un traje a medida para Chevron y para YPF
Jorge Lapeña
El lunes por la
mañana el Boletín Oficial publicó del Decreto del Poder Ejecutivo N° 923
“Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de
Hidrocarburos firmado el 11 de julio.
El primer comentario
que cabría realizar es que tratándose el objeto principal del mismo de algo tan
importante como el lanzamiento de una política para promover la inversión en
explotación de hidrocarburos no convencionales, hubiera sido deseable que esa
política hubiera sido anunciada de otra forma. Otra forma totalmente distinta a
la que se utilizó ayer el gobierno de Cristina.
El lanzamiento de una
política destinada a atraer hacia la Argentina una corriente de capitales petroleros
masiva -se estima que el desarrollo de Vaca Muerta llevará unos 40.000 millones
de U$s- como para poner en producción una riqueza petrolera y gasífera que
podría ser según algunos una de las más grandes del planeta debería haber seguido
las reglas del arte en la materia.
Esto incluye por lo
menos lo siguiente: 1) enunciado de la política por vía de la máxima autoridad
de área energética; 2) presentación de información técnica sistematizada de las
áreas a los posibles inversores; 3) discusión y difusión del “Contrato
Petrolero Tipo” para llevar adelante la política; 4) información al parlamento
para evitar contratiempos en el futuro; 5) realización de giras de promoción
por las principales capitales petroleras mundiales; etc. En este contexto el
decreto firmado el lunes debería haber sido el eslabón final de una cadena de
decisiones y acciones previas. El final de un camino y no una sorpresa mañanera
de inicio de semana.
El Decreto se parece
más a un “traje a medida” donde uno conversa los detalles con el sastre, que a
un “traje de confección” pensado para hacer muchos trajes para muchas personas
con mucha plata. El traje a medida es el contrato de YPF y Chevron; y el rol
del sastre lo juega Kisciloff. En ese ejemplo el traje de confección sería “una
nueva política petrolera para firmar muchos contratos”.
La primera parte del
decreto faculta a exportar el 20% del producido del yacimiento sin retenciones
y la garantía de que las divisas generadas por esa exportación sean de libre
disponibilidad para el inversor. Esta condición se aplicaría solo a quienes
lleven a cabo una inversión de por lo menos 1000 millones de u$s en cinco años.
En mi opinión lo dispuesto no alcanza a despejar las incógnitas que podría
tener un inversor petrolero para hacer una inversión de magnitud significativa
en Argentina. ¿Quién está por hacer una inversión de más de mil millones de
u$S?: Chevrón.
La segunda parte del
Decreto parece intentar poner orden legal en la concesiones para explotar
hidrocarburos no convencionales. YPF tiene títulos, a mi criterio precarios, en
toda la extensión de Vaca Muerta (unos 12000Km2); digo que tiene títulos
precarios porque son de no muy lejano vencimiento y fueron otorgados no
específicamente para explotar yacimientos no convencionales. De esta forma YPF
con este decreto transforma títulos precarios en títulos más robustos.
El Decreto tiene la
impronta del autoritarismo presidencial. Me pregunto: ¿qué opinarán la
legislatura y el Poder Ejecutivo neuquino que son los titulares del dominio de
los recursos del subsuelo que incluyen a Vaca Muerta? ¿Será suficiente lo que
establece el Decreto de Cristina para que los neuquinos otorguen a YPF nuevas
concesiones por 35 años en Vaca Muerta? Parece mucho.
Creo que el camino
elegido por el gobierno una vez más no es el más conveniente. En mi opinión la
explotación no convencional requiere de un marco regulatorio específico -es
decir una ley- con gran exigencia en las cuestiones técnicas; procedimentales y
ambientales y que hoy no existe.
Una última reflexión:
Argentina está firmando un contrato muy importante con una empresa petrolera
extranjera en un contexto político donde se hizo especial énfasis en la
inconveniencia del capital extranjero. Parece un cambio importante si no se
logra explicar adecuadamente. La experiencia histórica muestra que ni el primer
Perón (con la California
en 1955); ni Frondizi (1958-1962) pudieron en este tema avanzar demasiado y sin
acordar con la oposición. Mi sugerencia es que el gobierno debería ir con pié
de plomo en este tema.
Jorge Lapeña
Instituto Argentino
de la Energía
InformadorPúblico,
19-7-13