Por Matías Longoni
“Somos los trabajadores esclavos de la AFIP”, le dice a Clarín un hombre que pide se preserve su identidad. Trabaja para una de las empresas que prestan servicios de “limpieza y maestranza” dentro del organismo que conduce Ricardo Echegaray, quien últimamente hace gala pública de una gran preocupación por la precariedad laboral.
El humilde empleado muestra su último recibo de sueldo: cobra menos de 2.000 pesos por mes, cuando el organismo desembolsa por sus servicios unos 7.000 pesos mensuales. El desvío de fondos públicos es evidente: el Estado destina a las empresas de personal tercerizado una suma que supera largamente lo que luego éstas le pagan a sus propios trabajadores.
Los tercerizados de la AFIP se decidieron a hablar luego de que Clarín publicó una investigación sobre las irregularidades cometidas en la adjudicación a la firma Limpiolux SA de las tareas de limpieza en la sede central del organismo. Esa empresa, una de las tantas del grupo Peluso, prestará ese servicio a un costo anual de más de 15 millones de pesos, cuando la firma que hacía el trabajo desde hace treinta años, Ricardo Bilbao, había presentado en la licitación una oferta 100% más baja. El sobrecosto para el Estado supera los 7 millones de pesos. Sin embargo, la AFIP (que descalificó la mejor oferta con argucias legales) ya firmó esa orden de compra a partir de abril. Y la semana pasada envió una inspección integral a Bilbao. “Nos mandan por el quilombo que armaron en AFIP”, reconocieron los inspectores.
“Cumplimos tareas administrativas, de carga y descarga de camiones, manejamos máquinas ... Es decir que realizamos las mismas tareas y más que los empleados de planta de la AFIP, sólo que por migajas del salario que ellos perciben”, explica otro de los tercerizados. Trabaja para la firma La Mantovana, a cargo del servicio de Movimiento de Bultos y Acarreos, entre otros trabajos. Todos esos servicios, sin embargo, ingresan en el oscuro territorio del convenio colectivo de trabajo 74/99, que define las condiciones para personal de “limpieza y maestranza”.
Al negar irregularidades en la adjudicación a Limpiolux de la limpieza de su edificio central, la propia AFIP dejó expuesto un sistema que engorda los bolsillos de unos pocos empresarios y condena a la pobreza a sus trabajadores. “La Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) y el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) calculan que, a septiembre de 2009, el costo mínimo por operario de jornada completa es de 7.000 pesos mensuales”, afirmó en un comunicado. Es decir, el organismo admitió que esa es la suma que paga a las empresas tercerizadas por cada uno de sus empleados, el salario base en sus licitaciones.
La mayoría de los servicios concesionados por AFIP los obtuvieron en los últimos años las empresas Linser y La Mantovana, aunque ahora también ingresó al ruedo Limpiolux. La Mantovana pertenece al empresario José Castelli; mientras que la cabeza de Linser es Luis Alberto “Chiche” Peluso, amigo y ex funcionario del gobernador Daniel Scioli. Limpiolux, en tanto, es del hermano del anterior, Norberto Peluso. Estas tres firmas se las ingenian para quedar siempre en la recta final de las licitaciones.
Todas esas empresas de limpieza, por otro lado, integran ADEL, la asociación empresaria que cada tanto acuerda con el Sindicato de Maestranza el llamado “costo de referencia” para los empleados del sector. Es ese el costo (los 7.000 pesos) que la AFIP -y muchos otros organismos- acepta luego como base de cálculo para sus licitaciones. ADEL es presidida por el mayor de los Peluso, Norberto.
En este contexto, el pecado que parece haber cometido la descalificada firma Bilbao, que como muchas Pymes de limpieza no integra esa asociación, es haber cotizado unos 3.000 pesos por trabajador, admitiendo la obviedad de que ningún obrero de la limpieza recibe en la actualidad un salario de 7.000 pesos. Bilbao ya fue eliminada de muchas otras licitaciones finalmente adjudicadas a Linser. Es concentración pura: sus 150 trabajadores quedaron al borde del despido, mientras las empresas de los Peluso siguen acumulando cuentas y facturan ya más de 150 millones de pesos.
“Hace años que en la AFIP nos prometen que vamos a ser blanqueados, pero después no pasa nada. Nos molesta mucho la situación, porque nosotros cumplimos la tarea de cualquier empleado de la AFIP, pero ellos ganan 15.000 pesos y nosotros 1.500. Y si amagamos protestar, directamente nos cambian de sección”, describe un tercerizado.
El responsable directo de este tipo de contrataciones en AFIP es el director de Logística, Miguel Cobián, quien cuenta con respaldo de Echegaray desde que éste estuvo a cargo de la Aduana. Debajo suyo, en la estratégica “Sección E”, Orlando Franco y Guillermo Espiñeira son los brazos ejecutivos. Un trabajador denuncia: “Ellos manejan al personal de La Mantovana a su gusto y placer, deciden en qué sector u oficina debemos prestar servicios”.
“¿No es increíble todo esto? Mientras la AFIP muestra por televisión operativos contra el trabajo esclavo, nos tiene a nosotros esclavizados. Nos sentimos denigrados y humillados”, se despide un administrativo que cobra como si fuera un obrero del lampazo.
Todos los tercerizados piden que se cuide su identidad. Quieren mejorar, pero también saben que pueden estar todavía peor.
Clarín, 8-3-11