declaración de los Abogados por la Justicia y la Concordia
OTRA VEZ LA IDEOLOGÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Resulta muy
interesante la polémica que se ha abierto con motivo de la designación y
ascenso del Gral. Milani, porque ha servido para confirmar que la política de
derechos humanos implementada por el régimen instaurado desde el 25 de mayo de
2003, es apenas una ideología perversa, cuyas secuelas manifiestas han sido la
generación de un formidable negociado y la más desvergonzada hipocresía.
Los argentinos pueden
advertir que los derechos humanos son exhibidos como política de Estado al solo
efecto de lograr consenso en el manejo del resto de las políticas llevadas a
cabo por el gobierno. El fin justifica los medios. Esto así resulta si nos
detenemos en la lectura de las declaraciones de Abuelas de Plaza de Mayo, más
precisamente de Estela de Carloto, el C.E.L.S. y otros que hoy sostienen, en
defensa del nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército, que para acusar se
necesitan pruebas o que el hecho de haber estado allí –Operativo Independencia-
no es suficiente. En tanto el C.E.L.S., por boca de su vocero Horacio
Verbitsky, nos informa que no hay antecedentes que comprometan al Gral. Milani
con delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.
El doble estándar en
estas cuestiones es formidable, pues este vocero pone en duda las
manifestaciones de testigos-denunciantes de la desaparición del soldado Ledo -
asistente del entonces Subteniente Milani - como así también del Nunca Más de la Pcia. de La Rioja.
Hoy, varios
centenares de viejos soldados se encuentran en las cárceles de Marcos Paz,
Ezeiza y otros lugares de reclusión de jurisdicción federal, por el hecho de
haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en la época de lucha contra el
terrorismo. Estos luchadores octogenarios no gozan de ninguno de los beneficios
que el orden constitucional vigente otorga a los ciudadanos acusados de cometer
delitos, como el derecho al debido proceso y el principio de inocencia.
No es necesario hacer
mención de ninguno de los presos políticos de la democracia para ejemplificar
la venganza de la que son objeto mediante el linchamiento judicial. Basta con
recordar que se han dictado condenas de por vida basadas en el supuesto
reconocimiento de una voz escuchada hace casi cuarenta (40) años. O haciendo
aplicación de la teoría del dominio del hecho a quien por su graduación y lugar
en la cadena de mando no impartía ordenes o que, de haberlas trasmitido, no
estaba ni remotamente en condiciones de objetarlas. Y no estamos hablando de
oficiales superiores, sino de subalternos (suboficiales, subtenientes a
capitanes o sus equivalentes en la
Armada , Aeronáutica y fuerzas de seguridad en general), pues a
los Jefes y Oficiales Superiores se les encontró otro extremo de atribución de
responsabilidad criminal, como es la responsabilidad funcional, lo que
significa el non plus ultra de la responsabilidad objetiva.
Muy lejos está en el
ánimo de quienes integramos esta Asociación imputarle responsabilidad criminal
alguna a quien entonces era el Subteniente Milani, pues sería abjurar de los
principios que dieron sentido a su fundación: el restablecimiento de la Justicia y la
recuperación de la
Concordia. Pero esta suerte de justicia popular nos obliga a
recordar, una vez más, la necesidad de salir de la apatía, a fin de conjurar
los riesgos a que nos expone la perversidad de este régimen.
Alberto Solanet, Presidente
Mariano Gradin, Secretario
Buenos Aires, julio
de 2013