El decreto que anunció ayer Cristina de Kirchner para crear un fondo destinado a obras en salud, educación, rutas y viviendas financiadas con las nuevas retenciones sobre la soja, en realidad no tiene demasiados puntos originales. En el Congreso descansan decenas de proyectos similares e inclusive este diario reprodujo una idea casi igual al anuncio presidencial que el radical entrerriano Gustavo Cusinato presentó el 18 de mayo pasado. La diferencia esencial del decreto de Cristina de Kirchner con esos proyectos es que la Presidente ahora les da los fondos que se recauden por encima de un nivel de 35 % en las retenciones a tres ministros para garantizar que los gobernadores tengan que seguir negociando en la Capital Federal para conseguir esas escuelas y hospitales. Es decir, la democracia de la lapicera que tanto seduce al kirchnerismo.
El proyecto de Cusinato es similar a otro que en 2003 presentó el senador radical chaqueño Eduardo Moro. Allí se fijaba una distribución de la recaudación por retenciones con porcentajes similares a los de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
En realidad, esas presiones siempre tuvieron un trasfondo más político que económico: los gobernadores saben que las retenciones son un ingreso de la Nación que no está incorporado a la coparticipación. De hecho, el campo nunca quiso que se hiciera: de distribuirlas, significaría que en el futuro nunca podrían derogarlas.
La intención real, entonces, fue siempre presionar por ese costado para que el gobierno distribuyera de forma eficaz impuestos nacionales que sí son coparticipables como Ganancias, IVA o combustibles.
Queriéndolo o no, Cristina de Kirchner con su nuevo decreto no sólo reprodujo lo que la oposición viene planteando desde hace años, sino que hizo socios a las provincias y los municipios en la peor versión posible: no podrán decidir sobre el dinero de las retenciones, pero vivirán pidiendo que éstas no se deroguen para que, aunque sea por goteo, algo les toque en obras.
(Ámbito Financiero, 10-6-08)