SE HACEN DE LA PESCA ARGENTINA
Dr. César Lerena
En el siglo XXI
los Estados que necesitan los recursos naturales no siempre invaden los
territorios o los adquieren a quienes los tienen; muchas veces, se apropian de
estos recursos de los países en desarrollo, mediante su explotación ilegal o
mediante la compra de sociedades que son concesionarias de permisos de
explotación o captura.
Teniendo en cuenta
los porcentuales indicados por la FAO, estimamos (César Lerena, CESPEL, Centro
de Estudios para la Pesca Latinoamericana, 2022) que en Suramérica y El Caribe
los Estados de pabellón que capturan a distancia los recursos migratorios
originarios de las ZEE o viceversa, realizan una pesca ilegal (INDNR) del orden
de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos 11.770 millones de dólares.
Sin contabilizar los descartes de pesca incidental y/o especies no comerciales
realizados por los Estados ribereños en las ZEE. Sea Around Us, de la
Universidad de Columbia Británica (Canadá) y la Universidad de Australia
Occidental (Paloma Fidalgo, El Plural, 29/6/2017) informó que: «Las flotas
pesqueras industriales arrojan anualmente casi 10 millones de toneladas de
pescado potencialmente utilizable, pero ya muerto, a mares y océanos de todo el
planeta»; que, además de la inmensa pérdida de proteínas que necesita el mundo,
provoca una contaminación orgánica inconmensurable de los océanos.
Según la FAO
(Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by
FAO Mayor Fishing Área, 2019) en el Área 41 (Atlántico Suroccidental) el 40% de
las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles y, como refiere el
citado informe, los principales responsables son los Estados de pabellón;
indicándose, en el muy elocuente mensaje del Programa 21 de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992); que
«la ordenación debe hacerse en la pesca de altura, en la que se plantean los
problemas de la pesca incontrolada», y donde el 85% de las capturas la realizan
cinco países: CHINA, ESPAÑA, TAIWÁN, JAPÓN Y COREA DEL SUR, quienes del total
mundial de 37 millones de horas de pesca sus buques ocupan unas 25 millones de
horas; motivo por el cual, el mayor daño no lo ocasionan los 216 países
restantes que pescan en el mundo, sino que lo generan solo cinco Estados de
pabellón y, por lo tanto, los esfuerzos por mejorar la administración de los
recursos en la ZEE de los Estados ribereños (por ejemplo, Argentina) tendrán
pobres resultados sino se trabaja sobre esos países que son responsables de las
capturas en alta mar e, igualmente responsables, del desequilibrio de los
ecosistemas, ya que juntos capturan unas 26 millones de toneladas del total 84
millones/año (2019); es decir, el 31% de las capturas sobre «221 Estados que
notificaron algún tipo de actividad de comercial pesquera» (FAO, “Estado
Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p: 18, 2020).
A las flotas
mencionadas, debemos agregar que en el Atlántico Suroccidental, los buques
españoles arriaron su bandera y colocaron la bandera ilegal de la “Unión Jack y
Unión Flag” para pescar en el área de Malvinas con las empresas asociadas
españolas-británicas que, insólitamente, operan subsidiadas, en perjuicio de
las propias empresas nacionales y españolas radicadas en el país, pese a la
separación del Reino Unido de la Unión Europea.
En este estado de
cosas, en la Argentina, del total de dólares de las exportaciones pesqueras
declaradas en 2022 (uno de los valores más bajos del quinquenio, fueron 434.00
toneladas por valor de 1.800 millones de U$S) procedentes de la captura en su
Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, un 70% está en manos de 20 grupos
empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20
grupos el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas
nacionales y, de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales
chinos y españoles.
No estamos en
contra de las inversiones extranjeras, sí en desacuerdo con la concentración
empresarial; más aún con la exportación por parte de éstas de materias primas
sin valor agregado que transfieren la manufactura y mano de obra argentina a
terceros países (Guatemala, Perú, Tailandia, Vietnam), quienes le agregan valor
y reexportan los productos o, bien, la exportación a los países desarrollados
que los transforman las materias primas argentinas para su consumo o
reexportación. Y, nos asombra (¡!), que mientras embarcaciones chinas y
españolas depredan nuestros recursos migratorios originarios de la ZEE
Argentina en alta mar y Malvinas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca; el Consejo Federal Pesquero integrado por todas las provincias del
litoral marítimo y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina no
establecen ninguna estrategia respecto a las empresas del Estado Chino a las
que se les otorga o transfiere permisos de pesca en la Argentina y, otro tanto,
a las españolas, donde el Estado español admite la pesca de sus buques violando
los artículos 91º, 92º, 216º, 217º y otros de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); la Resolución 31/49 de las Naciones
Unidas y, en su caso, las leyes 24.922, 26.386 y 27.564.
Sobre los buques
chinos radicados o no en la Argentina no hay duda que, salvando alguna honrosa
excepción, las empresas pertenecen al Estado chino; pero, respecto a los
españoles no radicados en la Argentina: ¿Dónde está “la relación auténtica
entre el Estado y el buque” que les ha permitido enarbolar el pabellón a los
buques españoles que pescan ilegalmente en Malvinas y los recursos migratorios
originarios de la ZEE? ¿Qué requisitos les han exigido las Autoridades
españolas a la hora de concederles la nacionalidad a los buques que realizan
pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental? ¿Olvida España que los
buques bajo su pabellón están sometidos, en alta mar, a la jurisdicción exclusiva
de dicho Estado?
¿Qué hacen las
empresas chinas y españolas radicadas en la Argentina al respecto?
Por si algo
faltaba, algunas de estas empresas, con unas irrelevantes empresas argentinas,
reeditan la llamada OPRAS (Organización de Protección de los Recursos del
Atlántico Sur). ¿Alguien podría imaginar que empresas del Estado Chino
radicadas en la Argentina -el mismo Estado que con cientos de buques pesca en
forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental- podrían “proteger” los
recursos pesqueros en este Atlántico o, que, empresas españolas igualmente
radicadas en la Argentina podrían proteger nuestros recursos, cuando 16 buques
arrastreros gallegos del Estado Español -a pesar de que éste ha reconocido la
soberanía Argentina de Malvinas- asociados a los británicos radicados en este
archipiélago, extraen todos los años cientos de miles de toneladas de recursos
pesqueros argentinos?
En este escenario,
Juan Redini que, pese a contar con un solo buque (¿?), es el presidente de CAPA
(Cámara de Armadores Poteros Argentinos) y de la citada OPRAS, reconociendo que
«habla periódicamente con el Subsecretario de Pesca (Carlos Liberman)»
manifiesta «que la flota extranjera se aprovecha de nuestro recurso y hay poca
voluntad diplomática de Argentina por ponerle coto (…) que, pescó mucho más que
nosotros. (por ejemplo) en Malvinas hay informes que detallan que 110 barcos
capturaron 170 mil toneladas (y) la flota china sobre la milla 201 capturó
entre 280 y 300 mil toneladas (y) nuestro negocio no depende de nosotros sino
de lo que pescan otros nuestros recursos (…) en función de lo que pescan ellos,
nos va mejor o peor a nosotros (…) no hay manera de competir con los costos de
esa flota» (Roberto Garrone, La Nación, 17/6/21) y detalla en la Revista
Industrias Pesqueras (España, 11/5/2022) las claves del nuevo proyecto de
mejora de la pesquería (FIP) en el Atlántico Sur con participación de las
empresas españolas como la filial argentina Argenova de Nueva Pescanova, el
Grupo Profand e Iberconsa en el que se incorpora el calamar Illex de la ZEE de
Argentina, en el que CAPA lideraría la iniciativa y el proyecto de “level
playing field” -igualdad de condiciones- (¿?), «donde todos los años hay un
ingente número de buques, la mayoría de bandera asiática, ante la falta de una
OROP en las aguas del Atlántico sudoccidental», buscando satisfacer las
necesidades de “origen responsable” del calamar Illex destinado a Europa y
Estados Unidos, e incentivar -manifiesta Redini- «que quienes operan fuera de
la milla 200 se interesen por hacer una gestión más responsable del recurso que
compartimos» y «diferenciar las capturas que CAPA realiza en su ZEE de aquella
procedente de la milla 201».
En fin, al margen
el ingenuo comentario de “incentivar a la pesca responsable a quienes capturan más
allá de las 200 millas” y, las erróneas afirmaciones de “igualdad de
condiciones”, cuestión de cumplimiento imposible, en el marco de las atrasadas
políticas pesqueras argentinas y la abismal diferencia económica-financiera y
de disponibilidad de los mercados de la flota china y española que pesca a
distancia o, cuando refiere a “recursos que compartimos”, cuando se tratan
mayoritariamente de recursos que migran de la ZEE Argentina, y cuya
distribución debe, como refiere la CONVEMAR, tener en cuenta al Estado ribereño
en desarrollo y los efectos negativos de la pesca sin control.
No sabemos de qué
habla el Presidente de CAPA y OPRAS con el Subsecretario de Pesca Carlos
Liberman y, esperamos que éste no comparta su estrategia de poner en manos de
chinos y españoles la política pesquera del Atlántico Suroccidental o que
acompañe la opiniones de esta Revista española: “que lo que ocurre en estos
mares se debe a la falta de una OROP”; cuya integración, debilitaría aún más la
posición de Argentina como Estado ribereño y violaría la Disposición
Transitoria Primera de la Constitución Nacional, ante la ocupación prepotente
del Reino Unido de 1.639.900 Km2 de mar argentino y la explotación de los
recursos; aunque, el propio subsecretario no nos sepa decir qué hacer respecto
a las OROP, sugiriendo al Editor dirigirse a la Cancillería para que ésta dé su
opinión (ver Revista Industrias Pesqueras, España, 17/3/2023)
Son muy llamativas
las declaraciones del marplatense Redini a ambos medios y, humildemente le
sugerimos tener mucho cuidado en “no encandilarse con las luces de la ciudad”.
En los caminos que pareciera querer transitar debería tener muy en cuenta que
la referida CAPA está integrada por un 68% de buques de empresas asiáticas
(mayoritariamente chinas); 18% españolas y 14% argentinas; igualmente, que
OPRAS, se integra mayoritariamente con empresas chinas y españolas y, dos
pequeñas empresas argentinas que, en el Ranking argentino de exportación de
productos pesqueros de Argentina (2019) no tienen ningún rol protagónico:
Pesquera Buena Vista (posición 81º) y Pesquera del Este (126º); mientras que
las extranjeras: Iberconsa (posición 1º); Argenova (4º); Arbumasa (6º) y, el
Grupo Profand (29º). Conocemos como se manejan, desde adentro y desde afuera,
las Cámaras.
En estas
condiciones, darle a estas Organizaciones el cuidado de nuestros recursos sería
desconocer lo ya dicho sobre el rol chino y español más allá de las 200 millas
y en Malvinas. Respetuosamente sería como “poner al zorro a cuidar el
gallinero” o reciclaremos el dicho: “poner a chinos y españoles a cuidar el
calamar argentino”.
Es evidente que el
Estado argentino para pensar en cambiar la matriz de la explotación del calamar
y combatir la pesca ilegal (INDNR) de esta especie por parte de extranjeros y,
competir y/o acordar con la flota que pesca en alta mar y Malvinas (fuera de
esta área ocupada), debe reformularse la política de permisos, cuotas y
autorizaciones, más aún, en el caso puntual de la especie estratégica calamar
Illex, que sí, -como es vox pópuli en los ámbitos portuarios- los permisos de
pesca sin plazo ni reproceso tendrían un costo del orden de los 3,5 millones de
dólares y los con reproceso 1,5 millones de dólares, sacando de competencia
para hacerse de ellos a las empresas nacionales, que es, a las que se les
debería dar libre acceso a estos permisos y todas las facilidades e incentivos
para hacerse de esta especie argentina, estratégica y productiva.
“Un montón de
piedras no es una casa” Jules Henri Poincaré (1854-1912)