de Cristina Fernández y de Alberto Fernández
Por Carlos Mira
Tribuna de
periodistas, 06/04/2024
¿Qué es la ley? O
para mejor decirlo, ¿qué debería ser la ley? La ley no debería ser otra cosa
más que la traducción burocrática del sentido común: esto es, plasmar en un
documento que haya pasado por el procedimiento previsto en la Constitución para
el tratamiento y sanción de las leyes, lo que indica el orden natural y
corriente de las cosas.
¿Cuál es uno de
los primeros dictados del “orden natural y corriente de las cosas”? Respuesta:
que quienes se comportaron mal (o están bajo un proceso en el que se esta
averiguando si se comportaron mal) no pueden recibir beneficios pagados por el
conjunto de perjudicados por las conductas del que actuó mal.
Eso es lo que
indica el sentido común. Ahora bien, si por determinadas circunstancias (entre
las que se cuentan obviamente los privilegios de la clase política) un conjunto
de legisladores logra aprobar una legislación (cumpliendo con el procedimiento
de tratamiento y sanción de las leyes) según la cual quien se comportó mal (o
quien esta siendo sometido a un proceso para saber si se comportó mal) puede,
de todos modos, ser acreedor de un beneficio pagado por los perjudicados por la
conducta del causante, lo que está mal es la legislación, no el sentido común.
El sentido común siempre está bien.
La Argentina esta
plagada de estas fallas. Vive cotidianamente supeditada a un orden jurídico
violatorio del sentido común. No en vano le va como le va.
Un último ejemplo
de esta aberración lo hemos tenido con la jubilación aprobada por la ANSES para
el ex presidente Fernández.
Por esta decisión
el Sr Fernández pasara a cobrar una jubilación de $7000000 de pesos por mes
mientras un jubilado de mínima (ahora, con los ajustes dispuestos por el
gobierno) cobra $240000. Se trata de una obscenidad incalificable.
Pero si esa
diferencia ya sería vergonzosa en condiciones “normales” lo es mucho más tratándose de Fernández.
Alberto Fernández
fue un presidente que deshonró su cargo y que avergonzó al país. Y esto no es
un juicio de valor subjetivo sino una comprobación empírica derivada de su
gestión.
Alberto Fernández
supeditó la salud de los argentinos (en el momento mas crítico de la humanidad
en más de un siglo) a un acuerdo ideológico y geopolítico con Rusia impuesto
por su jefa, Cristina Fernández de Kirchner.
Dejo de lado su
deber de cuidar la salud publica para privilegiar un capricho resentido de
aquella que lo contrató como su hombre de paja en un gobierno de marionetas.
Alberto Fernández
encerró sin miramientos a la sociedad mientras él se divertía con los amigos de
su pareja en la quinta de los presidentes desde la que, días antes, les había
robado a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires miles de millones de pesos
para derivárselos al inservible gobernador de la provincia, también por orden
de Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto
Fernández organizó una banda de brokers
de seguros para obligar a distintas dependencias del Estado a contratar pólizas
con empresas vinculadas al marido de su secretaria personal, operaciones por
las cuales los contribuyentes tuvieron que pagar miles de millones de pesos
extra que se repartieron entre los cabecillas del negocio.
Alberto Fernandez
generó un país con 50% de pobres; recibió un país con el dólar a $60 y lo
entregó con un dólar a $1200. En sus cuatro años produjo una inflación de mas
del 1000%; asoció a la Argentina con las lacras mas autoritarias del mundo y no
dejó papelón por hacer en cuanta reunion internacional participó.
Ese marco debería
inhibirlo de cobrar una jubilación que es mas de 29 veces superior a la mínima
de los argentinos comunes. Otro tanto, obviamente, debería decirse del caso de
la jefa de la banda (sucesora del mastermind que la creó, Nestor Kirchner)
Cristina Fernandez de Kirchner.
Se trata de un
perfecto caso de divorcio entre el sentido común y la ley: no importa si los
extremos fríamente burocráticos de estos sujetos cumplen los requisitos de la
legislación vigente. Esos extremos deberían ponerse en suspenso hasta que se
demuestre, al menos, la ausencia de dolo en el accionar de estos individuos
mientras ejercieron el poder.
En el caso de
Cristina Fernández de Kirchner el dolo ya fue probado porque la señora ha sido
condenada por administración fraudulenta contra el Estado (léase “robo a los
argentinos”) en el aso vialidad y es técnicamente una delincuente.
Dicho esto,
Cristina Fernandez de Kirchner no podría gozar de un beneficio pagado por
quienes fueron sus víctimas. Esto es lo que indica el sentido común mas allá de
lo que diga la ley. Y si la ley y el sentido común tienen divergencias, pues lo
que hay que revisar es la ley.
Mas allá de las
cuestiones no judiciables de su gestión, Alberto Fernandez fue también
condenado por violar las disposiciones que él mismo había firmado durante la
pandemia, en un hecho de cinismo pocas veces visto. Por lo cual también es un
condenado doloso de la justicia, más allá de que encontró en el dinero un
salvoconducto para eludir penas mayores.
Por lo demás, el
ex presidente se encuentra incurso en una investigación que lo tiene como uno
de los principales sospechosos de estafar al Estado (estro es, a todos los
argentinos) con la contratación de pólizas de seguro completamente innecesarias
y creadas al solo efecto de generar comisiones que terminaron en sus propios
bolsillos.
Por si todo esto
fuera poco, que dos integrantes del coro de la “justicia social” y de la “reivindicación
de los pobres” (de los que no se tiene noticia que en su perra vida hayan
donado, por ejemplo, un céntimo a una organización de caridad) les infrinjan
cachetazos en la cara a esos mismos pobres todos los santos meses con la forma
de millones de pesos que siguen chupándole del Estado como si todo lo que
robaron no les alcanzara, constituye una afrenta moral que ningún
cumplimento burocrático de “requisitos
legales” puede compensar.
Es absolutamente
imprescindible que un juez con sentido común ponga en la balanza de la justicia
todos estos elementos y suspenda los privilegios jubilatorios de Cristina
Fernandez de Kirchner y de Alberto Fernández como una contribución, aunque sea
mínima, con el arrastrado concepto de justicia que los argentinos lamentablemente
sufren como consecuencia de una insoportable desigualdad usufructuada por los
adalides de la igualdad y de la defensa de los que menos tienen.