domingo, 30 de septiembre de 2012

ANÁLISIS DESDE CHILE





La Argentina, un país desperdiciado.

por SEBASTIÁN EDWARDS
Diario La Tercera

La tragedia Argentina siempre ha sido que el todo sea menos que la suma de las partes; que tanta gente civilizada sea gobernada por tanto político bárbaro. Si el nivel de hastío sigue subiendo, y el gobierno insiste en su populismo autoritario -ambas cosas muy probables-, es posible que las fuerzas de la civilización se unan y que ejerciendo sus derechos le pongan atajo a la barbarie.
La relación entre Chile y Argentina ha sido, siempre, complicada. Durante décadas los chilenos mirábamos a nuestros vecinos con una mezcla de admiración y envidia. Y no era tan sólo por la superioridad futbolística argentina. También tenía que ver con el desplante de los porteños, su arrogancia -verdadera o percibida-, sus artistas de calidad superior, sus carnes tan tiernas como sabrosas, esos chocolates suaves que se derretían en nuestras bocas, y la música maravillosa de Gardel, Soda Stereo, y Fito Páez.
Cuando yo era niño, viajar a la Argentina era todo un acontecimiento. Los afortunados se preparaban durante meses, y hacían listas de las cosas que comprarían, de los lugares a los que había que ir, y de las comidas que tenían que probar. Los más osados regresaban llenos de historias inverosímiles, las que casi siempre involucraban discotecas maravillosas -como el afamado Mau Mau-, o modelos espectaculares e inalcanzables. Pero eso no era todo: como ha dicho el novelista Mauricio Electorat, cuando llegaba el verano y las playas se llenaban de transandinos, muchos de nosotros temblábamos al pensar que el argentino de rigor podía robarnos a nuestras noviecitas.

En los últimos 15 a 20 años las cosas han cambiado profundamente. El complejo de inferioridad de antaño ha dado paso a una actitud de superioridad, y a un desdén que sin ser estridente, es palpable. Para la mayoría de los chilenos, Argentina ya no genera ni admiración ni envidia. Yo diría que el sentimiento mayoritario hacia la transandina república es de pena. Esa lástima o compasión que uno siente por los tíos viejos que alguna vez fueron exitosos y encantadores, pero que con el paso de los años se han transformado en seres roñosos y un poco patéticos.
Prácticamente todos los días del año la prensa chilena da cuenta de un nuevo ranking que demuestra que Chile está por encima de la Argentina. Titulares a ocho columnas informan que nuestro país es menos corrupto (Transparency International), tiene mejor educación básica (prueba PISA de la OECD), da más facilidad a los emprendedores (Doing Business del Banco Mundial), y cuenta con mejores universidades (Times de Londres).
Hoy en día, y con las importantes excepciones del fútbol y el cine, los chilenos miran a Argentina hacia abajo.

Una mirada histórica
En 1845 Domingo Faustino Sarmiento publicó su libro más importante: Civilización y Barbarie: Vida de Juan Facundo Quiroga. A la sazón, Sarmiento -quien llegaría a ser el séptimo presidente argentino- se encontraba exilado en nuestro país, donde fungía como profesor de la Universidad de Chile y director de la Escuela Normal.
En esta obra, Sarmiento argumenta que el gran dilema de la Argentina era decidir entre un futuro de civilización o uno de barbarie. La primera era asociada con la ciudad -especialmente con Buenos Aires-, la cultura occidental, y las ideas republicanas. La barbarie, en contraste, era la principal característica del interior del país, y estaba encapsulada en la forma de ser de los gauchos y los indios. Mientras los civilizados tendían a asociarse entre ellos y a convivir en forma pacífica, los bárbaros vivían aislados y rechazaban las agrupaciones civiles; eran huraños, violentos, y poco respetuosos de las leyes y de los demás. En términos modernos, lo que distinguía a la civilización de la barbarie era el acervo de capital social y el nivel de confianza interpersonal.
En un libro posterior -Viajes de 1849- Sarmiento profundizó estas ideas, y postuló que el sistema político y social de los Estados Unidos era la mayor expresión de lo civilizado. Al igual que a Alexis de Tocqueville -el autor de Democracia en América-, lo que más impresionó a Sarmiento sobre los EEUU fue el que las distintas comunidades se gobernaran en forma independiente, descentralizada y democrática, y que en ellas hubiera múltiples asociaciones ciudadanas que creaban un sentido de responsabilidad, propósito, y futuro. Y, claro, también le impresionó que todo eso llevara a la prosperidad y al progreso.

Más de 150 años después de la publicación de Facundo el dilema entre civilización y barbarie sigue carcomiendo a la Argentina. Ahora no es, como lo percibía Sarmiento, un conflicto entre la culta población urbana y los toscos del campo. Ahora el conflicto es entre una clase política mediocre y rapaz, y el ciudadano medio que aspira a vivir en un país ordenado y predecible, donde pueda desplegar sus talentos, dar rienda suelta a su creatividad, y criar a su familia en un ambiente de mínima seguridad.

Un equilibrio inestable
Hace unos días le escribí a un amigo argentino que vive en Europa, y le hablé de la vigencia del dilema de Sarmiento. Me contestó de inmediato, diciéndome que temía que la barbarie llevaba todas las de ganar. Luego parafraseó a Porfirio Díaz y dijo, Pobre Argentina, tan lejos de Dios, y tan cerca del Diablo. Yo no supe a quién se refería con eso de Satanás, pero por prudencia decidí no preguntarle.
Pero la verdad es que yo no estoy tan seguro de que la barbarie lleve ventaja. Más bien me parece que hay un empate; una suerte de equilibrio frágil que podría resolverse en una dirección u otra.
Es verdad que la situación política es caótica y que el autoritarismo del gobierno de Doña Cristina Fernández es aterrador. También es cierto que los gobiernos K han seguido una política económica desastrosa, y que el país camina hacia adelante sólo gracias a los altísimos precios de los commodities. Argentina es el único país de la región donde hay mercado negro para el dólar, donde se falsean las estadísticas, y donde se usa un sistema burdo de prohibiciones mañosas para controlar las importaciones.
La barbarie también se presenta en la inseguridad y la violencia. La vida es completamente impredecible. Nadie sabe si los vuelos van a salir el día presupuestado, o si habrá cortes de ruta, o si los sueldos y aguinaldos serán pagados en el momento convenido, o si volverán a aparecer las monedas regionales -en la provincia de Buenos Aires ya se habla del regreso de los tristemente célebres Patacones.

No hay respeto por la legalidad, el estado de derecho es ignorado, y los derechos de propiedad son violados en forma repetida. Peor aún, la clase política está convencida de que existe una conspiración cósmica en contra de la Argentina.
Este auge de la barbarie política se explica, en parte, por el calendario electoral. De acuerdo con la legislación actual, ninguno de los tres políticos más importantes del país -la Presidenta Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y Mauricio Macri, el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- pueden reelegirse. Vale decir que para seguir en política y teniendo poder tienen que buscar otro puesto o tienen que cambiar las reglas para lograr la reelección. Este es un panorama que, por definición, crea una enorme inestabilidad.

Entre tanta barbarie brilla la civilización.
Todo lo anterior es cierto. Pero también es verdad que detrás de esa barbarie política hay una nación de seres extraordinariamente civilizados, cultos, amables, creativos, llenos de bondad y sentido del humor.
En una visita reciente a Buenos Aires volví a maravillarme por la calidez de la gente. Me perdí durante horas en librerías atiborradas de compradores y repletas de novedades que uno ni sueña con encontrar en Chile. Comí en restaurantes de calidad, con un nivel de servicio extraordinario. Me alojé en dos hoteles que están, sin duda, entre de los cinco mejores del continente. El profesionalismo de los que ahí trabajan contrasta con la improvisación chilena en todo lo que tenga que ver con turismo y la industria de la hospitalidad.
En tan sólo dos días vi tres exposiciones maravillosas. La que más me impresionó fue una, en el Museo de Bellas Artes, sobre arte cinético argentino de los años 1960. En una muestra muy bien curada y pulcramente presentada, pude volver a constatar la originalidad de Julio Le Parc y la delicadeza de la obra de Eduardo Mac Entyre.

Pero lo que más me impresionó fue el nivel de hastío de la gente con los políticos. Taxistas, dependientes de tiendas, mozos de restaurantes -los más cultos del planeta, sin lugar a dudas-, estudiantes, y pensionados coincidieron en decir que estaban hartos con la corrupción, el desorden, y el abuso. Lo escuché en distintos barrios, y de muchísimas personas que se autodefinían como progresistas e, incluso, como peronistas. Cada vez más gente reconoce que el modelo K está agotado. Algo, dicen, tiene que pasar.
La tragedia Argentina siempre ha sido que el todo sea menos que la suma de las partes; que tanta gente civilizada sea gobernada por tanto político bárbaro. Si el nivel de hastío sigue subiendo, y el gobierno insiste en su populismo autoritario -ambas cosas muy probables-, es posible que las fuerzas de la civilización se unan y que ejerciendo sus derechos le pongan atajo a la barbarie.

 SANTIAGO DE CHILE (La Tercera). 26/08/2012

GENERAR CONFIANZA EN UN MUNDO GLOBALIZADO




Luis María Caballero (hijo)

Para lograr mutar nuestro crecimiento en verdadero desarrollo, se torna imprescindible un marco de reglas claras que genere confianza hacia dentro y hacia fuera de nuestro país.
En el mundo actual, el cuestionarse si hay que estar “a favor” o “en contra” de la globalización se ha convertido en un verdadero despropósito.
La globalización es un hecho irreversible, y lo que tenemos que plantearnos es cómo enfrentar los desafíos que esta realidad presenta, y de qué manera nuestro país puede aprovechar sus ventajas.

Nunca antes hubo tanta gente en el mundo con tanto interés en comprar a excelentes precios los productos, bienes y servicios que la Argentina puede producir de manera competitiva. Eso es, sin dudas, un gran desafío y una tremenda oportunidad que no podemos dejar pasar.
La clave. Si bien para algunos alcanza con el aumento del producto interno bruto (PIB) que parece haber tenido nuestro país en los últimos años, es claro que, para que un ciclo de crecimiento económico se convierta en desarrollo, hace falta más que voluntarismo estatal y rapidez de reflejos.

Para lograrlo, el elemento clave es la confianza. La sustentabilidad de un proyecto requiere insuflar esa confianza en los actores sociales e inspirarla en los actores globales.
Las experiencias internacionales exitosas (si se deja de lado la crisis europea actual) indican que no es posible lograr el desarrollo a fuerza de controles, sin articular funcionalmente al Estado con la sociedad civil.

La Argentina tiene el potencial de producir alimentos para más de 400 millones de personas, y con un poco de esfuerzo es posible comenzar a exportar alimentos elaborados en vez de limitarnos a exportar grano y carne.
Con una buena e inteligente inversión en infraestructura, por otra parte, el país puede convertirse rápidamente en uno de los principales destinos turísticos a nivel global, gracias a la diversidad de sus paisajes, a la benignidad de su clima y a la belleza de muchos de sus centros urbanos. Su lugar en el ranking global de “marca país” 2011 (32º) es una muestra de ello.

El mundo quiere y necesita una Argentina que explote y desarrolle su potencial.
Nuestros profesionales en ciencia y tecnología (y no sólo en esos rubros) han demostrado un gigantesco talento, y para obtener resultados en esas áreas sólo necesitan apoyo y oportunidades para no tener que buscar nuevos horizontes.
Son muchísimas las ventajas comparativas con las que cuenta nuestro país, y para poder aprovecharlas, atrayendo inversiones de empresarios argentinos y del exterior, sólo hace falta generar confianza.

La única manera de hacerlo es a través de reglas claras y estables y de instituciones fuertes e independientes.
Hace mucho que no logramos que eso suceda en nuestro país, y por eso hemos oscilado entre breves bonanzas y grandes depresiones. Muchísimos observadores, inversores, y economistas (excepto Joseph Stiglitz, forzoso es aclararlo) señalan que la falta de una política de largo plazo nos dificulta salir adelante, y mencionan como ejemplos a Chile, Brasil y Uruguay, que mantienen en los últimos decenios un mismo proyecto.

Nadie niega que en los tres países se sufren aun gravísimos problemas, pero mirando la película –no sólo la imagen estática– los tres parecieran estar haciendo su trabajo mejor que nosotros. Para tener un proyecto de nación se necesita gobernar con estrategias y no con reacciones.

*Abogado. Miembro de Civilitas, Esperanza Federal

La Voz del Interior, 29-9-12

viernes, 28 de septiembre de 2012

LEGISLATURA PORTEÑA SANCIONÓ ABORTO NO PUNIBLE





Macri consiguió la autorización para contraer un endeudamiento de u$s 100 millones  destinado a obras de infraestructura; representados por una o más emisiones de títulos de deuda (expte 1720-J-2012). En la misma sesión se trató sobre tablas “aborto no punible”, la diputada María José Lubertino le agradeció al macrismo que “haya facilitado el debate” (vid Notivida Nº 855). El proyecto aprobado durante la madrugada de hoy obtuvo 30 votos positivos y 29 negativos (el bloque del PRO y los diputados Arenaza, Montes y Amoroso).

El Cuerpo denunciará a Lubertino ante el INADI porque desde el recinto escribió en su cuenta de twitter “Morales Gorleri y Bergman saquen el Rosario y el kipá de nuestros ovarios”.

Raquel Herrero (PRO) fue la única que se permitió disentir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y dijo que era el día más triste de su vida, mientras que Susana Rinaldi (Frente Progresista Popular) celebró con alegría el proyecto, como legisladora y como representante de la UNESCO.

María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) afirmó que el “derecho a una maternidad no forzada” es parte de los “derechos sexuales y reproductivos”. José Luis Acevedo y Daniel Lipovetzky (PRO) defendieron la Resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad, mientras que Gabriela Alegre (FpV) dijo que la Resolución pone una “carrera de obstáculos” antes de practicar el aborto.

Alejandro Bodart (MST) le pidió al kirchnerismo que le exija al Gobierno nacional lo mismo que le exigió al Gobierno de la Ciudad. Juan Pablo Arenaza (Bases para la Unión) se manifestó a favor de la vida y en contra de penalizar a la mujer que se practica un aborto. Diana Martínez Barrios (PRO) dijo que antes de llegar a la muerte hay que prevenir. Maximiliano Ferraro (CC) estimó que el acompañamiento interdisciplinario a las menores debería ser obligatorio.

Victoria Morales Gorleri (PRO) denunció que el proyecto es la legalización encubierta del aborto, también lo hizo la macrista Carmen Polledo que, como muchos de sus compañeros de bancada, sostuvo que el fallo de la Corte “terminó con la discusión histórica sobre la interpretación del inc. 2º del artículo 86 del Código Penal”. Martín Ocampo (PRO) dijo que estaban legislando sobre una materia que excede las competencias de la Legislatura, lo mismo aseveró el rabino Sergio Bergman.

Rocío Sánchez Andía (CC) y Alejandro Amor (FpV) dijeron ser católicos pero estar a favor del proyecto. María Rachid (FpV) le agradeció al PRO que haya permanecido en el recinto permitiendo el debate.

Recordemos que el pasado 13 de marzo de 2012 la Corte convalidó la ejecución de un niño por nacer en la Provincia de Chubut y se permitió exhortar – arbitraria, inmoral e inconstitucionalmente- a las autoridades Nacionales, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que implementen y hagan operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos que denomina como “no punibles”. A pesar de reconocer que el pronunciamiento del Máximo Tribunal no es obligatorio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires juzgó pertinente “atender prudencialmente” su exhortación y dictó la Resolución N° 1.252/2012 que implementó el protocolo de la muerte porteño.

A los militantes abortistas la Resolución les quedó chica y hoy sancionaron un proyecto de ley, que amplía el número de víctimas inocentes.

El proyecto sancionado garantiza el aborto “a partir de los 14 años”, “en caso de peligro “para la salud integral” (física, psíquica y social), y en cualquier violación acreditada con una mera declaración jurada. Estas previsiones abren, en los hechos, una plataforma para la realización irrestricta de abortos “a requerimiento”.

Al margen de su ideario, todos los efectores del sistema de salud, cualquiera sea su complejidad o nivel, deben garantizar el acceso al aborto efectuando las prestaciones a su alcance. El profesional de la salud que sea  objetor de conciencia se lo deberá informar a la gestante desde la primera consulta que realice con motivo del embarazo, lo que lo obliga, de algún modo, a promover el aborto.

No nos cansaremos de repetir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de “aborto no punible”. Se encuentra en cambio consagrado, de modo absoluto e intangible, el derecho a la vida de todo niño desde su concepción; y ello con jerarquía constitucional. En este contexto reviste singular gravedad que la mera no punibilidad de los -nulos, inconstitucionales y derogados- supuestos de los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal, haya sido convertida en obligación legal impuesta al Estado. Máxime cuando se trata de la eliminación aleve de seres humanos inocentes, los niños por nacer, menester en el que nunca debería involucrarse el Estado, cuya verdadera obligación es proteger su derecho intrínseco a la vida y garantizar su interés superior y supervivencia.

Por ello, tanto el protocolo macrista como el proyecto sancionado hoy -más allá de la amplitud de sus alcances- son inmorales, ilegítimos, ilegales e inconstitucionales.

NOTIVIDA, Año XII, Nº 856, 27 de septiembre de 2012

jueves, 27 de septiembre de 2012

LOS JÓVENES DEBEN PARTICIPAR EN POLÍTICA




para producir un cambio

Al presentar en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná, dos libros de su autoría, “Vamos por la vida” y “Por el camino de la justicia y la solidaridad”, editados por Editorial San Pablo, el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, exhortó a los jóvenes a meterse en las estructuras de los partidos políticos, para así poder cambiar aquello que sea necesario cambiar.

“No tenemos que esperar que el cambio se dé. Tenemos que hacerlos nosotros. Yo no puedo esperar a que todas las parroquias sean santas para meterme a participar. Hay que dejar de lado esa mirada purista. Hay que cambiar desde las estructuras mismas de la sociedad”, aseguró.

El prelado opinó que en la Argentina se instauró una concepción “adolescente” de la democracia en la cual la sociedad sólo participa una sola vez al año cuando hay que emitir el voto. “Y después nos borramos: nos borramos de la familia, de la escuela, del barrio, de la sociedad, y no participamos”, se quejó.

Tras ponderar las distintas formas de participación política, explicó que “el que da de comer en la calle tiene un compromiso político”, aunque señaló que con eso sólo no basta.

Monseñor Lozano indicó que “quienes sancionan las leyes son los diputados y los senadores, y quienes las instrumentan, bien o mal, son los gobernantes, y si queremos que algo cambie, también tenemos que participar, no basta sólo con algunas acciones”.

Recordó al respecto los datos que arrojó el último relevamiento sobre del Barómetro de la Deuda Social de la UCA que dieron cuenta que entre la población, el 15% manifestó que participa de iniciativas solidarias, pero que apenas el 2% participa en política.

“Es necesaria la participación política, pero también debe haber un incentivo para esa participación”, subrayó al destacar los programas de capacitación de la Iglesia.

Aica, 21-9-12

martes, 25 de septiembre de 2012

DEUDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2013




Por Héctor GIULIANO [1]


El gobierno Kirchner acaba de dar a conocer el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto
2013 y en el mismo aparecen, como siempre, datos relevantes vinculados a la Deuda Pública y su crecimiento.

En este próximo ejercicio - como en los anteriores – la totalidad de los vencimientos de Capital de la Deuda se refinancian con nuevas deudas y además se toman obligaciones adicionales para financiar obras públicas y para cubrir el Déficit Fiscal.

En consecuencia, el Presupuesto vuelve a cerrar con Deuda.


Artículo completo en:


lunes, 24 de septiembre de 2012

DISCRECIONALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO



Según el proyecto de Presupuesto Nacional 2013, continuará rigiendo el amplio margen de que dispone el gobierno nacional para disponer de dinero de acuerdo a sus preferencias, es decir que no se cumple una de las exigencias de un pre-supuesto: que estén previstos los destinos de los gastos para poder evaluar posteriormente su grado de cumplimiento.
La jurisdicción 91: Obligaciones a cargo del Tesoro, tiene asignada una partida de $ 52.866 millones, que será gastada discrecionalmente por el poder ejecutivo.

Fuente: Ámbito Financiero, 24, 9, 12, p. 3.

viernes, 21 de septiembre de 2012

CARTA



DEL DR. RICARDO SAINT JEAN A LOS JUECES QUE MANTIENEN CAUTIVO A SU PADRE

“SE ACABÓ LA HORA DE LAS SÚPLICAS”

Excma. Cámara:

Nunca podría superar las razones jurídicas y morales expresadas por esta Cámara en los diferentes votos vertidos en el Plenario “Díaz Bessone”, cuyas consideraciones ya he citado en otros informes ante este mismo Tribunal.

Es su doctrina la que terminó de establecer que la prisión preventiva es una medida de carácter meramente procesal, ajena a todo concepto de punición, destinada exclusivamente a la realización, y la realización normal del juicio, esto es, la comparencia del procesado al mismo y que no se vean dificultadas la investigaciones por obra de éste. Medida cautelar que debe ser excepcional, restrictiva, interpretada pro homine; y fundada, debiendo en cada caso el Magistrado realizar la consideración específica de por qué motivo entiende que la persona objeto de la decisión habrá de fugarse o de entorpecer las investigaciones.

El caso es que el fallo que recurro no lo hace. Sus consideraciones son dogmáticas y nunca se ajustan al caso de Ibérico S Jean.

En efecto, cita el fallo “Genie Lacayo” de la Corte Interamericana, para analizar los tres requisitos relativos al “plazo razonable” de un encarcelamiento sin condena: a) la complejidad del caso b) la actividad del justiciable c) la conducta de las autoridades judiciales.

El fallo alude a la “complejidad de las investigaciones llevadas a cabo tantos años después de acontecidos los hechos”. Es decir que une dos causales: la complejidad, con el comportamiento de las autoridades judiciales de nuestro país.

Cualquier sabe que estos hechos fueron objeto de una amnistía dictada por el ex Presidente Bignone, luego derogada. Que se creó la Cámara Federal como Tribunal para juzgarlos. Que fueron seleccionados casos en los cuales se acusó y condenó a los Comandantes de las Juntas Militares y luego a los Generales Camps y Richeri por lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, en causa en la cual jamás fue citado Ibérico Saint Jean.

Luego el Congreso dictó dos leyes reconocidas como leyes de amnistía por decenas de fallos de todas las jerarquías de la Justicia Federal de todo el país, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para que arribara 20 años después este Gobierno y propugnara primero la derogación de esas leyes y luego, ya detraídas del sistema, dictara su improcedente nulidad.

Y para que mediante el desplazamiento de una supuesta “Mayoría Automática” en la Corte Suprema, instalara una nueva Mayoría Automática –específicamente para este tema- con el fin de arrasar con institutos fundamentales del derecho penal y constitucional argentino e internacional, a efectos de permitir la reapertura de estas causas.

La actividad entonces de las autoridades no ya judiciales, sino gubernamentales de la Argentina, no puede sino ser calificada de esquizofrénica, frente a ciudadanos que observan absortos cómo nacen, mueren y renacen estos procesos a lo largo de treinta y cinco años.

Entiendo que nada más hay que agregar acerca de cuál es, y ha sido, la actividad de unos y otros. Mientras que afirmamos que no puede haber complejidad que justifique una demora de treinta y cinco años en investigar, someter a proceso y condenar a una persona. Porque todos estos procesos tuvieron inicio mediante denuncias por privación ilegal de la libertad realizadas en los años 70 del siglo pasado. Semejante demora viola el debido proceso legal del art. 18 CN y la garantía del plazo razonable de juzgamiento o de determinación de los derechos de una persona, que la Nación se ha comprometido a respetar para todos sus habitantes mediante Tratados de jerarquía constitucional.

En cuanto a la posibilidad de fuga, ha dicho la jurisprudencia que deben sopesarse las condiciones personales del imputado. Ibérico Saint Jean es abogado y militar, habiendo alcanzado el grado de General. Está casado hace más de 60 años con la misma mujer. Tiene cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos. Hace 30 años que tiene el mismo domicilio, no tiene automóvil y vive de su jubilación que es poco más de cuatro mil pesos.

Cuando ocurrieron los hechos estaba retirado, y no fue convocado nuevamente al servicio de las armas, sino designado Gobernador no por parte de la Junta Militar, sino por quien fuera Presidente de la Nación, con facultades y competencias específicas para su tarea.

A partir de 1981 vivió en una ciudad en la Provincia de Bs. As. de más de 20.000 habitantes y cuando venía a Buenos Aires se desplazaba en colectivo. Jamás tuvo un incidente con nadie. Al contrario, he sido numerosas veces testigo que, cuando se lo reconocía, le brindaban muestras de respeto y reconocimiento a su persona o a su tarea de gobierno.

Tiene ochenta y siete años y, en cuanto a su salud, padece cáncer, por lo que se somete a un tratamiento oncológico mensual en el Hospital Militar Central, donde hace muy poco fue intervenido quirúrgicamente. Es cardíaco, tiene un marcapasos definitivo, y desde que se quebró la cadera, hace dos años, no tiene independencia para desplazarse, haciéndolo en silla de ruedas.

En caso de recuperar su libertad, es imposible Vs. Excs. que pueda influir en los testigos como gustan decir los fallos de esta clase de causas para negar derechos elementales. Y es por el hecho, sencillo, de que en el caso de él NO EXISTE UN SOLO TESTIGO QUE LO IMPUTE DE NINGUNA CONDUCTA ILEGAL.

Ibérico Saint Jean está preso porque habiendo fallecido el Comandante del I Cuerpo de Ejército, y los dos Jefes de la Policía Provincial que en materia antiterrorista dependían del citado Cuerpo -tal como está probado en esta y en otras causas- después de treinta y cinco años, unos Jueces de La Plata se acordaron que fue durante cinco años Gobernador de la Provincia.

De modo que no me cabe duda, a la luz del fallo “Genie Lacayo”, de los precedentes “Hernández”, “Massera”, “Acosta” y del Plenario “Díaz Bessone”, de cuál es el criterio que en derecho corresponde adoptar en el presente incidente.

Pero no puedo detenerme en la situación de ilegalidad que sufre mi defendido, sin explayarme sobre sus causas.

Y lo voy a hacer refiriéndome a lo que ha ocurrido solamente en esta semana.

El 11 de agosto el Presidente de la Corte presentó públicamente un informe sobre la evolución de esta clase de procesos, destacando que su avance no es sólo el resultado de una decisión política, “sino del involucramiento de todos los poderes”.

“El avance de los juicios por derechos humanos –dijo- son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado … Creamos una comisión inter-poderes y pudimos llevar adelante una política de Estado”.

Siguió Lorenzetti afirmando que : “Después de haber superado varias barreras legales …” (y vaya que lo hicieron ya que demolieron los principios básicos y las garantías del derecho penal y constitucional argentino e internacional) “…comenzó la fase de implementación de los juicios, a la que se plegó la gran mayoría de los jueces que no opusieron resistencia. Esto fue un proceso que comenzó con el juicio a las juntas militares y los por la verdad. Ahora no hay marcha atrás” afirmó.

Me llamó especialmente la atención la mención que hizo Lorenzetti de que la mayoría de los jueces no opusieron resistencia al plan político trazado, y en el cual participó la Corte. Evidentemente la resistencia de los jueces estaba prevista en los cálculos iniciales.

Asistimos entonces a un acto vergonzoso mediante el cual el Presidente de la Corte Suprema de Justicia confiesa la supresión parcial del funcionamiento republicano de la Nación. El Poder encargado de la custodia y defensa de las garantías individuales de los ciudadanos, se ha arrodillado ante los otros dos Poderes, e integrado una Comisión tripartita para juzgar a personas pertenecientes a un determinado sector de la sociedad, privado a partir de esa “política de Estado”, de las garantías legales y constitucionales que los asisten como ciudadanos.

En esta misma semana, el 15 de agosto, “La Nación” publica un reportaje a siete de los ocho jueces y Fiscales que juzgaron y condenaron a las Juntas Militares. Cuando el periodista les pregunta sobre los juicios actuales, Torlasco arranca diciendo textualmente: “un desastre, un disparate, están haciendo un juicio por diez víctimas, después van a hacer otro juicio igual, con los mismos procesados por otros diez “…y con los mismos testigos”, agrega Valerga Araoz

El ex Fiscal Strassera dice: “yo creo que se utilizan políticamente. Que este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los Derechos Humanos…”

Sigue Torlasco: “estos hechos normalmente hubieran estado prescriptos conforme el art. 18 de la Constitución Nacional”. Se juzgan aplicándose retroactivamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad…

“Y cómo lo ven?”, dispara el periodista:

Valerga Araoz: “yo no estoy de acuerdo”

Ledesma: “yo tampoco”

Torlasco: “yo tampoco”

Moreno Ocampo: …yo creo que la objeción de Guillermo (Ledesma) de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio (se refiere al Juicio a las Juntas) no se pueden utilizar ahora, es válida. “Hay un serio problema de prescripción”.

Ledesma: “yo diría que está legislado por el tribunal (Estatuto) de Roma por un lado, y por el otro adhiero al fin de un artículo de Andrés D’Alessio (el único fallecido de todos ellos) sobre este tema, el principio de legalidad, donde cita a Radbruch. A pesar de haber sido perseguido por el nazismo, Radbruch decía que con el advenimiento de una sociedad democrática, había que aferrarse más que nunca a los principios y creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros más importantes de la civilización”.

De ocho Magistrados, seis (D’Alessio, que falleció, lo dejó dicho por escrito) concuerdan en la absoluta ilegalidad de estos Juicios, y sólo dos los defienden. Casualmente los que dejaron de defender la Justicia para pasar a la política: Arslanián -con razones que dan para una u otra interpretación- y Gil Lavedra, que intenta explicar la prevalencia de un supuesto derecho consuetudinario que es inaceptable en todo el orbe como fuente del Derecho Penal. La Academia Nacional de Derecho, por unanimidad, se expidió también de esta manera condenado los fallos de la Corte que reabrieron las causas.

Estamos difundiendo este estado de ilegalidad en todo el país. Estamos concientizando a los militares, a los policías y a los agentes penitenciarios presos y a sus familias, haciéndoles ver que son víctimas de una discriminación y una privación de garantías y de justicia que no tiene precedentes.

Les estamos diciendo “QUE LOS ESTAN CORRIENDO CON LA VAINA”. Que las razones jurídicas con las que los persiguen no existen. Que no hay respaldo legal ni constitucional ni de los Tratados Internacionales para hacerlo, ya que unos y otros dicen exactamente lo contrario a lo que sostienen los tribunales federales que los están juzgando.

Y se nos acercan en todas las jurisdicciones empleados y funcionarios de los Tribunales, asqueados y en algunos casos temerosos ante las arbitrariedades que se cometen en los juicios y de las cuales no quieren ser partícipes. Los defensores oficiales están alarmados por la ajuricidad de los procesos. Los fiscales nos denuncian su desplazamiento por comisiones especiales enviadas por la Procuración que ejercen representaciones ilegales. Ellos y los parientes nos cuentan cómo llevan moribundos a las audiencias; ancianos sordos, con Alzheimer, cómo aceptan como prueba válida testimonios interesados y absurdos; cómo envían y mantienen en prisión a ex suboficiales y oficiales de policías provinciales, federales, penitenciarios, del Ejercito, de la Marina, y ahora a civiles, treinta y cinco años después de los hechos y por imputaciones basadas en testimonios interesados e inaceptables, o simplemente porque figuran destinados en tal o cual Destacamento en aquellas épocas, conforme la información de los legajos manejados por Nilda Garré y sus colaboradores. Y nos enteramos también de las muertes que se producen.

Porque nosotros tenemos nuestros mártires. Esta misma semana, falleció el oficial Penitenciario Provincial Leonardo Núñez. Tenía 57 años. Los delitos que le imputaban habían ocurrido cuando tenía 20. Había sido excarcelado por el Tribunal Oral de Bahía Blanca, pero el Juez Álvarez Canale, siguiendo la estrategia fijada por la “política de Estado”, lo dejó preso por otra causa. Murió encarcelado tras pasar 12 horas en una ambulancia, con dos úlceras sangrantes y una mancha en el hígado. Ya son 108 los muertos en prisión, y sin condena!

Cuando había 50 o 100 presos políticos, las arbitrariedades y las ilegalidades pasaban desapercibidas. Pero ahora son más de 900 los presos políticos. Y el escándalo es inocultable. Todas las novedades se transmiten diariamente por cadenas de mail -los organismos de inteligencia estiman que somos 385.000 personas- que estamos al tanto de los fallos que se dictan, de las vejaciones, de los homicidios.

Esto es un Tsunami señores Camaristas. Y cuando viene un Tsunami, lo último que hay que hacer es correr con la manada asustada hacia la costa, como hacen las alimañas o los ignorantes, que serán arrasados por una inmensa ola de indignación. Los marinos, los que saben distinguir las señales, los que conocen las reglas, saben que la única y mejor solución es levar anclas y navegar mar adentro. Porque sólo allí, aferrados a las profundidades, es donde se estará firme y seguro ante la tempestad.

Es por todos conocida la expresión del Káiser Federico II de Prusia cuando recibió el edicto judicial que impedía la orden de expropiación y derrumbe del molino -perteneciente a un campesino- que le afeaba la vista de su nuevo Palacio de invierno. Cuando todos esperaban un arranque de ira, el monarca exclamó, admirado: “Todavía hay jueces en Berlín”.

No me cabe duda de lo que debe resolverse en el caso de mi padre. Pero yo ya no suplico. Aunque sea ésta la función de un buen abogado defensor. Se acabó la hora de las súplicas.

El cese de la prórroga de la prisión preventiva le servirá de poco y nada. Porque al igual que hicieron con el Oficial Leonardo Núñez, ya le abrieron otras causas en las que lo mantienen detenido.

Lo único que espero es un fallo que haga cumplir la ley. Un fallo que signifique una gota para cientos de miles de gargantas sedientas de Justicia, privadas de toda garantía y auxilio, que sólo pueden ser saciadas por sentencias que apliquen sin miedo las leyes que debieran regir para todos los argentinos.

Un fallo que nos muestre que no hemos abandonado la ciencia, que no ha muerto ni la civilización ni el Derecho, un fallo que nos haga exclamar a todos, como el monarca prusiano, que todavía hay jueces en Berlín.

Informador Público, 18-8-12

miércoles, 19 de septiembre de 2012

¿CUÁNTO SE LE ROBA AL ESTADO EN LA ARGENTINA?





Sebastián García Díaz
(Miembro de Esperanza Federal -Civilitas)

Argentina tendrá en 2012 un gasto consolidado de Nación, provincias y municipalidades de aproximadamente 235 mil millones de dólares. Esto representa un 45 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país (o sea, la riqueza que entre todos somos capaces de producir). Si estimamos que el 60 por ciento promedio de ese gasto público va a sueldos en todos los niveles, nos quedan 141 mil millones de dólares.

La corrupción opera sobre esos fondos de múltiples maneras: a través de sobreprecios y sobrefacturación, licitaciones mal habidas, concursos arreglados, contrataciones directas no transparentes, servicios que en verdad no se prestan o que se subejecutan, contratos sin sentido y robos de distinta índole.
Si suponemos que la corrupción en Argentina se lleva por lo menos el cinco por ciento de ese gasto público, ello nos arroja la increíble cifra de siete mil millones de dólares al año (lo que supone unos 40 mil millones de pesos).
Si el porcentaje fuera mayor –y tenemos razones fundadas para sostener que lo es–, habría que multiplicar por dos o por tres este monto exorbitante.
No olvidemos que la Argentina está considerada como uno de los 30 países más corruptos del planeta.

¡Pensemos cuántas autopistas, colegios y hospitales, universidades y centros de investigación o becas, cuántos subterráneos, cloacas y otras obras y servicios básicos podrían ser cubiertos con esos recursos robados! Está claro que frente a estas cifras, crece la indignación por el enorme porcentaje de nuestros ingresos que pagamos en impuestos y tasas.
A nivel nacional. El Gobierno nacional tiene un gasto público de aproximadamente 500 mil millones de pesos. Si aplicamos el mismo coeficiente de sólo un cinco por ciento desviado a corrupción, el resultado es que la caja negra de la política se lleva anualmente 25 mil millones de pesos.
Si un gobierno logra quedarse 10 años en el poder, como ocurre con el actual, podemos tener una idea cabal del poder económico que puede acumular el grupo de funcionarios gobernantes. Ni hablar si el porcentaje que se roba es mayor.

No estamos contando aquí otros negocios paralelos. La posibilidad de poner testaferros en el juego, en empresas privatizadas que han vuelto a ser estatizadas, en tráfico de influencias, o el porcentaje que puede llegar a cobrarse por intermediar en operaciones de comercio exterior, por ejemplo a Venezuela.
Tampoco agregamos lo que podría provenir de vínculos espurios con otros negocios ilegales, como por ejemplo el narcotráfico, la circulación de mercadería ilegal (la cobertura al negocio ilegal de La Salada) o incluso por “mirar para otro lado” y cobrar bajo la mesa por el negocio de los remedios truchos brindados por ciertas obras sociales a pacientes terminales.

En Córdoba. A nivel provincial, el Presupuesto 2012 alcanza una cifra de 26 mil millones de pesos. Si consideramos que un 50 por ciento va a sueldos, nos quedan 13 mil millones de pesos.
¿Cuánto puede estar recaudando el sistema de corrupción en Córdoba? Si sólo desviaran el cinco por ciento, hablamos de aproximadamente 650 millones de pesos anuales. Ahora bien, si en realidad lograran robarse hasta el 10 por ciento del Presupuesto, entonces serían 1.300 millones de pesos al año. Es el monto que requiere la autovía Córdoba-Río Cuarto, por lo cual se ha creado la tasa vial.

A nivel de la ciudad, el Presupuesto municipal 2012 es de 3.216 millones de pesos. Allí, el porcentaje que va a sueldos es del 67 por ciento, por lo que la corrupción puede operar sobre los 1.060 millones de pesos restantes. Si hubiera un desvío de sólo un cinco por ciento, los vecinos estaríamos perdiendo unos 53 millones de pesos al año. Si el robo llegara al 10 por ciento, entonces superaría los 100 millones de pesos (esto es, unos 400 millones de pesos en una gestión de cuatro años).

La solución a semejante flagelo es política. Pero la posibilidad de que ciudadanos honestos compitamos de igual a igual en elecciones contra estas maquinarias de corrupción, para desplazarlos y producir un cambio desde adentro, es remota.
¿Por qué lo seguimos intentando, entonces? Apostamos a que esa mayoría silenciosa, enojada con este atropello pero adormecida, finalmente diga “basta”. ¿Ocurrirá ese momento? Toda nuestra esperanza está puesta en ello.

La Voz del Interior, 19-9-12

martes, 18 de septiembre de 2012

FRANCISCO SUAREZ




TEMPRANO FORMULADOR DEL PENSAMIENTO FISCAL

Marcelo Ramón Lascano

INTRODUCCION


Aunque parezca inexplicable, fue un sacerdote quien ha ce cuatro siglos desarrolló precursoramente los fundamentos científicos del universo fiscal. Sin embargo, todavía es un desconocido en ese estratégico ámbito de la vida en sociedad a pesar del tiempo transcurrido desde la publicación de su obra. En 1612 apareció su tratado de Las Leyes y de Dios Legislador, donde desde la filosofía, el derecho y la moral explica con proverbial claridad los fundamentos, alcances y límites de la potestad gubernamental para imponer tributos y los correlativos deberes de los contribuyentes identificados con exteriorizaciones de capacidad contributiva, diríamos hoy.

Esa obra lo proclama verdadero fundador que ni siquiera la enjundiosa Historia del Análisis Económico de Joseph Alois Schumpeter contempla en sus mil doscientas páginas aparecida hace seis décadas. Frente al inexplicable, secular e injustificable vacío que semejante indiferencia supone, la ocasión es entonces propicia para rescatar un activo que supera con creces todo lo publicado hasta el presente. No se trata de una exclusión ideológica, pues Suárez es ampliamente reconocido en la ciencia política como temprano  inspirador del sistema democrático y fundador del derecho internacional, al margen de  Francisco de Vitoria y además como riguroso inspirador del principio que reza “no hay impuestos sin representación”, que de una u otra manera ha estado presente en las revueltas contra Carlos I en 1628 y en la Gloriosa Revolución también en Inglaterra en 1688, además de servir de justificación en la Revolución norteamericana de 1776 y en la atmósfera de la Revolución francesa de 1789.   

EL HOMBRE Y SU ENTORNO

Francisco Suárez nació en Granada (España) en 1548 en el seno de una familia acomodada que lo acercaba a las posibilidades que el medio ofrecía. Empero, algunas debilidades intelectuales le resultaron tan frustrantes que hasta su aspiración a incorporarse a una orden religiosa le fue negada. Insistió con tal perseverancia que finalmente fue aceptado. Entonces, desde la cátedra orientada hacia la filosofía y la teología, encontró su destino desde el cual proyectaría una valiosa y exuberante actividad intelectual globalmente reconocida y admirada, a tal punto que la Iglesia Católica mediante disposición del Papa Pablo V lo proclamó Doctor Eximio en mérito de su eficiente e incansable  tarea. Sirvió en muchas universidades pero fue en la famosa Universidad de Coimbra, en Portugal, donde concluyó las tesis e hipótesis que nos ocuparán brevemente. Falleció en ese país en 1617. Según Ismael Quiles tuvo tal libertad de conciencia que abordó Aristóteles siguiendo los comentarios de Maimónides desde el judaísmo y de Averroes desde el islamismo. Con Santo Tomás de Aquino encabezan el enfoque cristiano en las disciplinas políticas, filosóficas y morales que le dan unidad en su diversidad, al pensamiento católico.

PRINCIPIOS RECTORES QUE DEBEN GOBERNAR LA POLITICA FISCAL Y SUS PROYECCIONES SOCIALES A TRAVES DE LA TRIBUTACION.
 Quienes no frecuentan disciplinas políticas y sobre todo económicas y financieras, podrían sentirse defraudados y refutar la valoración de Francisco Suárez que aquí se presenta. Es que fue precursor de la sistematización  de ideas fiscales que, obviamente contemplan las tributarias. En los textos, sobre todo, universitarios, se distingue en este orden a Pietro Verry y a Adam Smith como precursores u ordenadores de lo temas concernientes al universo fiscal o tributario, aunque no son sinónimos sino íntimos parientes. Pero dos datos justifican los incuestionables y tempranos méritos de nuestro autor. En latín precursor es considerado quien temporalmente precede o va delante en una proposición. La obra del autor de la Riqueza de las Naciones es de 1776, es decir, Suárez se anticipa 164 años al insigne escocés y unos cuantos años más al aclamado David Ricardo, quien publica sus Principios de Economía Política y Tributación recién en 1817. Raúl Cuello me recordó la tarea invalorable de William Petty en su Treatise of Taxes and Contributions aparecido cincuenta años mas tarde, en 1662, aunque más dedicado a la política económica y al papel del gobierno según se confirma también en su Political Arithmetick (l672).Finalmente, se agrega un aluvión de trabajos de incuestionable valor que se multiplican vigorosamente  desde el Keynes de la Teoría General de 1936.

Ahora bien, lo que  jerarquiza y distingue más aún a Suárez, como se verá, es que  nada escapa a sus consideraciones, entre las cuales alrededor del tema fiscal-tributario aparecen cuestiones de derecho y moral, de política, de reglas y de principios técnicos, de reglas que deben observar gobiernos y contribuyentes o de pautas de convivencia dirigidas a afirmar la disciplina en la sociedad y servir de repudio a la confiscación  como, paradójicamente, no han hecho enfervorizados defensores de la propiedad privada y de otros valores no siempre bien identificados. Los lectores se preguntarán       cómo El suscripto recaló en  una obra publicada hace cuatro siglos. La respuesta es sencilla: de un lado, la curiosidad por el origen de las cosas que lo ocupan profesionalmente y, además, la suerte de que un filósofo amigo de su padre, Héctor Pastor Méndez, le recomendara hace cuarenta años la conveniencia de profundizar abriendo los pliegues del pensamiento, frecuentemente cautivo de las limitaciones de la técnica. Demoré pero estoy convencido de que valió la pena.

A veces la distinción entre reglas y principios no es sencilla. Sucede que a menudo se mezclan o comparten objetivos confundiendo aspectos o las mismas cosas involucradas. Por ello parece razonable intentar la tarea en provecho de la claridad, sobre todo en asuntos complejos debido a sus peculiares características. Los principios siempre se identifican como categorías superiores, generalmente consensuadas en instancias jerárquicas de una organización o, como afirma Suárez, por el transcurso pacífico de largos períodos de   tiempo. Este pensador supone, no sin razón, que en este caso la aceptación implícita, incuestionable, de un precepto lo legitima hasta que las circunstancias históricas, no meramente casuales, aconsejen su modificación o derogación. En cambio, las reglas se ocupan de aspectos o disposiciones que tienden a afirmar y  perfeccionar la vigencia de los principios y preservar su articulación dentro de un sistema al cual aquellas deben subordinarse. Veamos que dijo sobre el particular nuestro autor allá por 1612, aunque debo subrayar que la distinción que formulo no es producto de su clasificación, pues cada categoría conceptual la enfoca separadamente, con desarrollos propios, pero cuyos contenidos  significan lo mismo que entendemos hoy.

PRINCIPIOS BASICOS EN LA TRIBUTACION     

Según Suárez, tres condiciones generales son indispensables para imponer tributos, en sentido amplio, a saber: potestad legítima, justa causa y proporción debida. Tributos reales son los que recaen sobre inmuebles y sus frutos y los personales sólo por razón de la persona. Las leyes tributarias no son especiales o penales como se creía. Obligan en conciencia debido a sus fines. Esto es, servir a la república pues su causa final o causa fuente es el bien común.

-Las facultades inherentes al poder de imponer son indelegables por parte de la autoridad titular del mismo, cualesquiera sea su origen monárquico, republicano o resultante de la pacífica admisión histórica.

-La recaudación debe dirigirse a sufragar los gastos previstos según dispone la ley, habida cuenta que la autoridad no es dueña sino mera administradora de los recursos.

-         El consentimiento del pueblo traducido en el principio democrático que reza “no hay impuesto sin representación” constituye una tempranísima conquista en materia de equidad y justificación popular de los impuestos, “lato sensu entendidos”. Me permito recordar que la concesión del Rey Juan Sin Tierra a los barones ingleses en 1215 no sirve como precedente directo desde que respondió a presiones e intereses sectoriales específicos. 

-         Según Suárez la interpretación de las normas que imponen tributos deben considerarse de carácter estricto o inclusive, según los casos, restrictivo, para evitar abusos incompatibles con los propósitos que animan la sanción de la o las normas.

- En caso de dificultades en el proceso de interpretación, se pronuncia por la alternativa “in dubio pro fiscum”. El fundamento reside en el hecho de que los ingresos deben orientarse en beneficio exclusivo del pueblo. Esta opinión es compatible con su posición respecto del origen del poder político, cuya legitimidad proviene exclusivamente del pueblo mismo con prescindencia de las formas de gestión vigentes.

- La evasión y la resistencia fiscal denuncian conductas inadmisibles en cualquier circunstancia, habida cuenta que los ingresos encuentran legitimación en la recta aplicación de los fondos. Sólo en casos de abusos excepcionales, absolutos, se admitiría  resistencia, más por disconformidad en la fuente elegida por la autoridad que por otras consideraciones. Así, originalmente, encuadra la resistencia justificada en el ámbito de la legítima defensa según el derecho natural.  

-         En 1612, el escenario jurídico era diferente del actual, pues el derecho fiscal o tributario todavía no existía como cuerpo autónomo o  específico. Entonces la limitación propia llevó a los intérpretes a apelar supletoriamente al derecho civil y más adelante al derecho mercantil.  Del cuestionamiento bien podría deducirse que Suárez abogaría por una suerte de autonomía, que recién se aceptaría en la segunda mitad del siglo XX con la proclamación virtual de la separación del derecho administrativo a la sazón en vigor para cierta doctrina.


REGLAS GENERALES ACEPTADAS


En la actualidad, existe consenso en el sentido de que las iniciativas sobre la tributación, en todos los casos, deben ajustarse no sólo a los principios generales ligeramente mencionados, sino también a reglas precisas, algunas de las cuales garantizan los objetivos implícitos que se deducen de aquellos, precisamente en obsequio del ambicioso principio de equidad que debe presidir las relaciones sociales entre los súbditos y entre éstos y las autoridades. De entre las siguientes reglas, se puede deducir la presencia implícita del principio certeza invocado por Adam Smith para garantizar correspondencia entre lo exigido por la autoridad, y diríamos hoy, la capacidad contributiva y de pago en obsequio de la equidad.

Como ya he mencionado, a veces con la misma denominación actual y otras con idéntico significado, las reglas Suaristas perduran después de cuatrocientos años y gozan de la buena salud que también les infundió y contribuyó a perpetuar aquel célebre pensador que fue Adam Smith, quien al igual que su predecesor granadino, resultó un destacado  filósofo y moralista, cuyos méritos en encuentran firmemente estampados en su Theory of Moral Sentiments, publicada en 1759, casi dos décadas antes que la Riqueza de las naciones (1776). Con esta obra inaugura la denominada escuela clásica que, sin subestimaciones extemporáneas e inmerecidas, generó y codificó una nueva manera de pensar la economía política y las instituciones que la expresan.

-         CERTEZA. Debe conocerse con la debida antelación y precisiones los alcances espacio-temporales de las actividades y actos gravados, de manera que los contribuyentes organicen sus actividades sin sorpresas y las normas permitan elegir libremente actividades o localizaciones geográficas.

-IGUALDAD. Todos los contribuyentes deben ser considerados iguales ante la ley y sin exclusiones discriminatorias, a menos que lo justifique la actividad y eventualmente conveniencias de localización que lo justifiquen. Se trata de un postulado moral presente en toda la centenaria obra.

-GENERALIDAD. Establecido un tributo, el mismo debe recaer sobre todo contribuyente contemplado en la norma respectiva sin excepciones fundadas en razón de raza, religión, inclinaciones políticas o intelectuales que contravengan esta regla.

-PROPORCIONALIDAD. Este requisito refuerza la equidad en el sistema y evita diferenciaciones arbitrarias que pueden esconder prácticas discriminatorias, además de  garantizar transparencia frente a exigencias derivadas de la desigual posición económica o financiera de los súbditos. Sin embargo, puede entrañar peligros si se abusara de esta facultad que debe encontrar límites en la debida evaluación de la hoy denominada capacidad contributiva revelada según rentas, gastos y patrimonios o capitales.

MINIMOS NO IMPONIBLES. El objetivo de esta regla es asegurar el mantenimiento del contribuyente y de su familia y de paso evitar extorsiones inadmisibles desde el ámbito público.

-NO CONFISCATORIEDAD. Ya nos referimos al tema, pues Suárez impugna de plano esta categoría que la historia repugna por sus perversas consecuencias. Podría aceptarse en caso de fuerza mayor o excepcionalidades justificadamente fundadas.

-DOBLE IMPOSICION. Desde antiguo se ha cuestionado la práctica de gravar más de una vez durante el mismo período y jurisdicción y por la misma autoridad el mismo hecho imponible. Suárez lo destaca tempranamente y sin ambages con un claro instinto político que, recuerdo, ha desarrollado con singular éxito considerando su dedicación filosófica a la ciencia política.

-FUENTE. La identificación precisa constituye otra acertada observación, máxime teniendo en cuanta que todavía no existía la dispersión de bienes y de localización que denuncia la realidad el mundo moderno.

En suma, la contribución de este insigne pensador parece aplastante no sólo por lo longeva, sino también por los contenidos precursores de aspectos que hoy son moneda corriente. Llama la atención que con las mismas o parecidas expresiones haya calado tan hondo en un mundo casi medieval, donde las cosas eran ostensiblemente distintas por el lado que se las examine o recuerde. Si aquella antigua sentencia ciceroniana tiene cabal validez, la obra que evocamos ligeramente la confirma pues “la historia es la maestra de la vida” y es una lástima que no la cultivemos en obsequio y valorización de nuestras experiencias.



Sept. 12, 2012-