Emili J. Blasco
El líder venezolano
era informado cada semana de las operaciones de tráfico de drogas realizadas
bajo control del Ejército. Foto: Chávez abandona Cuba, en su última estancia
por el tratamiento de su enfermedad (Reuters).
Hugo Chávez ha estado
recibiendo durante años informes semanales sobre las operaciones de
narcotráfico realizadas en Venezuela, llevadas a cabo bajo control de las
Fuerzas Armadas. Detalles de esos encuentros, en los que el director de la Inteligencia Militar
habría dado cuenta puntualmente al presidente venezolano de cómo se estaba
desarrollando el negocio de los estupefacientes, han sido ofrecidos a la
poderosa Agencia Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) por
el huido magistrado venezolano Eladio Aponte. Así lo ha podido saber ABC de
fuentes conocedoras de los pormenores de la voluntaria entrega de Aponte a las
autoridades de Washington.
Un narcotráfico de
Estado, dirigido por «narcogenerales» y tutelado por el propio Hugo Chávez, y
una Justicia amañada tanto para proteger esas operaciones como para «montar»
juicios contra disidentes políticos, es la Venezuela del chavismo cuya realidad ahora emerge
ante la descomposición del régimen. Pieza clave de esa utilización de los
tribunales para los intereses del régimen fue el juez Aponte, primero como
fiscal militar, y luego como responsable de la Sala Penal del Tribunal
Supremo de Justicia del país. Con Chávez en plena salud, Aponte habría tenido
pocas oportunidades de escaparse. Pero ahora, con el presidente frecuentemente
en Cuba y los responsables de seguridad más preocupados por su propio futuro,
nadie reparó en que el gran testigo de la corrupción del chavismo podía
marcharse del país.
La huida
Destituido el 20 de
marzo por las acusaciones de Walid Makled, un ex capo civil de la droga caído
en desgracia debido a luchas internas, Aponte acudió a su despacho el día de su
escapada para recoger sus cosas. Cuando salió del edificio le dijo al chófer
que prefería regresar a casa en taxi. Viajó en taxi hasta la península de
Paraguaná, a unos 500 kilómetros de Caracas. Allí contrató a un pescador para
que lo llevara en lancha a la isla de Aruba, a 45 minutos de distancia. Y en la
isla tomó un avión, primero a Panamá y luego a Costa Rica, donde le recogió la DEA.
Sospechando que podía
pagar los platos rotos por el caso Makled -él mismo había usado a chivos
expiatorios muchas veces para salvar la cara de altos mandos militares en
procesos penales-, Aponte estuvo enviando fuera del país documentos
confidenciales durante tres meses. Todos están ya en poder de las autoridades
estadounidenses.
Carta comprometedora
Entre ellos, por
ejemplo, hay una comprometedora carta de 2007 en la que el entonces ministro de
Defensa, el general Raúl Baduel, informaba a Chávez de que existían
«suficientes elementos que vinculan» al general Henry Rangel, hoy titular de
Defensa, con un caso de narcotráfico: un cargamento de 2,2 toneladas de
cocaína, procedente de las FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército
de una zona fronteriza con Colombia y estaba siendo transportado por un convoy
militar cuando fue interceptado. La carta, a la que ha tenido acceso este
periódico, señalaba que Rangel era primo de uno de los imputados, y añadía:
«Muy respetuosamente sugiero se abra una profunda investigación y auditoría de
sus bienes (…), y el cese de sus actividades laborales, hasta que se pueda
descartar su participación en los hechos antes mencionados».
Chávez no sólo no
promovió una investigación, sino que, de acuerdo con Aponte, le habría
insistido para tapar cuanto se pudiera el asunto. Una injerencia en asuntos
judiciales desde la
Presidencia de la República que el juez asegura es frecuente en el
régimen. Baduel pagó su osadía con la obligación de retirarse del Ejército al
cabo de unos pocos meses, y en 2010 fue sentenciado a ocho años de prisión por
corrupción. Rangel fue promocionado, como también lo acabaría siendo el
teniente coronel Pedro Maggino, principal encausado en el mencionado proceso
judicial, que Aponte manipuló. El expediente de ese juicio permite concluir que
el caso «no era un incidente aislado y que la planificación apuntaba a una red
de narcotráfico bien establecida de oficiales militares», según el dictamen de
juristas que lo han examinado.
El capo de los capos
Aponte es la primera
persona que involucra directamente a Chávez en ese negocio, según el testimonio
que avanzó una vez ya fuera de Venezuela a las fuentes consultadas por ABC. El
magistrado aseguró que varias veces había estado presente cuando el director de
Inteligencia Militar presentaba su informe semanal al presidente sobre las
operaciones de tráfico de droga. No está claro que esa acusación la pueda
sustentar con pruebas escritas. En cualquier caso, asegura tenerlas (por
ejemplo, pagos a cuentas bancarias) contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional ,
que es el jefe del partido y uno de los posibles sucesores de Chávez al frente
del movimiento. «Cabello es el capo de los capos, porque es el que controla
toda la infraestructura del lavado del dinero», declaró Aponte, de acuerdo con
las fuentes citadas.
En declaraciones que
entonces también hizo a la cadena SoiTV de Miami, calificó al general Clíver
Alcalá, que comanda la
División Acorazada , como «el zar de la droga», quien se ocupa
de la operatividad de los envíos, en colaboración nada menos que con la Oficina Nacional
Antidroga, el coronel Néstor Reverol.
Emili J. Blasco
Corresponsal en
Washington
ABC
Informador Público,
2-5-12