COMO HERRAMIENTA OPERATIVA NACIONAL
José Javier de la Cuesta Ávila
Una de las críticas
que se nos formula a Argentina es la falta de continuidad en las acciones del
Estado, lo que produce inseguridad jurídica y motiva desgaste en los esfuerzos
de cambio e innovación, debido al empleo de la Administración Pública como
herramienta política y no en su función específica técnica de coordinación.*
Si bien la POLÍTICA,
base para lograr la acción y el desarrollo, es la búsqueda inteligente del
futuro, al tiempo que la equilibradora de los esfuerzos, desde la elevada
jerarquía de los GOBIERNOS, para la implementación, evolución y practica, es
concretada y llevada acabo por la organización del Estado en la forma de la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La administración pública es un elemento esencial en la
satisfacción, directa e inmediata, de las necesidades colectivas pues responde
a los fines del Estado. Por ello resulta primordial comprender que el agente
público es un servidor cuya actuación debe ser cumplida para el bien de la
comunidad, Por eso la noción de funcionario público no puede ser escindida de
la responsabilidad y de la acción de las consecuencias por las irregularidades
que se cometan.****
La Administración Pública,
como instrumento natural lógico y orgánico, actúa entre las decisiones de los
gobernantes y las acciones de la sociedad, resultando, de esta suerte, el medio
que amalgama en el presente al pasado con el futuro y, consecuentemente, motiva
la continuidad institucional. Esta realidad, que hace que exista permanente
atención en ella, impone se dedique esfuerzos para lograr su máxima eficiencia
y eficacia, pues, su calidad será el índice de la fortaleza del sistema.
El potencial de un
país**, si bien es activado por los particulares, dado su magnitud y escala,
encuentra en la función del gobierno su medio de realización. Es interesante,
cuando se estudia la historia de la administración pública, su evolución en la
medida que crecen las sociedades y se modifican los procesos de tecnología en
desarrollo. Países de avanzada, que se han caracterizado por su rol
determinante en la evolución mundial***, han prestado y prestan atención
especifica a su administración pública y, fundamentalmente, la protegen y custodian
por el valor operativo que ellas tienen para asegurar la coherencia social con
justicia y equilibrio.
Se conoce como
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA al conjunto de organismos de ejecución de las funciones
del estado en los diversos ámbitos de su responsabilidad de conducción y
coordinación de las sociedades. Existen diversas formas de su división,
ajustadas mas a su pasado histórico, que a las realidades científicas o
técnicas en aplicación. En general, a nivel naciones, se reconoce una función
llamada “civil”, otra “militar” y, distintivamente, una “de relaciones
exteriores”. Ello se debe a que, las características de las tareas que se
cumplen, se ajustan a empleos programados de los medios de cada tipo de
organización. Es decir, podemos simplificar el esquema señalando que hay un
sistema civil, un sistema militar y un sistema de relaciones exteriores, que
requieren ser aplicados en manera diferente, conforme a sus escenarios de
concreción. Ello implica, consecuentemente, la necesidad de la existencia de carreras
específicas y diferenciales. Se debe agregar, sin embargo, que este hecho es
valido para las organizaciones dentro del marco del Poder Ejecutivo, ya que los
Legislativo y Judicial, deben adoptar sus propias específicas sustantivas
particularidades. Es de señalar, además, que los “conflictos aplicativos” se
dan más en la esfera de las instituciones del Poder Ejecutivo, por los “avances
de la política”, ya que, raramente, ello se produce en los otros citados,
debido a los propios regímenes funcionales.
La ventaja de estos
sistemas, es que ellos se impulsan, como normas, de acuerdo a los “impulsos”
que provienen de la promulgación de las leyes y son los originarios de los
textos de los decretos que transforman la letra política en hechos
administrativos.
Normalmente entre un
11/15% de la población activa integra la administración pública, debiendo
llamarnos la atención de que en Argentina, este porcentual es del 21%, lo que
indicaría o una falta de eficiencia en relación a la sociedad o un exceso de
empleados por razones no vinculadas a las tareas. En Argentina existe una
adecuada legislación para cada uno de sus agrupamientos, así tenemos una marco
para el personal civil (Ley 25,164), otra para el militar (Ley 19.101) y para
el servicio exterior (Ley 20.957) como así también una específica para la
Justicia y otra para el personal del Congreso de la Nación (Ley 24.600).
La tarea de ser la
fuente de los decretos y la responsabilidad de su ejecución, hace que la
Administración Pública deba contar con personal y medios calificados y
perfectamente ambientados y experimentados sobre la marcha de la sociedad. Ello
implica “experiencia”, dedicación, capacitación y entrenamiento, lo que señala
un elevado grado de profesionalismo, como fruto del accionar en sus tareas.
Esta situación significa la necesidad de una “carrera” administrativa, que será
adaptada conforme el sistema que su organismo integre y los adecuados centros
de educación para su formación y actualización. En la mayoría de los países
este tema ha sido desarrollado exitosamente pudiendo destacarse lo realizado en
Europa, con su caso más relevante en Francia, y sus desarrollos en otros
lugares, citando para ello, el caso especifico exitoso de Brasil.
La actividad de
“gestión” de los entes administrativos, debe adecuarse a la responsabilidad de
“coordinación” que les compete para actuar, al mismo tiempo, como servidores de
la comunidad y, en cierta medida, reguladores de sus realizaciones. La
diversidad de actividades, que se concretan en una sociedad moderna, lleva,
lógicamente, a una necesaria “interacción” entre los particulares y los
funcionarios, para que se ajusten las normas a las realidades y se actué en
equilibrio. Esta relación es la que dará certidumbre y fortaleza en la práctica
administrativa, ajustada ambientalmente, que facilitara el desenvolvimiento y
evolución de la comunidad.
La administración
pública adquiere cada vez mayor importancia, por el aumento de la complejidad
de la vida social, comercial, cultural, etc., que, en ocasiones, desborda la
relación de cercanía casi vecinal y se proyecta globalmente. Una administración
pública que en el ayer se dedicaba solo al manejo de la “cosa pública”, hoy
esta involucrado en los más variados quehaceres para actuar como propulsora o
protectora dentro de la inevitable competencia mundial. Esta importancia hace
que en algunos países, como Inglaterra, el poder gubernamental originado en los
políticos no alcanza a toda su estructura y se mantenga dentro de la
administración pública (civil service) el nivel de Secretarios de Estado
desempeñado por funcionarios. En el caso de Argentina, vemos ello en el
“sistema militar”, ya que los Jefes de Estado Mayor actúan en un nivel
equivalente de Secretarios de Estado en relación a cada una de sus fuerzas,
pero, no se aplica en las otras áreas y, en ocasiones, hasta se avanza en los
niveles inferiores, en los que se designan a “políticos” en lugar de los
debidos que correspondería sean ocupados por “funcionarios”. Es decir, se usa
la administración pública algunas veces para que sea conducida por “militantes”
y no agentes públicos, como también como lugar de “empleo político” asignando
vacantes con tal fin.
La presencia de los
funcionarios da, básicamente, la posibilidad cierta del cumplimiento de las
leyes, ya que ellos no están en posición para actuar modificando o
interpretando sus alcances conforme la ideología política natural que tiene el
político. De esta suerte, la modificación o cambio legal siempre se producirá
en el nivel “político” es decir, las autoridades del Poder Ejecutivo o los
legisladores del Poder Legislativo y no en una organismo de aplicación. Es de
observar, sin embargo, que en ocasiones, existen funcionarios públicos avanzan
en sus acciones, desbordando sus responsabilidades y atribuciones, y que ellos,
generalmente, no son personal de carrera sino que se originan por su
designación política.
Es de recordar, que
el funcionario público, esencia humana de la Administración Pública, se
encuentra dotado de un conjunto de potestades, facultades y deberes que no solo
le señalan el marco de su competencia, sino también la esfera y el ámbito de su
responsabilidad. El mismo debe constituir un real cuerpo orgánico que actúa de
la manera prefijada y conforme los alcances que la actividad le impone como su obligación
y deber y no tiene las libertades de opinión que si le corresponde a los
políticos y, esta restricción, es la que le da vigencia aplicativa
sustancial.****
Sintetizando, se
estima que es necesario revalorizar en toda su magnitud a la administración
pública y dar a los funcionarios públicos el rol que técnica y prácticamente
les corresponde, ya que, de esta manera, se da relación material y directa al
cumplimento de las normas, conforme la política haya sido aprobada por los
mecanismos constitucionales que corresponde. Esta “continuidad aplicativa”,
asignada a la administración pública, es, sin lugar a dudas, la garantía de
aplicación en el tiempo de las leyes vigentes y llevan a la siempre aspirada
“seguridad jurídica”. El accionar de designar en cargos y funciones propias de
la administración pública a personas del ámbito político o terceros ajenos, es,
posiblemente, una de las causas que mas agravan la imposibilidad concreta de la
continuidad operativa que requiere la sociedad y necesita el país. En general,
nos ocupamos de la temática gubernamental, poniendo énfasis en su accionar
político, pero olvidamos que la herramienta de ejecución es la administración pública,
que, si falla entorpece y desvía, sin en cambio si es exitosa, da seguridad,
continuidad y operatividad al accionar de ella con la sociedad.
Notas:
* En los últimos
tiempos se observa la designación de personas políticas o ajenas al sistema de
la administración público, en diversos cargos y funciones que resultan una
actividad transitoria, generalmente de tipo ideológico, que obra en desmedro de
los funcionarios públicos expertos y adiestrados en sus cargos.
** Los sistemas de
administración pública de los países europeos, donde se ha desarrollado una
larga y constante acción de formación y consolidación, son los que han dado el
esquema operativo de esas naciones. Se toma siempre como modelo lo desarrollado
en Latino América por el sistema administrativo colonial que sufrió los
“impacto” de los movimientos de liberación, cosa similar a la que se observa en
la conformación del Imperio Británico en la conformación de sus colonias que,
luego independientes, mantuvieron sus regímenes de administración.
*** Se pone como
ejemplos lo que muestra los Estados Unidos de América con las ideas políticas
del Presidente Obama que una vez en ejercicio, debieron ceder a las bases
anteriores de su propia administración y, la continuidad operativa que muestra
Brasil a lo largo de sus tiempos, ya que su política tiene una admirable
continuidad que ha sido la que le permite un impulso constante equilibrado.
**** Texto copiado de
“ La responsabilidad de los funcionarios públicos” por Miriam Mabel Ivaneca.
Tcnl. José Javier de
la Cuesta Ávila
Informador público,
23-4-12