La sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de nueve imputados -cuatro de ellos ex funcionarios del Ministerio de Economía- en la causa por el pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. En la resolución, los camaristas negaron el recurso de apelación que habían presentado los procesados para intentar revertir su situación ante la Cámara de Casación.
El escándalo por los 54 millones se conoció en 2008 luego de una denuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido quien descubrió enormes inconsistencias en la decisión de Economía de pagarle a un grupo de aseguradoras que reclamaba desde hace 30 años un crédito del Estado basándose en dos fallos de países extranjeros.
A pesar de que la justicia argentina en dos instancias había considerado inválidos esos fallos, lo cierto es que finalmente se autorizó el desembolso. De la maniobra participaron el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, Juan Intelisano, la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, (los dos también investigados por el caso Greco), y Silvia Macchi y Duilio López, del Instituto de Reaseguros.
Por esta operación también están imputados los que recibieron el dinero. Se trata de Carina Azcano y Juan Holjevac , representantes del pool de aseguradoras llamado Accolade; Juan del Azar y Hernán Rodríguez Vagaría (ex asesores del Ministerio de Economía) y Jorge Pallavicino (empresario). Todos apelaron también intentaron apelar su procesamiento confirmado por la Cámara ante Casación. Sin embargo, la Sala I sostuvo su criterio y también les negó el recurso.
Según la investigación a cargo del juez Sergio Torres, la maniobra fue comandada por Intelisano, un contador que manejaba la administración del Ministerio desde hacía veinte años y era el tercer hombre más rico del Poder Ejecutivo según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
A pesar de que también estaba imputado en el caso Grecco, sólo después del escándalo por los 54 millones, Intelisano se quedó sin trabajo.
Esa cifra millonaria se entregó a Accolade en diciembre de 2007, apenas unos días antes de que Néstor Kirchner dejara el poder. La maniobra había sido tan sospechosa que los cuestionamientos por el pago llegaron hasta el despacho del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández quien intervino designando a un abogado para que audite la situación.
Cuando la Cámara confirmó lo actuado por el juez, le pidió también que profundizara en el rol que tuvo Claudio Moroni, quien entonces era titular de la Sindicatura General de la Nación, un organismo que emitió dictámenes por lo menos confusos con respecto a la viabilidad de realizar el pago.
Clarín, 8-3-11