cerrados. Recordemos el triunfal
anuncio de Axel Kicillof sobre la “desmanicomialización” que implica ni más ni
menos que el cierre de esos establecimientos. Por algo Beatriz Mercau también
se quejó de la falta de lugares para el tratamiento de las adicciones.
Sucede que, de
acuerdo al espíritu de quienes elaboraron esta ley, las internaciones de
pacientes psiquiátricos y de adictos deben hacerse en los hospitales generales.
Algo que escapa al sentido común. El
paciente cardíaco, oncológico o diabético, por nombrar algunas de las
afecciones que llevan a una internación, está postrado, mientras que el
psiquiátrico y el adicto son ambulatorios. Más aún, necesitan espacio para
recreaciones, terapia y paseos. Y, si están en cama, es porque están padeciendo
un brote; imaginemos la convivencia con personas convalescientes de una cirugía
o de un infarto, por ejemplo.
Todas cosas de
sentido común que no fueron contempladas por los legisladores.
“¿Su hijo no
recibió tratamiento, señora?”, le preguntó un periodista a Beatriz Mercau.
“No recibió porque
si él no se quiere internar no lo atiende nadie, cambiemos las leyes por
favor”, respondió la mujer.
El artículo 20 de
la Ley de Salud Mental dice que “la internación involuntaria de una persona
debe concebirse como recurso terapéutico excepcional” y que “sólo podrá
realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo
cierto e inminente para sí o para terceros”.
¿Cómo definir
cuándo una situación es de riesgo cierto e inminente? Sin mencionar que “riesgo
cierto” es una expresión contradictoria, porque el riesgo se define por una
probabilidad, menor o mayor, mientras que cierto no deja lugar a dudas. “Si yo
tengo un cuadro cardíaco y lo siento como una angina de pecho, la ley me
estaría diciendo que hasta que no estemos infartados no se nos podría atender.
¿Cómo no vas a atender los pasos previos a una angina de pecho, que implica
mucho menos costo y más sobrevida para el paciente? La ley está generando estas
cosas porque impide internar para prevenir la inminencia de una situación de
riesgo”, dice Carricart.
Es como si se
quisiera empujar a los pacientes a una situación límite para recién entonces
actuar. Un absurdo.
“Mientras se siga
creyendo que las internaciones son privaciones de la libertad, negando su
importante necesidad por razones de salud en muchos casos, no habrá solución”,
dijo a Infobae Ramón Vásquez, ex subsecretario de Coordinación Administrativa
de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar).
“El planteo de que
la decisión de internarse debe quedar al arbitrio del paciente es simple
voluntarismo ideológico -agregó-. Especialmente si esto último se requiere a
quienes por sus patologías están impedidos de discernir”.
Otra
arbitrariedad, en opinión de Vásquez, “es exigirles judicializar el tema a
mucha gente que no tiene posibilidades de hacerlo”. “En síntesis: quedan a su
suerte. Que suele no ser buena”, concluyó.
La Ley pone la
libertad por encima del derecho a la salud y, en ciertos casos, de la seguridad
de la sociedad. Para los ideólogos de la ley, señalar estos riesgos es
estigmatización, la palabra clave con la cual cierran todo debate.
Desde el
homicidio, ocurrido en septiembre de 2020, del inspector de la Policía Federal,
Juan Pablo Roldán, apuñalado por un paciente esquizofrénico que debió haber
estado internado, surgieron muchos reclamos de profesionales del sector y
cuestionamientos al clima de abolicionismo psiquiátrico que acompañó la
redacción de esta ley y sigue vigente a nivel de las autoridades.
En 2017, hubo un
intento de reformar la ley a partir de su reglamentación por parte del entonces
director nacional de Salud Mental y Adicciones, Andy Blake, pero esa iniciativa
fue frenada por el ministro Adolfo Rubinstein. No hay grieta en estos temas, al
parecer.
Pese a la
reiteración de casos que confirman las limitaciones de la Ley y el reclamo de
los médicos y de los familiares de los pacientes, ningún legislador se ha hecho
eco del reclamo. Es una expresión más del divorcio entre la clase política y la
realidad que vive la gente.
Sin embargo, como
señala Vásquez, desde la promulgación de la Ley de Salud Mental, “se ha
reducido la edad de inicio en el consumo de drogas y también ha aumentado en
gran escala la cantidad de consumo y de consumidores”.
“Me dicen ‘vos
creés en la internación’ -agrega-. En realidad son los que hicieron esta Ley
los que no creen en la internación. La internación es una alternativa a veces
necesaria. Ni yo ni los mismos psiquiatras creemos que todos tienen que
estar internados. Pero hay patologías que necesitan medicación y esa medicación
el paciente no se la va a auto-administrar. Hay muchos medicamentos que deben
ser administrados bajo control. No necesariamente con internación del paciente
pero sí con un seguimiento”.
El caso de la
cocaína envenenada revela esa extensión del consumo en la Argentina, de la que
habla Vázquez. Pero la política oficial pasa por el cierre de establecimientos
y, más aun, la promoción de la droga con la excusa de la “responsabilidad” en
su uso, mientras que las campañas contra el consumo de estupefacientes brillan
por su ausencia.
Con el nombre de
“consumo cuidado”, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda, bajo
la etiqueta “Prácticas saludables”, cómo consumir mejor.
“ANTICIPATE PARA
DISFRUTAR COMO TE GUSTA” es la consigna. Seguida por unos consejos
desopilantes: “Analizá cuál va a ser tu límite” / “Mantené un vínculo, no te
aísles” / “Elegí un consumo cuidado”. Y concluye con una exhortación: “Juguemos
para la salud en El recreo del verano”.
Tenemos así que el
gobierno de la Provincia no sólo no insta a no drogarse sino que transmite la
idea de que existe una forma “saludable” de hacerlo.
El aviso hecho por
el ministro Sergio Berni a potenciales consumidores de la cocaína adulterada
tenía el sentido de una alerta, una advertencia lógica que puede haber salvado
vidas, en un contexto de emergencia.
Pero los mensajes
de esta campaña del gobierno de Kicillof parten de la base de que todo consumo
es recreativo, como si no existieran los adictos. Una descarada asociación de
la droga con el cuidado, la salud y el recreo…
En una segunda
versión de esta incitación oficial al consumo de estupefacientes, se lee: “Los
efectos de lo que consumís pueden variar” y esto depende de: “El contexto y el
lugar en dónde estés”, “tu edad y tu estado de ánimo”, “la dosis y la
frecuencia en que consumís”.
“Disfrutá como te
gusta y pensando un #ConsumoCuidado”, es la invitación final al uso de drogas.
O sea que el Gobierno pone a sus expertos en estupefacientes y adicciones -si
los tiene- al servicio de la promoción de la droga.
“Estoy pensando
que vivo en una sociedad surrealista”, dice Vásquez sobre esta campaña.
Aunque iniciativas
como éstas generan escepticismo sobre lo que se puede esperar de las
autoridades, cabe desear que el grito de las madres que viven el calvario de
ver a sus hijos en las garras de la droga tenga recepción, y que, si no es por
amor a la gente, aunque sea por sentido común se reforme una Ley que complica
el tratamiento de las adicciones, en momentos en que la droga se expande sin
freno en la Argentina.