“Las retenciones valen en un contexto de emergencia, pero no en la normalidad. En un contexto normal, el país debe aspirar a copiar los sistemas tributarios de los países desarrollados, que no tienen este tipo de gravámenes a la exportación”, reflexionó Juan Llach en una disertación titulada “¿Qué estructura productiva debe tener la Argentina y que pasará con los precios relativos?”.
“Las retenciones deben ser reemplazadas gradualmente por otros tributos, como el impuesto a las ganancias, que potencia al blanqueo a la economía”, dijo el experto, en un detallado análisis sobre los argumentos oficiales que buscan convalidar la aplicación del impuesto. “Porque el agro debe ser consciente de que si pide al Gobierno que saquen este impuesto, va a tener que aceptar sí o sí algún otro a cambio”, aclaró.
Para Llach, el principal argumento con que se fomenta la aplicación de las retenciones a las producciones agropecuarias, que es evitar un calentamiento de los precios internos que afectaría a los más pobres, no es válido. “La realidad es mucho más matizada. No hay una relación necesariamente análoga entre los precios internacionales y los locales. Por ejemplo, en otro ciclo favorable de precios, de 1995 a 1997, mientras los precios externos de alimentos subieron 40 %, los minoristas treparon 4 %”, explicó Llach.
Es decir, que si sacaran las retenciones esto no derivaría en un aumento automático de los precios internos.
“Lo cierto es que hay un cálculo que dice que hay unos 15.000 millones de pesos de subsidios que favorecen a sectores medios y altos, que sí pueden pagar más”, apuntó Llach, para luego marcar que estos subsidios no son tan eficaces a la hora de abaratar los alimentos para los de menos recursos. Un buen modelo es de los Estados Unidos, que tienen el Food Stamp (estampilla alimentaria), un sistema que a través de una tarjeta asegura alimentos baratos, aplicando el subsidio directo al consumidor. Este beneficio llega a 28 millones de personas, casi el 10 % de la población norteamericana”, ejemplificó.
“Las retenciones deben ser reemplazadas gradualmente por otros tributos, como el impuesto a las ganancias, que potencia al blanqueo a la economía”, dijo el experto, en un detallado análisis sobre los argumentos oficiales que buscan convalidar la aplicación del impuesto. “Porque el agro debe ser consciente de que si pide al Gobierno que saquen este impuesto, va a tener que aceptar sí o sí algún otro a cambio”, aclaró.
Para Llach, el principal argumento con que se fomenta la aplicación de las retenciones a las producciones agropecuarias, que es evitar un calentamiento de los precios internos que afectaría a los más pobres, no es válido. “La realidad es mucho más matizada. No hay una relación necesariamente análoga entre los precios internacionales y los locales. Por ejemplo, en otro ciclo favorable de precios, de 1995 a 1997, mientras los precios externos de alimentos subieron 40 %, los minoristas treparon 4 %”, explicó Llach.
Es decir, que si sacaran las retenciones esto no derivaría en un aumento automático de los precios internos.
“Lo cierto es que hay un cálculo que dice que hay unos 15.000 millones de pesos de subsidios que favorecen a sectores medios y altos, que sí pueden pagar más”, apuntó Llach, para luego marcar que estos subsidios no son tan eficaces a la hora de abaratar los alimentos para los de menos recursos. Un buen modelo es de los Estados Unidos, que tienen el Food Stamp (estampilla alimentaria), un sistema que a través de una tarjeta asegura alimentos baratos, aplicando el subsidio directo al consumidor. Este beneficio llega a 28 millones de personas, casi el 10 % de la población norteamericana”, ejemplificó.
(La Nación, secc. 5, 12-4-08)