Con muy pobres argumentaciones, la presidenta de la Nación anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley nacional electoral, con el fin de anticipar para el 28 de junio los comicios legislativos que deberían celebrarse el último domingo de octubre próximo.
La jefa del Estado, al justificar su iniciativa, expresó que "sería suicida embarcar a la sociedad en una discusión permanente hasta octubre" y sugirió que los argentinos no podemos soportar tantos turnos electorales en medio de una crisis internacional como la actual.
Se equivoca la Presidenta. Si una democracia no está en condiciones de tolerar una serie de procesos electorales, justamente en un año electoral, es porque sus instituciones son muy débiles o porque simplemente no existe una cultura democrática.
No hay democracia sin elecciones, pero la democracia es mucho más que la posibilidad de elegir representantes en comicios. Implica respetar un conjunto de normas y reglas de juego que no deberían ser modificadas de la noche a la mañana por meras conveniencias políticas.
Es inadmisible el argumento presidencial de que es necesario adelantar las elecciones para que, una vez "superado el escollo electoral", se puedan concentrar los esfuerzos en trabajar para sostener la actividad económica. Tan inconsistente como decir que en el actual contexto "se requiere un clima de tranquilidad despojado de lo que trae toda contienda electoral".
En primer lugar, resulta desafortunado escuchar a la primera mandataria calificando como "escollo" al acto electoral. La voz de la ciudadanía expresada en las urnas nunca puede ser un obstáculo.
En segundo término, no es propio de una democracia sólida modificar su calendario electoral por la existencia de problemas de índole económica. Basta con mirar a los Estados Unidos, que desde hace décadas respetan la tradición de votar el primer martes de noviembre, cada vez que haya que elegir presidente.
En todo caso, la iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner parece revelar la incapacidad de su gobierno para convocar con auténtica voluntad a un diálogo que siempre las actuales autoridades nacionales resistieron. Y, lo que es peor, trasluce una manifiesta inseguridad a la hora de enfrentar los problemas derivados de la delicada situación financiera internacional.
La propuesta gubernamental sugiere motivaciones políticas muy diferentes de las razones esgrimidas para adelantar el proceso electoral. Transmite la sensación de que el oficialismo teme perder más votos si espera a realizar las elecciones en octubre. Alimenta la percepción de que el Gobierno sospecha que los efectos socioeconómicos de la crisis global se sentirán con más fuerza en octubre que ahora, por lo que advierte que le conviene adelantar los comicios.
No es descabellado, al ritmo que se mueve nuestra economía, proyectar para octubre tasas de desempleo y de pobreza mayores que las actuales. Tampoco, problemas en la recaudación y cuentas fiscales más débiles. Parece evidente que el oficialismo prefiere no llegar a las elecciones nacionales en ese contexto y estima que cuanto antes se realicen las elecciones, menores riesgos políticos correrá. Asimismo, el adelantamiento electoral le restará tiempo a la oposición para organizarse y articular estrategias comunes. Y hay algo aún más grave: impedirá, por falta de tiempo, la convocatoria a elecciones internas en los partidos.
El comienzo de la solución a nuestros problemas no precisa de modificaciones en el calendario electoral. Requiere respeto por las reglas de juego de la democracia, más previsibilidad, más seguridad jurídica, más calidad institucional y una apertura al diálogo que jamás debería ser incompatible con un proceso eleccionario.
La Nación, 14-3-09