LAS COOPERATIVAS

 

 que integran el Movimiento Evita recibieron casi dos mil millones de pesos en subsidios

 

Andrés Klipphan

 

Infobae, 19 Mar, 2023

 

El Movimiento Evita fue la organización social que más dinero recibió por parte del Gobierno desde que Alberto Fernández llego a la Casa Rasada y Emilio Pérsico, uno de sus líderes, designado al frente de la Secretaría de Economía Popular, un área que pertenece al ministerio de Desarrollo Social y que administra el Potenciar Trabajo, el programa más importante de la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz.

 

De los $11.649.356.644 entregados a Unidades de Gestión No Gubernamentales, las cooperativas, mutuales y entidades vinculadas al Evita firmaron convenios celebrados con la propia secretaría que comanda el dirigente peronista por $3.646.159.320, el 31,30% del total. Esto es 17.404.101 dólares si se utiliza para la conversión el dólar oficial fijado por el BCRA de 209,50 pesos al cierre de esta nota. De ese total, $1.664.632.400 fueron destinados a las asociaciones comunitarias que forman parte de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, el 14,29% de los convenios celebrados con las Unidades de Gestión no gubernamentales.

 

Los datos oficiales surgen de la documentación que la Coalición Cívica aportó al juzgado federal número 5 a cago de María Eugenia Capuchetti en la denuncia penal que lleva el número 2613/2022 y en la que pide investigar una presunta asociación ilícita liderada por Emilio Pérsico a través de la cual se habrían desviado fondos oficiales hacia las cooperativas ligadas a la organización oficialista por casi cuatro mil millones de pesos.

 

Abrir las relaciones de esas cooperativas con la dirigencia del Evita es una caja de Pandora que deja al descubierto a familiares y amigos de dirigentes y políticos. El Movimiento Evita busca ganar poder territorial y peso político a través del partido La Patria de los Comunes, que fue presentado a nivel nacional el viernes 17 de marzo en el estado del Club Español y para eso necesita financiación. Desde la oposición especulan que parte de los recursos provienen de los convenios firmados con las cooperativas.

 

La Matanza, Moreno, Lomas de Zamora, Lanús, Tres de Febrero, Florencio Varela, San Martín, La Plata, son solo algunos distritos en los que el Evita, que tiene como otro de sus referentes a Fernando “Chino” Navarro, funcionario en la Jefatura de Gabinete, busca hacer pie y desbancar, por ejemplo, a Fernando Espinoza, el hombre que gobierna La Matanza.

 

De la documentación se desprende que cientos de millones de pesos a través de convenios firmados por Pérsico, fueron derivados a cooperativas del Evita asentadas en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires. Es más, sus direcciones corresponden a la ciudad matancera de Isidro Casanova, localidad dónde vive Pérsico y su pareja, la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría.

 

Las paredes de La Matanza están cubiertas con afiches que postulan a la legisladora bonaerense como candidata a intendenta del distrito. Un hecho que podrán lograr si le gana las PASO del Frente de Todos a Espinosa, a través del partido La Patria de los Comunes.

 

En la foja 17 de la denuncia judicial que en agosto pasado firmaron los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Héctor Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin; Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria Borrego y Rubén Manzi; se esgrime la certeza que con los fondos directos que van a las cooperativas, o con parte de él, la organización social lo utilizaría para extender su poder político, presencia en los barrios y solventar actos y multitudinarias movilizaciones. Los dirigentes de Elisa Carrió lo expresaron así: “Entendemos que el Movimiento Evita estaría utilizando el financiamiento estatal para su desarrollo territorial y de presencia política, en un contexto de gran vulnerabilidad social en Argentina y satisfaciendo sus necesidades como organización a través de su inserción en la política partidaria hacia dentro del Frente de Todos”.

 

Despliegue territorial y financiamiento

De la documentación oficial que lleva el sello y firma del ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia (INAES), este último organismo a cargo de Alexandre Roig, otro dirigente del Movimiento Evita, se desprende, por ejemplo, que desde la secretaría de Pérsico se firmaron tres convenios con la Cooperativa De Trabajo Evita La Matanza II Limitada por $77.732.400, $75.000.000 y $40.000.000,00. Un total de $192.732.400.

 

Con la Cooperativa La Patriada, se firmaron dos convenios por $87.000.000 y $75.000.000. Lo que hace un total de $162.000.000. Emilio Pérsico formó parte de la dirección de esa cooperativa.

 

Con la Cooperativa de Trabajo Néstor Vive, que como las anteriores, que también tiene sede La Matanza, en concreto en Isidro Casanova también se firmaron convenios, esta vez con el INAES.

 

Esta cooperativa en particular está rodeada de un hecho de violencia que tiene como protagonista a quien era el titular de esa organización comunitaria, Facundo Pérsico, uno de los hijos del actual funcionario. El 17 de noviembre de 2017, y tal como publico Infobae Facundo quiso forzar una asamblea cooperativista que se desarrollaba en La Plata y terminó a las trompadas con los trabajadores.

 

El hecho comenzó cuando un trabajador increpa a un grupo de personas que habían ido a participar de la asamblea de la Cooperativa “Néstor Vive”, que se fundó en 2013, y que estaba inscripta en el plan Argentina Trabaja, ahora Potenciar Trabajo.

 

“No sé cómo se llaman y quieren votar. Yo trabajo hace una banda en la cooperativa y no los conozco. No pueden votar. Están cobrando todos de arriba. Si son asociados, tienen que saber el nombre de todos nosotros, pero son figuretis, chupasangre”, se queja en el video que se viralizó un trabajador, y apunta contra algunos de los presentes, a los que acusa de ser “una patota”.

 

La discusión fue subiendo de tono hasta que Facundo dice: “Llámalo a mi papá y anda a decirle gracias por todo lo que te dio”. Finalmente, todo se desmadró y quedó filmado.

 

En la documentación que se acumula en la causa que lleva adelante la jueza Capuchetti -antes tramitaba en el juzgado de Daniel Rafecas- hay decenas de cooperativas de trabajo en La Matanza que recibieron subsidios por parte del INAES, o que firmaron convenios con la Secretaría de Economía y que forman parte de la Federación de cooperativas del Evita.

 

Otro de los distritos en los que el Evita, a través de La Patria de los Comunes apunta sus cañones electorales es en Moreno. Allí buscarán la reelección de Mariel Fernández. La alcaldesa es dirigente del Evita y pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y también referente de la misma organización social.

 

En ese distrito, ya gobernado por el Evita, varias cooperativas del lugar, y ligadas a la intendenta, fueron agraciadas con los millones de pesos que llegaron a través de convenios firmados por Pérsico, el “jefe” político de la jefa comunal.

 

Con la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre, que también forma parte de la Federación de Cooperativas del Evita -como las anteriores- se firmó un acuerdo por 111.900.000 pesos.

 

El tesorero de la Cooperativa 2 de Septiembre era Emmanuel Fernández el hermano menor de la intendenta. Emmanuel fue electo concejal en la misma elección en la que su hermana se alzó con la intendencia. Tras asumir, renunció a su cargo en la Cooperativa y Fernández lo nombró al frente de la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes. Poco después renunció y asumió como concejal.

 

Con la Asociación Civil Crepúsculo De Moreno, que forma parte de la Federación de Cooperativas Evita LTDA, se firmó otro convenio también por 111.900.000 pesos.

 

La agraciada Federación de Cooperativas Evita

LTDA (FECOEVITA), de la cual forman parte todas las organizaciones comunitarias nombradas, es precedida por Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

 

Según su página oficial “la Federación de Cooperativas Evita LTDA es una entidad que nuclea a más de 2000 espacios cooperativos y pre cooperativos a nivel federal” y se asegura que “buscamos institucionalizar y fortalecer en múltiples aspectos el trabajo de nuestras cooperativas de la economía popular en cada provincia y municipio del país”.

 

De ese total, al menos 49 cooperativas son Unidades de Gestión. Estas son los lugares donde los beneficiarios del Potenciar Trabajo deben realizar las 20 horas semanales de contraprestación obligatoria. También están a cargo de certificar la participación de los inscriptos en el Programa social y verificar el cumplimiento las tareas. Ochenta y cinco mil personas no lo hicieron y por esa razón fueron dados de baja por la ministra Victoria Tolosa Paz.

 

La propia Federación a cargo de Onorato firmó dos convenios por $158.200.000 -resolución 236 de 2020- y la 144 por $2.043.440 del mismo año. El que gestionó la tramitación de los convenios fue el propio Pérsico desde su cargo en Desarrollo Social, un hecho prohibido por las disposiciones de Ética Pública por “incompatible” ya que él, hasta un año antes de ser funcionario nacional era miembro del Consejo de Administración de FECOEVITA. Por esa clara incompatibilidad, que está reñida con las disposiciones de Ética Pública, la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen en su contra.

 

En diálogo con Infobae, Pérsico reconoció que formó parte de la conducción de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, pero que había renunciado “un año antes de haber iniciado la tramitación de las resoluciones” un hecho insuficiente ya que como mínimo los funcionarios deben haber renunciado tres años antes de jurar como servidores públicos.

 

La misma resolución de la Oficina Anticorrupción realiza un repaso de los intereses que pudieran afectar el ejercicio de las funciones del Emilio Pérsico. La misma desarrolla “que el 12 de abril de 2019 fue designado Presidente del Consejo de Administración en representación de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LTDA (Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Consejo de Administración del 12 de abril de 2019)”, y no se excusó en la tramitación de los $162.000.000 ya mencionados párrafos arriba.

 

Los convenios con cooperativas, mutuales, fundaciones y otras organizaciones comunitarias vinculadas al Movimiento Evita, a través de la Federación que formaba parte Pérsico y es muy extensa. Los dirigentes de Elisa Carrió, que presentaron la denuncia penal, contabilizaron unos $1.664.632.400.

 

No obstante, dejan constancia de la existencia de “otros veinte convenios de la misma naturaleza, celebrados por la Secretaría de Economía Social, de la que el Sr. Pérsico es titular, con cooperativas vinculadas estrechamente al Movimiento Evita por un monto total de $1.981.526.920″. Una suma superior aún a la anterior, y es por eso que el legislador porteño Hernán Reyes y el resto de los firmantes le solicitan a la justicia que “investigue la intervención personal del Sr. Pérsico en cada uno de ellos”.

 

Entre esos acuerdos se destacan los convenios formados con la Asociación Civil Manos Comunitarias de General Rodríguez por $200.000.000.

 

En la presentación se destaca que el Movimiento Evita de esa localidad bonaerense “ha publicado videos en los cuales se destacan actividades de la Asociación Civil Manos Comunitarias de General Rodríguez, señalando que la misma pertenece al Movimiento Evita” y que “en particular, se destaca un programa de microcréditos”.

 

Dos convenios por $200.000.000 y $100.000.000 con la Cooperativa De Trabajo Colonia Ferrari Limitada. Según los denunciantes, Marcos García es miembro referente de la cooperativa e integra el Frente Agrario del Movimiento Evita.

 

Un convenio por $124.900.000 con Ser.Cup.O. La organización forma parte del Movimiento Evita de Esteban Echeverría. Está vinculado a Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y referente del Frente Agrario Evita.

 

La lista es extensa y sigue hasta completar los de $1.981.526.920 que si se los suma a los 1.664.632.400 otorgados a las cooperativas que integran la Federación del Evita se llega a la suma de $3.646.159.320. O el equivalente a los 17 millones de dólares al cambio oficial.

 

Cada vez que en los medios se publica una nota que cuestiona el accionar o manejo de fondos de los movimientos sociales, sus dirigentes se defienden al asegurar que son “estigmatizados” y que hay “un sector político y mediático que no tolera que persistamos en rearmar el tejido social que sus políticas y acciones han destruido”. Lo hizo el Movimiento Evita el miércoles pasado después que Infobae describiera una causa penal que ante la justicia federal presentó la Coalición Cívica, en la que se sospecha que casi cuatro mil millones de pesos fueron destinados a una Federación, cooperativas y mutuales vinculadas a esa organización popular que tiene al secretario de Economía Social como uno de sus líderes.

 

Ni en la nota anterior ni en esta se mencionan actos de corrupción, solo la justicia lo puede determinar. Sí, la enumeración de datos, extraídos de documentos oficiales, pone en foco la cuestión ética: ¿puede un funcionario que maneja un presupuesto de más de seis mil millones de pesos anuales ser quien autoriza los acuerdos con las cooperativas o Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo a las cuales él u otros dirigentes de su organización social está vinculado? Y que además, funcionarios a cargo del control de la asignación de partes de esos recursos integre la misma organización social.

 

La inquietud va más allá de Emilio Pérsico y se hace extensiva a otros dirigentes sociales que, como él, podrían estar de ambos lados del mostrador como Juan Grabois del Movimiento de Trabajadores Excluidos que también está relacionado con cooperativas de trabajo o, en el otro extremo ideológico, a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y dirigente de la Unidad Piquetera, organizaciones que también tienen Unidades de Gestión.

 

Evitar esa tentación podría evitar que, tal como sostiene la Coalición Cívica en su ponencia judicial: “Los referidos funcionarios públicos no solamente asignen con amplia discrecionalidad los recursos estatales, sino que también ocupan cargos en los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros para que de esa manera el círculo cierre de manera perfecta”.